La Generalitat exigirá normas estrictas de sostenibilidad para los edificios nuevos

El sector de la construcción y el uso de los edificios generan el 40% de las emisiones contaminantes por CO2. Ante esta situación, la Generalitat ha aprobado un decreto por el que los edificios construidos a partir del próximo año y los que sufran una profunda rehabilitación deberán cumplir estrictas normas de sostenibilidad.

El decreto de ecoeficiencia establece, por ejemplo, que los grifos de los lavabos y los equipos de ducha se diseñen para impedir el derroche de agua, que las azoteas se cubran con placas solares para ahorrar energía de origen fósil y que las viviendas cuenten con un espacio de 15 metros cúbicos para separar y almacenar los residuos que producen las familias, entre otras medidas. Se trata de una primera fase de sensibilización, por lo que no se impondrán sanciones por incumplimiento de esta normativa.

El Gobierno catalán impone, en primer lugar, que el proyecto ejecutivo del edificio incorpore la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento del nuevo decreto, así como recomendaciones dirigidas a los usuarios para mantener correctamente las nuevas instalaciones.

En cuanto a la construcción de los edificios, el decreto de la Administración catalana obliga a emplear, como mínimo, una familia de materiales que posea el distintivo de calidad ecológica emitido por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, o, si hay una fase de demolición previa, que se reutilicen los residuos generados en la construcción del nuevo edificio. "Se trata de iniciar un proceso de cambio social en la manera de concebir, diseñar y utilizar los edificios, independientemente del uso que se les dé", explica Núria Pedrals, subdirectora del Departamento de Medio Ambiente.El problema con el que se enfrenta el decreto, que responde a las exigencias de la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, es que apenas existen empresas que ofrezcan estos servicios en Cataluña. El grupo Ausa, por ejemplo, es de los pocos que se dedican a recoger, separar y gestionar los desechos procedentes de las obras de construcción. Sólo en Cataluña, se calcula que este sector genera siete millones de toneladas anuales de residuos o, lo que es lo mismo, cerca de una tonelada por persona y año. El 95% de esta cantidad ingente de basura acaba en vertederos o plantas incineradoras; sólo el 5% se recicla.

"Llevamos tres años procesando este tipo de desechos mediante proyectos piloto", explica Josep Xavier Torres, responsable de estos proyectos en Ausa. Una vez estudiada la obra, la citada empresa proporciona los contenedores necesarios para recoger plásticos o maderas, entre otros residuos. Junto al principio de sostenibilidad en el que se basa esta praxis, aparece también un nicho nuevo de mercado. "Con el reciclaje se pueden lograr beneficios", afirma Torres.

El decreto de la Generalitat también hace hincapié en el ahorro de agua. Entre otras medidas, obliga a los edificios a disponer de una red de saneamiento que separe las aguas de lluvia de las residuales. Además, para mejor aprovechamiento, todos los grifos de la casa deberán contar con "un mecanismo economizador que tiene como objetivo final impedir el consumo irresponsable de agua", precisa Núria Pedrals.

Placas solares

La nueva normativa también impone que los edificios que consuman más de 350 litros diarios de agua caliente deberán disponer de un sistema de producción propio. Para ello, "tendrán que hacer uso de la energía solar térmica", matiza Pedrals. Precisamente, uno de los servicios ecológicos en auge es el de los techos con placas fotovoltaicas y térmicas, que generan electricidad y calor, respectivamente.

Julio Rafels, secretario de la Asociación Española de Empresas de Energía Solar y Alternativa, explica que en España el 81,3% de la energía consumida proviene de fuentes no renovables, "lo que nos sitúa a la cola de Europa". Por este motivo, Rafels se manifiesta a favor de que los edificios, que consumen casi el 50% del gasto energético total, usen este tipo de placas. "Puede que cuesten un 10% más que los sistemas de electricidad convencionales", reconoce, "pero suponen un ahorro anual del 60% en agua caliente, y del 45% en calefacción", asegura.

Los nuevos edificios, además, contarán con protectores solares. Todas las rejillas orientadas hacia el suroeste deberán disponer de un tratamiento protector, de manera que el factor solar de la parte de cristal sea igual o inferior al 35%. La iluminación de las zonas comunitarias o de acceso, por otra parte, estará regulada por detectores de presencia.

Todas estas imposiciones ecológicas, que entrarán en vigor en enero de 2006, "son el primer paso de la nueva política medioambiental que quiere establecer la Generalitat en los próximos años", afirma Pedrals. De momento, "el objetivo es conseguir que todos los proyectos de edificación", incluyendo hospitales, colegios y centros deportivos, respeten en la medida de lo posible el medio ambiente. Más adelante se endurecerá la normativa.