"Me presentaré a las próximas elecciones"

El hundimiento del túnel del Carmel ha abierto una vía de agua en la política catalana. El socavón que el pasado 24 de enero conmocionó al popular barrio barcelonés se ha politizado. La sombra del cobro de supuestas comisiones sobre la obra pública en Cataluña durante los 23 años de pujolismo ha contribuido a ello. Las relaciones entre partidos se han enrarecido. Se ha especulado incluso sobre si Pasqual Maragall (Barcelona, 1941) repetirá en los próximos comicios catalanes.

Las acusaciones de corrupción en Cataluña han desembocado en un inusual enconamiento de relaciones entre la izquierda gobernante y la oposición de Convergència y el PP. Ha habido dos iniciativas no culminadas: una moción de censura en el Parlamento catalán y una querella criminal ante los tribunales. Ambas contra Pasqual Maragall, quien juzga que ha salido indemne del placaje.

"La frase sobre el 3% fue importante porque la dijo el presidente. Desencadenó un proceso que tarde o temprano hubiera empezado igual"

"Zapatero es quien desbloquea la reforma de la Constitución, pero algunos portavoces del PSOE propugnan un 'piano, piano' que no comparto"

Pregunta. ¿Ha perdido la moral en las últimas semanas? ¿Tuvo la tentación de arrojar la toalla?

Respuesta. Si me preguntan si en algún momento algunas de las cosas que han sucedido resultaban sorprendentes, debo aceptarlo. Pero en ningún momento he pensado dejarlo.

P. ¿Qué cambiaría, si pudiera dar marcha atrás a la moviola?

R. La moviola de la historia no tiene marcha atrás. Ha pasado lo que debía pasar. Lo que sucede es que nunca se escoge el momento y la forma. Y eso puede sorprender y desconcertar.

P. Algunos consejeros de su Gobierno han especulado sobre su sucesión...

R. Conociendo a los medios de comunicación y a mis consejeros, creo que hay más imaginación del cronista que realidad.

P. ¿La "pregunta del millón", según usted mismo dijo a la cadena Ser, sobre si se presentará o no de nuevo a reelección tiene ya respuesta?

R. La respuesta a la pregunta del millón es que volveré a presentarme. A día de hoy pienso continuar y concurrir a las próximas elecciones, porque creo que el programa de reforma que hemos iniciado las izquierdas catalanistas necesita dos mandatos.

P. ¿No cree que casa mal la prudencia política con esa libertad académica en que a veces se escuda para lanzar toda suerte de metáforas?

R. Las anécdotas sobre lo que ha pasado en los últimos tres meses están contaminadas por un hecho muy serio, relevante: el hundimiento de un túnel del metro bajo un barrio popular mal construido. Eso, en primer lugar. Otro elemento que ha pesado ha sido el cambio, digamos, de régimen, que ha habido en Cataluña. Eso lo ha contaminado todo. Las frases, las expresiones han chocado porque éste era el escenario, no porque fueran extraordinariamente extrañas, que no lo eran. Otros muchos utilizan metáforas y no nos entretenemos en procesos a esas expresiones. Ha ocurrido un accidente en un barrio popular, preocupante, aunque sin víctimas. El escenario ha sido un sistema creado a lo largo de casi 25 años del mismo Gobierno, con unas rutinas en la manera de construir, de contratar, que hay que cambiar.

P. Usted fue quien lanzó la frase sobre las supuestas comisiones del 3% en obra pública en referencia a los años pujolistas.

R. Todo estaría como está ahora sin la famosa frase. Hay una comisión de investigación y un fiscal que investiga sobre la supuesta corrupción. Creo que cuanto antes acaben, mejor. Porque siempre puede quedar la duda...

