Apuesta de igualdad
El actual Gobierno, paritario en su composición, ha hecho de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres una de las señas de identidad de su acción política. Hacer efectivo en la realidad social este derecho básico no sólo es cuestión de leyes, pero tampoco cabe esperar que la sola evolución de la sociedad pueda enjugar el enorme déficit histórico que se acumula en este terreno. Hacen faltan leyes y políticas activas que remuevan los obstáculos que se levantan en el camino de la igualdad, como señalan las constituciones española y europea.
En este contexto tienen pleno sentido leyes como la integral contra la violencia de género. O la más genérica que prepara el Gobierno para promover la igualdad en los más diversos ámbitos, especialmente el laboral, económico y social, sin olvidar el político con la inclusión de la paridad en las listas electorales, uno de los compromisos electorales del PSOE.
Por lo que se conoce del borrador de esta ley, se trata de una iniciativa ambiciosa que pretende que los poderes públicos valoren el llamado impacto de género en su actividad, especialmente a la hora de legislar. Su carácter transversal obligará a una cascada de adaptaciones legales sin las cuales los objetivos de la ley podrían quedar en buena parte inéditos.
El carácter ambicioso de la iniciativa podría constituir su mayor desventaja si deriva en un intervencionismo o casuismo inviables en la práctica. En España, sólo un 2% de mujeres forman parte de los consejos de administración de las grandes empresas, mientras que en la Universidad -donde el 60% de los licenciados son mujeres y tienen mejores notas- sólo hay un 12% de catedráticas y cuatro rectoras sobre un total de 72. Tampoco el número de mujeres jueces tiene la adecuada correspondencia en las altas instancias de la magistratura.
Sería absurdo que desde una norma se pretendiera cuantificar la presencia femenina en estos u otros ámbitos. Lo que sí cabe esperar es que se ataquen con determinación las causas de las prácticas discriminatorias y que se favorezca, el tiempo que sea necesario, la adopción de medidas de discriminación positiva a favor de la mujer marginada en razón de su sexo. Sea en el sector público o en el privado.
