Las excarcelaciones

EL AUTO DE PROCESAMIENTO dictado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska contra Henri Parot, acusado de delitos cometidos mediante el envío de una carta escrita en prisión (donde permanece desde 1990), ha dado cierto respiro a un envenenado conflicto: los derechos garantizados por la Constitución a cualquier condenado chocan con la alarma creada por la puesta en libertad -antes de 2010- de un dirigente de ETA sentenciado a 4.797 años de cárcel por 26 asesinatos consumados y 166 frustrados. En conformidad con la normativa vigente, esos cinco milenios de privación de libertad fueron refundidos como una sola pena de 30 años, el máximo plazo legal de estancia ininterrumpida en prisión. La aplicación laxa de las redenciones laborales y extraordinarias establecidas por el Código de 1973 (el principio de irretroactividad de las disposiciones desfavorables al interno excluye la retirada en este caso de los beneficios abolidos por el Código de 1995) redujo el cumplimiento carcelario de Parot a casi dos décadas. Pero si el procesamiento dictado por Grande-Marlaska fuera seguido por una sentencia adversa, el dirigente de ETA continuaría en prisión durante el tiempo de la eventual condena.

Los dirigentes del PP acusan al Gobierno de facilitar la excarcelación de presos de ETA como adelanto del precio político a pagar a la banda terrorista por la eventual declaración de tregua

En abril de 2004, la Audiencia Nacional ideó un inconvincente expediente de ingeniería jurídica para dividir en dos tramos la actividad criminal de Parot -separada por una etapa de supuestas vacaciones de sangre- a fin de refundir su milenaria condena en otras dos penas de 30 años; ese nuevo cómputo permitiría obviar los descuentos penitenciarios aplicados hasta ahora y asegurar una permanencia ininterrumpida en la cárcel durante las tres décadas máximas admitidas por la ley. A comienzos de esta semana, sin embargo, la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo rechazó la innovadora interpretación de la Audiencia Nacional y ratificó la jurisprudencia tradicional, que acumula todas las condenas en una sola pena de 30 años. Los seis representantes en el Consejo Fiscal de la conservadora Asociación de Fiscales vinculada al PP, aunque criticaron el cese de Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional (probable inspirador de la artificiosa fórmula agravadora) y exigieron la destitución del fiscal general, Conde-Pumpido, respaldaron el pasado martes, sin embargo, la doctrina ortodoxa avalada por sus colegas del Supremo.

El envés político de esta abstrusa trama jurídica es la feroz campaña lanzada por el PP para acusar al Gobierno de haber manipulado el caso Parot a través del fiscal general en beneficio del condenado, desde el cese de Fungairiño hasta el sistema de cómputo de las penas decidido por los fiscales del Supremo. De creer a los populares, este episodio sería una prueba más de que Zapatero ha pactado con ETA en secreto la legalización de Batasuna y la cuantía del precio a pagar (incluida la excarcelación de los presos) a cambio de una tregua. Sin duda, las ambigüedades de la estrategia gubernamental en el País Vasco ofrecen un campo abonado para que el PP siembre recelos, insidias y maldades sobre la inminente capitulación del Estado de derecho ante el terrorismo; de ahí que una mayor transparencia de la política informativa oficial -compatible con la eficacia- sobre la política vasca no sería sólo una obligación democrática, sino también un cortafuegos del pavoroso incendio prendido por los populares.

El pacto suscrito en diciembre de 2000 por populares y socialistas comprometía a los dos partidos a "eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral" entre ambas formaciones los debates sobre "las políticas para acabar con el terrorismo". Lejos de honrar lealmente la palabra dada, el PP ha instalado en el centro de la discusión pública el instrumento más delicado del conjunto de las estrategias dirigidas a conseguir la pacificación del País Vasco. A los populares no parece importarles que fuesen excarcelados 311 etarras en tiempos de Aznar; Zaplana ha encontrado la forma de orillar esa gruesa contradicción mediante un desvergonzado brocardo jurídico de nuevo cuño: "En materia de terrorismo es mejor pasarse que no llegar".