P. ¿La duda de la connivencia entre este Gobierno y los de CiU?

R. Ésa por supuesto no puede quedar. Mire, el accidente del Carmel ha arrojado serios interrogantes sobre cómo se estaban haciendo las obras públicas en Cataluña, cuáles eran los sistemas de contratación, cuál su eficacia o rigor y su licitud. Ahora, lo que hay que hacer es respetar los procesos que se han puesto en marcha, y que sin la famosa frase, insisto, se habrían puesto en marcha igualmente.

P. Pues la auditoría de gestión que ustedes encargaron sobre los años de pujolismo no fue precisamente aguda a la hora de hallar deficiencias.

R. La auditoría era sobre procedimientos administrativos y llegó a la conclusión de que eran escasamente lícitos y poco eficaces. En algunos casos rozaban la ilegalidad. Aunque no sea ilegal fragmentar los contratos de tal manera que no se deban cumplir los requerimientos de publicitarlos, tampoco resulta especialmente estético ni eficiente ni, a la larga, aceptable. Esto es lo que dice la auditoría, claramente.

P. La auditoría no entra precisamente en uno de los problemas a los que usted aludió en el Parlamento catalán: la adjudicación de obra pública.

R. Ahora, la obra pública ya no está siendo auditada, sino juzgada por fiscales y comisiones de investigación. Quizás la auditoría no dio de sí lo que algunos esperaban. Sirvió para situar cuáles eran los defectos de tramitación interna importantes que se han corregido. Podría haber servido para más, lo admito, porque la propia realidad se ha encargado de mostrarlo...

P. Fue usted quien lanzó la frase del 3% de supuestas comisiones en obra pública. A partir de ahí la fiscalía se decidió a tomar cartas en el asunto.

R. La frase fue importante por una sola razón: porque la dijo el presidente de la Generalitat. Aceleró un proceso que debía haber detectado la auditoría, pero no fue así. Con la frase sobró para desencadenar un proceso de investigación que tarde o temprano hubiera empezado exactamente igual.

P. ¿Por qué no aceptó la dimisión de su consejero de Política Territorial y Obras Públicas tras el hundimiento del túnel del Carmel?

R. Porque no tenía ni tengo ninguna certeza sobre su responsabilidad en este tema. Mire, dentro del esquema de la Administración pública han sido cesados los que tenían que haber informado al consejero de los defectos que podía tener la obra o su gestión o su contratación. Éstos son los que lo han dejado. Todavía no sabemos dónde está el origen exacto de la responsabilidad en el tiempo y a qué personas afecta en concreto. Lo iremos sabiendo. La impresión que teníamos en aquel momento y ahora seguimos teniendo es que han pagado justos por pecadores. Los problemas venían de antes y se hacen visibles en un momento determinado, cuando se produce un cambio de gobierno y el Gobierno que llega hereda los defectos del anterior.

P. ¿Le está echando las culpa al último Gobierno de CiU?

R. Tenemos la impresión de que la obra del metro del Carmel estaba totalmente predeterminada. El recorrido por dónde y cómo se debía hacer estaba predeterminado. El punto de ataque también estaba escogido. El agujero, el pozo, ya estaba hecho antes de llegar nosotros, en la plaza de Pastrana. El proyecto no estaba aprobado, pero los hechos habían aprobado que el proyecto debía ser ése. ¿Quién aprobó el proyecto? Nosotros, pero ya nos lo habíamos encontrado todo listo por la vía de los hechos. Y de ahí vino la acritud en el debate del pasado 24 de febrero, el día de la sesión del 3%.

La cosa ya había empezado el día anterior. Al contestar ese día en la sesión de control al Gobierno le recordé al representante del principal partido de la oposición que el Ejecutivo del que él era conseller en cap había inaugurado y acabado el tranvía de Can Cuyàs justo antes de las elecciones. Pero faltaba un detalle: el proyecto no había sido aprobado. Lo firmó mi consejero Joaquim Nadal, tras tomar posesión, porque alguien lo tenía que firmar en algún momento. Nos encontramos, pues, con una situación, desde el punto de vista de la gestión de la obra pública, francamente con muchas deficiencias. La realidad ha demostrado que la auditoría fue incompleta, aunque no pretendía descubrir defectos de construcción en los túneles del Carmel. Si me están diciendo que no entramos en el Gobierno con suficientes precauciones admitiría la discusión, pero no la aceptaría como conclusión.

