La Junta suaviza la Ley de Vivienda Protegida ante las quejas de los afectados

Unos 50 miembros de la Asociación para la Defensa de Propietarios de VPO en Andalucía se concentraron ayer en Sevilla frente a la Consejería de Obras Públicas para protestar por la nueva Ley de Vivienda Protegida y Suelo que entró en vigor el 12 de diciembre. La Consejería promulgó ayer mismo, poco antes de la manifestación, una nueva orden que suaviza dicha ley, enfocada a limitar la especulación inmobiliaria.

La ley obliga a los propietarios a comunicar a la Junta, a través de un notario, sus intención de venta. Anteriormente, la obligación pasaba por el dueño, pero no por la notaría, por lo que en muchos casos se incumplía la cláusula. Ahora, a partir de la notificación, el Gobierno tiene derecho a pujar por el inmueble, dependiendo del plan al que esté acogido.

La tasación de cada vivienda depende del tiempo que lleve construida, el plan al que se acoja y el lugar donde esté pero, en cualquier caso, el precio será siempre mucho menor que el del mercado libre. Además, el decreto obliga al inquilino a mantener la vivienda, al menos, durante 10 años.

"El problema es que se ejecuta la ley con carácter retroactivo. Yo no firmé estas condiciones en mis escrituras", explica Juan Carlos García, miembro de la asociación. La principal modificación apunta precisamente a una reducción de la retroactividad: da a la Junta la posibilidad de aplicar los derechos de tanteo y retracto únicamente en las ventas de viviendas protegidas que se acojan a los planes posteriores a 1999. Antes, la fecha límite era 1978.

El derecho de tanteo otorga al Gobierno preferencia para comprar una vivienda protegida y le permite establecer precios ajustados a las VPO y no al mercado libre. Con el retracto, la Junta podría deshacer una compraventa si no se cumpliesen los requisitos.

Con esta ley, muchos afectados han tenido que interrumpir sus ventas, algunos han visto frustrados sus deseos de traslado a otros municipios y otros, que han comprado una nueva vivienda con una hipoteca puente, no pueden ahora vender su piso y, por tanto, tienen una gran deuda que saldar.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, aclaró ayer que el Ejecutivo andaluz no pretende "quedarse con las viviendas" sino evitar la especulación. "Intentamos ofrecer a medio plazo 30.000 viviendas protegidas por año. No es para que inmediatamente vuelvan al mercado y beneficie a otros", agregó Gutiérrez.

El Partido Popular andaluz presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley. "Nos parece inadmisible que se pueda aplicar con efecto retroactivo. Por eso, el PP de Andalucía llevará a los 770 municipios de Andalucía una moción para rechazar esta ley", anunció Alicia Martínez, concejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla. El Partido Andalucista también solicitará a la Consejería que elimine la retroactividad de la ley.

La asociación volverá a manifestarse el 31 de enero en San José de la Rinconada, donde está prevista una visita del presidente de la Junta, Manuel Chaves.