Las Cortes Valencianas regularán que los diputados accedan a una pensión mínima tras dos legislaturas

Las Cortes Valencianas, concretamente la Comisión de Gobierno Interior, estudian desde hace meses cómo dotar a los diputados de la Cámara que no hayan cotizado los 15 años de mínimo a que obliga la ley para acceder a una pensión mínima de alrededor de 1.000 euros mensuales. La comisión, donde está representada la Mesa de las Cortes y los portavoces parlamentarios, decidieron elevar una consulta a la Seguridad Social para despejar dudas acerca de, por ejemplo, cómo resolver esta cuestión cuando se trate de un autónomo o de qué manera evitar situaciones discriminatorias u onerosas para las Cortes. El propósito de la iniciativa es "objetivar" las condiciones y eliminar posibles arbitrariedades, ya que hasta la fecha era la propia Mesa de las Cortes la que, una vez estudiado el caso, decidía. Este asunto está en una fase previa a cualquier acuerdo entre los grupos.

Desde 1987 está acordado, según afirmaron fuentes parlamentarias, que los diputados autonómicos que no hayan cotizado el periodo mínimo y llevasen dos legislaturas podían solicitar a las Cortes una pensión a partir de los 65 años. Estas mismas fuentes puntualizaron que hasta la fecha sólo se han dado dos casos en la Cámara autonómica.

El pleno de las Cortes aprobaba poco antes la reforma de la ley de creación del Consell Jurídic Consultiu (CJC), el equivalente en la autonomía al Consejo de Estado estatal, la primera de las cuatro leyes pactadas entre los dos grupos mayoritarios en la Cámara al hilo de la reforma del Estatut.

Entre otros cambios, el número de consejeros electos del CJC pasa de cuatro a seis: tres los elegirá el Parlamento por mayoría cualificada de tres quintos y los otros tres serán designados por el Consell. También se regulan los requisitos de acceso a la condición de miembro electivo o presidente del CJC, a los que se exige que sean juristas. Entre los miembros natos de este órgano están los ex presidentes de la Generalitat.

Esta propuesta prevé además que los entes locales, las universidades y el resto de corporaciones de derecho público valencianas puedan solicitar directamente al CJC los dictámenes legales.

PP y PSPV aceptaron dos enmiendas del grupo de EU-L'Entesa -que había presentado 25-, en forma de transaccionales, por las que se elimina algún término de carácter sexista y la posibilidad de que los ex presidentes de la Generalitat puedan renunciar a ser consejeros natos, una vez han tomado posesión de este puesto.