P. ¿Está diciendo que heredaron una situación caótica?

R. En el último periodo de CiU se proyectaron inversiones del orden de los 350.000 millones de pesetas. Algo que la Generalitat no había querido o podido hacer nunca. Todo se precipitó. Dicho esto, ahora hay jueces más severos que la opinión del presidente de la Generalitat, que se encargarán de ello. Estoy rotundamente en contra de todo tipo de pacto de silencio, pero también en contra de todo tipo de demagogia y esto ahora está bien situado, donde debía estar, en una comisión de investigación, judicialmente... Mi deseo es que no haya cortinas de humo, que se decida pronto y dejen de planear dudas respecto al pasado.

P. En todo caso la situación se ha enturbiado tanto que CiU amenazó en sede parlamentaria con "enviar a hacer puñetas la legislatura", según palabras de Artur Mas, líder de la federación nacionalista, que presentó una querella criminal de pon y quita contra usted. ¿Pinta mal la necesaria colaboración de CiU para aprobar el nuevo Estatut?

R. A Mas le conozco desde hace tiempo. Lo tuve de jefe de la oposición en el Ayuntamiento. Cuando abordamos la Carta Municipal de Barcelona, hecha a principios de los noventa, él impidió que se aprobase. Me garantizó que en aquella ocasión no era él quien había decidido. Confío en que ahora sea él quien decida. No lo digo con ironía, sino que lo veo probable y lo deseo. Lo que tenemos entre manos es demasiado importante como para que juguemos con ello unos y otros. Yo también me puedo equivocar. Hay que darle al presidente de la Generalitat ese derecho.

P. De momento CiU asegura que usted no tiene legitimidad ni liderazgo para convocar una nueva cumbre sobre el Estatuto. Esto está paralizado.

R. De ningún modo, la ponencia del Estatut avanza a buen ritmo. Y el presidente de la Generalitat debe convocar las reuniones con los líderes parlamentarios e ir hacia adelante sin partidismo. Hasta ahora mi intervención en este tema ha sido estrictamente formal. Estoy dispuesto a hacer todos los gestos necesarios para que quede claro que no busco protagonismo. En la reunión de Miravet me centré más en cuestiones de calendario que en el contenido del Estatut. Convocaré la segunda cumbre en cuanto acabe lo que llaman primera lectura. Debemos cumplir los plazos a los que nos comprometimos y que me parecen razonables. Al presidente del Gobierno español no le parecen tan razonables porque el calendario político español tiene otras urgencias y puede haber una acumulación de grandes temas este verano, pero todo esto tiene solución.

P. ¿Cómo va a conseguirlo si Mas no reconoce su autoridad?

R. CiU no ha reconocido nunca esta autoridad, y si lo ha hecho ha sido provisionalmente. Ahora todos nos vemos en la necesidad de superar esta provisionalidad. Espero que los líderes políticos catalanes estemos en condiciones de reencontrar el camino del diálogo y de la construcción positiva, a pesar de las dificultades.

P ¿No habrá crisis de Gobierno?

R. Todo se puede mejorar en esta vida, pero no tengo razones de desconfianza seria hacia ninguno de los consejeros como para plantear una crisis de Gobierno.

P. ¿Ni golpe de timón?

R. El golpe de timón es recuperar el ritmo.

P. ¿Ni elecciones anticipadas?

R. La legislatura se agotará. Pero al 100% no las puedo excluir.

P. Sus relaciones con el Gobierno central chirrían. Algunos ministros o dirigentes del PSOE acostumbran a matizarle, cuando no desmentirle antes de que llegue al aeropuerto de Barajas, de retorno a Barcelona...

