Los ejes de la polémica
La escolarización de los extranjerosy las enseñanzas comunes figuran en el origen del desacuerdo
El desacuerdo entre los detractores de la nueva ley educativa y el Gobierno puede resumirse en dos grandes asuntos: la distribución de inmigrantes entre los centros públicos y concertados y el porcentaje de enseñanzas comunes que debe fijar el Estado para todos. España ofrece estos datos: el 67% de los centros son públicos, el 26% concertados y el 7% privados. Sin embargo, del medio millón de extranjeros (el 6,5% del alumnado total) que estudian, el 82% lo hace en aulas públicas y el 18% en los colegios privados y concertados.
La nueva ley establece que será la Administración la encargada de programar los puestos escolares cuando no haya plazas suficientes para todos en el colegio elegido. Y fijará la proporción de inmigrantes que deben escolarizarse en los centros públicos y los concertados. Además, los centros reservarán plazas para los que lleguen una vez iniciado el curso. Todos estos asuntos están abiertos al acuerdo, dicen en el PSOE. Y, por último, se constituirán organismos que vigilen que todo este proceso se hace de acuerdo a la ley.
Estas medidas, según los convocantes de la manifestación y el PP, atacan la libertad de elección de centro escolar. Sostienen que si no hay plazas suficientes en la concertada los padres no podrán escoger centro.También recuerdan que con la reserva de plazas y los organismos de admisión se vulnera, mediante una especie de "cupos forzosos", el derecho de los padres inmigrantes a elegir centro escolar. Asimismo afirman que si el porcentaje de inmigrantes de la concertada es más bajo se debe a que estos colegios están situados habitualmente en zonas con menos extranjeros.
En segundo lugar, la ley fija que el porcentaje de enseñanzas comunes para todos los españoles que establecerá el Estado, será como máximo un 65% (un 55% en las comunidades con idioma propio). El PP y los convocantes se quejan de que la redacción es demasiado abierta y que, al no establecerse un mínimo, esos porcentajes pueden ir a menos. "Si hubiera un acuerdo mayor podríamos clarificar la redacción", afirma el portavoz socialista de Educación en el Congreso, Raimundo Benzal.
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