Privatización del poder
En la separación del poder político de la propiedad privada reside la superioridad del Estado representativo sobre todas las demás formas de organización política que se han conocido en la historia de la humanidad. El poder ha sido siempre a lo largo de la historia un correlato de la propiedad de la tierra. Es con la revolución industrial, con la separación de trabajador directo de sus condiciones materiales de trabajo y la constitución del capital como principio de constitución económica de la sociedad como se crearon las condiciones que hicieron posible la formación de un poder político representativo, de un poder que no es de nadie y que, precisamente porque no es de nadie tiene que ser de todos, tiene que se expresión del conjunto de la sociedad.
El riesgo de que, tras un caso de transfuguismo o de pacto antinatura, haya privatización del poder es muy alto
Por evitar enfrentarse con la asamblea de Camas y Pavón, IU ha puesto en cuestión su patrimonio de honradez
Este carácter representativo del poder se extiende en el Estado constitucional a todos los niveles de ejercicio del mismo: estatal, autonómico y municipal. En el principio de legitimación democrática del poder que se expresa en el artículo 1.2 de la Constitución, "la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado", descansa, como dijo el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias, la STC 6/1981, "toda nuestra ordenación jurídico-política".
Este principio de legitimación democrática es, además, una regla que no admite excepción. En este terreno no vale lo de la excepción que confirma la regla. La excepción es siempre contravención de la regla. En consecuencia, no puede haber en el Estado constitucional ni una sola manifestación de ejercicio del poder que no esté presidido por dicha legitimación.
El principio de legitimación democrática está plenamente consolidado en la sociedad española tras los más de 25 años de vigencia de la Constitución, pero su vigencia real y efectiva es puesta en cuestión esporádicamente no de manera directa, pero sí indirecta a través de la corrupción, es decir, de la subordinación soterrada y espuria del poder político a la propiedad privada.
Pues la corrupción no es, en última instancia, más que la privatización del poder. La corrupción ataca al Estado constitucional en su núcleo esencial, en aquello que lo diferencia de todas las demás formas de poder conocidas hasta la fecha, que es en lo que reside su superioridad sobre ellas. La corrupción nos retrotrae a formas bárbaras, premodernas de ejercicio del poder político. Se trata de una amenaza permanente para el poder democráticamente constituido, ya que la propiedad privada es la base material sobre la que se eleva el Estado constitucional, y de una amenaza que tiene tantas más posibilidades de hacerse efectiva cuanto más próximo es el poder que se ejerce y más inmediatas son las consecuencias patrimoniales del ejercicio de dicho poder. De ahí que la amenaza sea mayor en el ejercicio del poder municipal que en el autonómico y en el autonómico que en el estatal.
El transfuguismo o los pactos antinatura para la formación de gobierno no han sido la norma, pero se han dado en un buen número de ocasiones en la administración municipal. Se han dado mucho menos en la administración autonómica, aunque ha habido casos en Galicia, Aragón y muy especialmente en la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Esperanza Aguirre, llegó a serlo tras la repetición de las elecciones como consecuencia de la traición de los diputados socialistas, Tamayo y Sáez. Y no se han dado todavía en la administración estatal.
El riesgo de que, tras un caso de transfuguismo o de pacto antinatura, haya una privatización del poder es muy alto. Es el humo por el que se puede saber que hay fuego. Cuando un tal pacto tiene como protagonista a un responsable de una formación política que ha sido el representante de dicha formación en la negociación de pactos de gobierno municipal, como fue el caso de Agustín Pavón tras las últimas elecciones municipales, que se convirtió en alcalde de Camas, contraviniendo los pactos que el mismo había suscrito y formando gobierno municipal con el PP, se puede apostar doble contra sencillo que hay razones inconfesables tras esa decisión.
Es algo que la dirección de IU debió de haber advertido en el mismo momento en que tal desviación de lo acordado se produjo. IU tiene una trayectoria limpia en el ejercicio del poder municipal y hay que reconocer que ha reaccionado con celeridad y con contundencia apenas se ha tenido conocimiento de los indicios de corrupción en la conducta de Agustín Pavón. Pero se habría ahorrado el enorme costo que para ella va a tener este caso de corrupción, si se hubiera plantado en el momento en que debió hacerlo y hubiera impedido que, bajo las siglas de IU se constituyera un gobierno con el PP.
Hay momentos en los que no se puede ceder, porque lo que es pan para hoy se convierte en hambre para mañana. IU, dado su origen comunista, es una formación política permanentemente amenazada de extinción. No puede, en consecuencia, permitirse los fallos que se pueden permitir partidos, como el socialista o el popular, que tienen asegurada su presencia y se recuperan de los errores que cometen, por muy grandes que sean. Por evitar enfrentarse con un militante, como Agustín Pavón, y con la asamblea local de IU en Camas, ha puesto en cuestión un patrimonio de honradez que era una de las pocas bazas en las que podía presentarse con autoridad ante los ciudadanos.