R. Hay un problema de creación de opinión en este país que se llama centralismo, distancia, desconocimiento... Hay que ir a Madrid, pero también tienen que venir ellos. Eso no pasa sólo en un partido ni en dos, pasa en la sociedad, en todos los ámbitos. Hay gente en Madrid que ha arrimado el ascua a su sardina y ha aprovechado la crisis del Carmel para decir que las propuestas que llegan de la periferia no hay que considerarlas. Yo voy a Madrid y las expongo con toda claridad. Pero a veces uno tiene aquel síndrome que explicaba [Josep] Tarradellas: sales de La Moncloa contento porque te parece que has convencido de algunas cosas y cuando llegas a Barajas tienes la impresión de que no hay para tanto... Esa sensación corresponde a la realidad de concentración excesiva de poder político, mediático. Hay una realidad muy potente que antes no existía: es Madrid capital, que tiende a confundirse con España. Si no dices algo allí es como si no lo hubieras dicho.

P. Felipe González -en Madrid y junto a Jordi Pujol- decía preferir la Cataluña pasada a la que está por inventar, en alusión a la de su predecesor y a la suya.

R. Estamos en una fase de la historia de este país en la que se decidirán muchas cosas para bien o para mal. Cosas que en 25 años no se habían puesto sobre la mesa, porque el ambiente no estaba maduro. Teníamos un catalanismo de transacciones coyunturales que no se había planteado en serio modificar la gobernación del Estado, la manera de gobernar el país. Durante estos 25 años ha sido más importante el respeto mutuo, intercambios, gestos, que tenerse que poner de acuerdo sobre qué queremos ser cuando seamos mayores como país. Eso era demasiado antipático.

P. ¿No será que ahora entra en crisis la marca Cataluña, y pierde prestigio?

R. Cataluña ha perdido un prestigio exterior un tanto ficticio porque se combinaba con una desconfianza profunda. Ahora tratamos de construir un sistema de confianza conjunto en España. Ese prestigio consistía en un intercambio positivo de gestos y realidades. Todo ello era fruto de un proceso de descentralización importantísimo, revolucionario, pero que no iba a la raíz del problema, sino que descartaba como problemas los que no podía resolver. Ahora se trata de resolverlos: por ejemplo la Constitución, el Estatut. ¿Qué estatutos no se han retocado nunca? El catalán y el vasco. Y ya no puede pasar más tiempo sin que se retoquen. Cataluña y el País Vasco deben tener el estatus que quieran dentro de la España plural. Se ha querido aprovechar el Carmel para hacer retroceder la reivindicación.

P. Pero usted, desde Montevideo, arremetió en contra uno de sus principales aliados en ese proceso, el presidente de Andalucía, Manuel Chaves.

R. Es que oí unas declaraciones suyas a la Ser muy categóricas. Decía que en la Constitución no podía haber ninguna mención que no fuera la de los nombres de las 17 comunidades autónomas que se han creado en estos 25 años. Yo creo que no, que la Constitución de 1978 está diciendo de forma innominada pero inconfundible que hay tres nacionalidades históricas, las tres que habían plebiscitado su estatuto en el pasado. Y creo que hay que ponerlo en claro, más en claro, ahora. Los que dicen que no hay que hacerlo van hacia atrás respecto a la Constitución actual. Aznar no votó la Constitución porque no estaba de acuerdo con el término "nacionalidades". Ahora se trata de que España se sincere con ella misma.

P. Es un asunto simbólico.

R. Puede ser simbólico pero tiene efectos prácticos inmensos: la reconstrucción de la confianza mutua. Hasta ahora ha predominado un pragmatismo basado en el "no nos molestemos, pero tampoco nos queramos convencer".

