Fondos UE para animar el debate

Menos mal que el presidente del PP, Javier Arenas, no es parlamentario andaluz. Esta circunstancia le va a suponer ahorrarse un berrinche más si es que, finalmente, se abordan en la Cámara los resultados de la negociación sobre las perspectivas financieras de la UE 2007-2013 y sus consecuencias en Andalucía. Lo que en la Junta ya apuntan como todo un éxito, ya que nuestra comunidad seguirá recibiendo ayudas en los próximos años, es, en cambio, pura ruina a juicio de los populares que estipulan en más de 6.000 millones de euros la merma de ingresos que sufrirá nuestra comunidad. Se trata de la lógica disparidad de criterios y valoración que se debe producir entre los que gobiernan y aquellos que están en la oposición. A pesar de todo, no es, precisamente, Arenas el más indicado para elevar esas quejas, máxime cuando él ha formado parte de un Ejecutivo, presidido por José María Aznar, que desató durante años toda una ofensiva contra Andalucía "birlándole" miles de millones de euros con el burdo argumento de no reconocer el censo real de su población.

Está legitimado para hacer esas críticas sobre lo que considera como todo un fracaso de la negociación pero sus argumentos flaquean cuando se le puede reprochar, abiertamente, lo poco que colaboró en su momento para que Andalucía dejara de ser víctima del arbitrario trato que le daba un gobierno del que formó parte de manera destacada. A lo mejor tendría que haberle dejado desempeñar ese papel de análisis al también ex ministro, Miguel Arias Cañete, cuyos conocimientos y experiencia sobre política presupuestaria europea son reconocidos por todos, incluso por sus contrincantes.

Pero el político jerezano no cuenta con el favor de Arenas, de ahí el escaso protagonismo que le otorga en Andalucía a pesar de ser el responsable del área económica del PP. Tal vez sea porque al mismo Arias Cañete no le gustan ni pizca los asesores que se ha buscado Arenas quien ha confiado, nada más y nada menos, que la estrategia del PP andaluz en materia económica al que fuera presidente de El Monte, Isidoro Beneroso, hombre, al parecer, de importante valía y prestigio en ámbitos financieros y empresariales andaluces.

Con todo, y dado los precedentes, puede que esta semana sepamos si se accede a esa petición de Arenas, diputado en el Congreso, a que se celebre en el Parlamento andaluz un pleno monográfico sobre los fondos europeos que se van a recibir a partir de ahora. Mientras tanto, asistimos al juego de esgrima que están desplegando Gobierno central y el tripartito catalán en torno a la financiación. Maragall se escandaliza por el rechazo que ha sufrido su propuesta en este capítulo. Se rasga las vestiduras al conocer la alternativa que plantea el ministro Solbes y que se basa en la negativa a que se fije un sistema de financiación de forma unilateral, sin tener en cuenta al resto de comunidades y por no aceptar, tampoco, esa idea de que el Gobierno central renuncie a recaudar sus propios impuestos en esa comunidad. Cabe preguntarse qué esperaban dado que esos planteamientos ya habían sido fijados por Madrid con la debida antelación como auténticas líneas rojas que no se podía traspasar.

Por tanto, no hay lugar a la sorpresa, todo puede que sea puro teatro. En Andalucía se debe seguir con atención lo que suceda en esta negociación mientras que se avanza en los acuerdos con IU y PA para cerrar el ámbito competencial que se ha de regular en el nuevo estatuto andaluz. Todo ello, cuando siguen silbando los oídos a los populares con nuevas y reiteradas críticas hacia el papel abstencionista que están jugando en este trascendental episodio.

Metidos en esa deriva de no quedarse atrás en la que están inmersos los socialistas andaluces, sorprende el choque abierto que ya se evidencia entre la Junta y el Gobierno central a cuenta de las transferencias que se reclama de la gestión del Guadalquivir. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no sólo no se queda atrás en expresar su opinión contraria a esta petición sino que, además, pone en dificultades a la Administración andaluza con el asunto del hotel Algarrobico, de Almería. Si nadie pone remedio antes, aquí van a saltar chispas con la ministra.