Senadores de EE UU piden que se investiguen las escuchas sin orden judicial

Senadores demócratas y republicanos reclaman una investigación del Congreso sobre si la Administración de George W. Bush realizó escuchas electrónicas "sin la apropiada autoridad legal". El presidente justificó el lunes el espionaje telefónico sin control judicial y aseguró que tanto "la ley como la Constitución" le autorizan a investigar a norteamericanos sospechosos de terrorismo sin necesidad de una orden. El caso que amenaza con amargar las navidades a Bush se complicó ayer al dimitir, como protesta, un juez del tribunal especial que autoriza las intervenciones telefónicas y electrónicas.

El juez James Robertson no da explicaciones en su carta de dimisión. Pero ha expresado su más "profunda preocupación" por la "dudosa" legalidad del programa de supervisión que el presidente de Estados Unidos autorizó días después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, según informaba ayer el diario The Washington Post. El juez Robertson -nombrado magistrado federal por Bill Clinton- era uno de los 11 miembros del Tribunal de Supervisión de Inteligencia Extranjera (FISC). Este Tribunal, y la ley del mismo nombre -creada en 1978 y conocida por sus siglas en inglés FISA- ha sido durante 25 años el único mecanismo capacitado para autorizar "legalmente" la intervención de las llamadas telefónicas cuando existía la sospecha de que se tratase de presuntos terroristas o actos de terrorismo contra EE UU.

El espionaje telefónico fue descubierto y publicado la semana pasada por el diario The New York Times y ha causado gran revuelo en la Casa Blanca. El presidente, visiblemente molesto y enfadado, tildó de "acto vergonzoso" el que alguien diera a conocer "un programa muy importante en tiempos de guerra" y justificó el procedimiento. Hace un año, cuando se le preguntó sobre el asunto, Bush respondió: "Una escucha telefónica exige una orden judicial. Nada ha cambiado. Cuando hablamos de perseguir terroristas hablamos de tener autorización judicial antes de hacerlo".

Un grupo de senadores -los republicanos Chuck Hagel (Nebraska) y Olympia Snowe (Maine) y los demócratas Carl Levin (Michigan), Dianne Feinstein (California) y Ron Wyden (Oregón)- se han unido para exigir una investigación conjunta de los comités de Inteligencia y Judicial del Senado. Por su parte, el líder de la minoría de la Cámara Alta, Harry Reid (demócrata por Nevada), manifestó que se inclinaba porque las audiencias fueran por separado, y aseguró que ya había prometido una investigación por parte del Comité de Inteligencia. Bill Frist, líder de la mayoría republicana optó por no pronunciarse.

"He estado y sigo estando en conversaciones con los responsables de los Comités", aseguró Frist citado por Reuters. "Cuando éstas terminen les diré si se emprende una investigación y quién la emprende", terció el líder de la mayoría republicana en el Senado. Tanto Bush como el vicepresidente, Dick Cheney, han defendido y justificado el espionaje telefónico sin control judicial. El presidente se respalda en "la autoridad legal que se deriva de la Constitución". Con esta afirmación, el presidente de EE UU hace una interpretación generosa de la Carta Magna que en su Artículo 2º establece los poderes ejecutivos del presidente y su capacidad como comandante en jefe. Además, la Casa Blanca se refuerza en su decisión al apoyarse en la resolución que el Congreso aprobó tres días después del 11-S en la que autorizaba al presidente a usar "toda la fuerza necesaria y apropiada" para perseguir a los terroristas y así evitar otros atentados. Bajo estas premisas, Bush hizo saber que el programa de control de comunicaciones con el exterior -decidido en una orden ejecutiva de 2002- se mantendrá mientras exista la "amenaza de un enemigo que quiere matar americanos".