P. ¿Ve limitada la reforma de la Constitución que propugna el Gobierno de Zapatero?

R. Muchos españoles piensan que hay que distinguir entre nacionalidades y regiones, que debe haber un Senado de carácter federal como el alemán, donde estén representadas sus autonomías, básicamente sus gobiernos. Eso pasará ahora gracias a que Zapatero lo ha reimpulsado.

P. Así, es optimista sobre el alcance de esa reforma.

R. El PP ha sido noqueado por el resultado electoral, que todavía no ha admitido, cree que es falso. Tampoco admite que la Constitución se pueda cambiar, que el Estatuto de Cataluña se reforme... Ese frenazo brutal ha influido en el PSOE. Nadie dice que se modifiquen los cuatro apartados que Zapatero ha anunciado respecto a la Constitución. Zapatero es quien desbloquea la reforma de la Constitución. Pero el alcance de estos cambios quizá debería ser tan ambicioso que el PP, sin el cual no los podemos aprobar, se viera tentado a darles la espalda. Y de ahí estas reacciones de portavoces muy cualificados del socialismo español, andaluz y otros en el sentido de piano, piano. Lo entiendo, pero no lo comparto.

P. Le acusan de "abusar" al postular la modificación de muchas leyes orgánicas y de pedir traspasos por la vía del artículo 150.2.

¿Frenará el PSOE la reforma del Estatuto pese a las promesas de Rodríguez Zapatero?

R. Todo dependerá de cómo lo hagamos los catalanes. Y lo estamos haciendo, hasta la crisis del Carmel, por consenso. Con todos los partidos, incluido el Popular, y de manera irreprochable. El consejero Joan Saura está prácticamente dedicando el 30% de su tiempo a explicar por España qué estamos haciendo en esta materia, y lo hace con precisión, rigor, simpatía y capacidad de convicción considerable.

P. Una de las dos almas del PSOE, la centralista, discrepa.

R. En el PSOE hay varias almas, no sólo dos, y gentes que se asustan. La dirección del barco es la marcada inicialmente por Zapatero. No podemos permitirnos el desánimo. Lo que tenemos entre manos es demasiado bonito e interesante para arruinarlo.

P. Menudean las críticas según las cuales la Generalitat primar lo identitario sobre lo social.

R. Lo que estamos haciendo es poner las bases de un sistema social progresivo y avanzado. Queremos un nuevo Estatut como plataforma, como instrumento indispensable para acelerar las reformas sociales. Queremos hacer una reforma social, con prioridad en los barrios más desatendidos y en la mejora de la enseñanza, y una reforma en favor de la transparencia. Ahora mismo creamos una oficina antifraude con un fiscal a la cabeza, David Martínez, que es un profesional respetado en toda Europa, porque llevó el caso del lino. Es muy bueno que Cataluña gane prestigio en el conjunto del Estado por implantar una mayor transparencia y por emprender reformas sociales, ya que en España parece cundir la sospecha de que somos ricos y poco transparentes.

P. Contribuye a eso que algunos de sus consejeros afronten la reforma del sistema de financiación autonómica hablando de "recortar la solidaridad".

R. No nos hemos explicado suficiente, porque lo que pedimos es una sustantivación de la solidaridad, no que desaparezca. Si se hace en Europa, ¿por qué no puede hacerse en España? Hay que saber cuánto se queda cada autonomía de lo que recauda y cuánto envía para el Estado y cuál es la cuota de solidaridad. Cuanto más claro, mejor; si no, siempre habrá sospechas. La fórmula que defendemos es un nivel de servicios similar para un esfuerzo fiscal similar. Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha pueden entender que la garantía de la solidaridad que reciben radica en encontrar una formulación clara del principio de esta solidaridad.

P. Algunos españoles tienen la impresión errónea, desde la era Pujol, de que Cataluña paga poco y se aprovecha mucho.

R. Es imprescindible fijar la fórmula, y que sea clara.