Plaga de prostitución
Que España tenga tantas prostitutas como Alemania con la mitad de la población, que el 95% de ellas la ejerzan de forma forzada y que la inmensa mayoría sean inmigrantes captadas con engaño o violencia por redes criminales, son hechos que revelan que estamos ante un fenómeno de proporciones insostenibles en nuestro país. Tres de cada cuatro prostitutas, de las 400.000 inmersas en este mundo de explotación y sordidez, viven aterrorizadas por las agresiones que sufren. En este contexto, la iniciativa de la Consejería de Interior de Catalunya para regular la prostitución tiene al menos el mérito de haber puesto en la agenda política este escándalo tanto tiempo ignorado. No podemos seguir mirando a otro lado mientras crecen las mafias, aumentan los crímenes y cada vez hay más mujeres sometidas a una explotación sexual esclavizante. La mayor parte de los países europeos han legislado o preparan normativas para frenar un fenómeno global cada vez más virulento. España debe hacerlo también. Es para ello preciso un amplio consenso sobre el camino a seguir.
Se plantean dos grandes opciones: la reguladora y la abolicionista. En las dos existen experiencias legislativas. La primera -las legislaciones de Holanda o Alemania- pretende proteger a las prostitutas con normas laborales y sociales, impidiendo su explotación por terceros mediante una regulación que sólo permita el ejercicio libre y autogestionado. Esta corriente, en la que se inscribe la propuesta catalana, nace del convencimiento de que, ante la imposibilidad de lograr la erradicación, es preferible aplicar políticas de reducción del daño, a la espera de que su aplicación abra posibilidades para objetivos futuros más ambiciosos.
La corriente abolicionista considera, en cambio, que regular la prostitución supone dar carta de naturaleza a una explotación degradante que atenta contra la libertad y la dignidad de las personas. A esta corriente pertenece la experiencia legislativa de Suecia, cuya normativa prohíbe la prostitución y castiga la compra de servicios sexuales con penas de hasta seis meses de prisión. Ambos modelos tienen pros y contras. Es cierto que en Holanda no ha disminuido la prostitución, pero se ejerce con mayor seguridad y dignidad. También es cierto que en Suecia ha disminuido drásticamente, pero persiste una bolsa de prostitución clandestina, muchas veces ejercida en alta mar, en la que las mujeres son sometidas a las mayores vejaciones y carecen de cualquier protección. No será fácil alcanzar el consenso, pero la grave situación en que se encuentran millares de mujeres obligará a tomar decisiones y muy pronto.
