Ropa interior con lastre
La deuda histórica aboca a la firma Ferrys a un proceso concursal
Las deudas acumuladas por Géneros de Punto Ferrys con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria hace más de una década han abocado a la firma a un proceso concursal, diez años después de su primera suspensión de pagos. Ni las ayudas públicas ni los recortes de plantilla han permitido soltar ese lastre.
La suegra de Vicente Ferri, fundador de la firma, trabajaba en el gabinete particular de Francisco Franco. Géneros de Punto Ferrys, registrada con ese nombre en 1966, disfrutó durante años de una concesión administrativa como proveedor de ropa interior del Ejército.
En 2003, la compañía obtuvo unos beneficios próximos al millón de euros. Pero el pasivo se mantiene en los 40 millones
Eduardo Zaplana, cuando era candidato a la Generalitat valenciana, se comprometió a salvar la firma. Y ganó las elecciones
La localidad de Canals, a 50 kilómetros de Valencia, alberga desde entonces una poderosa factoría textil. En los buenos tiempos, Géneros de Punto Ferrys disponía de sus propias hilaturas y controlaba todos los estadios del proceso de producción, desde la confección hasta el empacado.
La factoría llegó a tener una plantilla de 1.800 trabajadores que acudían a sus puestos de trabajo desde los pueblos de las comarcas de La Costera y La Canal de Navarrés, en el interior de Valencia.
La llegada de la segunda generación y la transición política complicaron las cosas. Los herederos de Vicente Ferri nunca llegaron a ponerse de acuerdo sobre la estrategia a seguir. Sin embargo, la firma estaba consolidada, producía buen género y vendía.
Ferrys llegó a lanzar una camiseta similar al histórico Lacoste de muy buena calidad, pero la gestión del negocio parecía atravesada por el desacuerdo. La multinacional francesa Devanlay, propietaria de la marca Lacoste, entre otras, tomó una importante participación en Ferrys en 1991. Las cosas no mejoraron. Todo lo contrario.
Uno de los responsables económicos de la Generalitat Valenciana que intervino en los sucesivos planes para salvar la planta de Ferrys asegura que la contabilidad era caótica. "Formalmente, el 80% de la facturación seguía siendo con el Estado, pero ni la valoración ni el volumen de las partidas correspondía a la realidad", asegura. "Nunca he visto nada igual", añade.
Ferrys acumuló hasta 1995 una deuda en torno a 19 millones de euros con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Hasta que solicitó la suspensión de pagos, en marzo de ese mismo año.
La cercanía de las elecciones autonómicas convirtió el caso en elemento de debate político. Eduardo Zaplana, entonces candidato, se comprometió a salvar la firma. Y ganó las elecciones.
La familia Ferri llegó a un acuerdo para sindicar sus acciones. Dos gestores ajenos a la propiedad se hicieron cargo de la empresa cuando se levantó la suspensión de pagos en junio de 1996. Se aprobaron recortes de plantilla, planes de modernización, nuevas fórmulas comerciales.
La plantilla se ha reducido a poco más de 500 trabajadores y se han suprimido todos los beneficios de corte patriarcal de otros tiempos. Géneros de Punto Ferrys ganó algo en 1997. En 2003 obtuvo unos beneficios próximos al millón de euros. Pero el pasivo se mantiene cerca de los 40 millones de euros. Una carga excesiva.
La solución del pelotazo
La fábrica de Géneros de Punto Ferrys se levantó hace más de cuarenta años en unos terrenos que, en la actualidad, están en pleno centro urbano de la localidad de Canals, de 14.000 habitantes.
Entre las fórmulas analizadas para salvar la empresa, el Ayuntamiento de Canals propuso trasladar la fábrica a una nueva zona industrial y liberar el suelo original para construir viviendas. Los planos para construir viviendas unifamiliares ya están hechos. Pero la nueva zona industrial aún no se ha definido, el Ayuntamiento ha cambiado de color político y la deuda no se ha saldado.
El Instituto Valenciano de Finanzas, una entidad pública, ha avalado ayudas a Ferrys que rondan los 20 millones de euros desde 1996.
Un ex alto cargo de la Generalitat valenciana recuerda que todos los acreedores de Ferrys acordaron asumir una quita del 80% en 1996 que permitió reflotar la empresa. "Todos, menos la Seguridad Social y la Agencia Tributaria", desliza intencionadamente. Pero un especialista en Derecho Administrativo recuerda que la ley vigente entonces sólo permitía al Estado reducir intereses y acordar plazos ante una suspensión de pagos. La nueva ley concursal es "más flexible en ese punto", sugiere el mismo experto.
