El Gobierno mantiene su plan de reforma constitucional pese al PP

El Gobierno mantendrá sus previsiones de enviar al Consejo de Ministros el informe sobre la reforma constitucional que estudiará el Consejo de Estado, pese a que el presidente del PP, Mariano Rajoy, lo descalificara ayer como una "ofensa a la inteligencia". Rajoy criticó ayer que "el Gobierno no diga qué límites se van a poner a las reformas de los estatutos de autonomía, si se va a garantizar conjuntamente la unidad nacional, la soberanía nacional, un Estado viable, la igualdad de los españoles y la solidaridad entre los territorios".

La respuesta de Rajoy no ha sorprendido al Gobierno, que lo interpreta como una muestra de la "división interna en el PP". Aunque el líder del Partido Popular no aporte observaciones al texto sobre la reforma constitucional, como ha anunciado, el Ejecutivo mantendrá sus planes. Enviará el texto al Consejo de Ministros de mañana, y al Consejo de Estado para que se pronuncie en un año sobre sus propuestas. En todo caso, el Gobierno pretende que Rajoy acabe participando en el debate sobre la reforma constitucional.

En última instancia, Rajoy tendrá que intervenir aunque sea para decir que no, pues la reforma de la Constitución es imposible sin los votos del PP: hace falta el apoyo de una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados y del Senado. En cambio, no es necesario el concurso del PP para la reforma de algunos estatutos de autonomía.

Y ésa es la clave del pacto que Rajoy propuso al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 14 de enero: entender las reformas de la Constitución y los estatutos como un paquete, denominado "arquitectura institucional de España", y pactar "los límites" para que ambas tuvieran, como mínimo, el respaldo de los dos grandes partidos.

Tal era el objetivo de la comisión territorial que el PP ha rechazado ahora por considerarla "técnica" y de "poco nivel político". Rajoy aseguró ayer en Onda Cero que él "ha estado esperando un mes" para saber si el Gobierno aceptaba su propuesta de pacto "para garantizar la unidad nacional, la soberanía, la igualdad de todos los españoles, la solidaridad entre los territorios y un modelo de Estado viable". Más allá de la retórica, la pretensión de Rajoy consistía en saber si el Ejecutivo iba o no a contar con el PP para definir "dónde están los límites" de las reformas de los estatutos de autonomía.

El Gobierno discrepa del nuevo argumento de Rajoy para oponerse a la creación de la comisión PSOE-PP de seguimiento de las reformas constitucional y estatutarias: la ausencia de límites de dichas reformas por parte del Ejecutivo. Recuerda que Zapatero siempre dijo que el límite es la Constitución y lo que aprueben los Parlamentos autónomos.

La Constitución como límite

Rajoy dice ahora que -además de que la Constitución también está sujeta a cambios- no está de acuerdo con esos dos criterios: "El presidente dijo que respetaría lo que dijeran los Parlamentos autónomos. Yo no estoy de acuerdo porque entonces tendríamos que haber aprobado el plan Ibarretexe", aseguró. Y siguió: "Hay muchas cosas que se ajustan a la Constitución y no estoy de acuerdo en que se transfieran". Rajoy puso como ejemplo los aeropuertos, las carreteras, los parques nacionales y los paradores de turismo. Su argumento es que el Estado, "quitando las pensiones, sólo se ocupa del 20% del gasto público total" y, si siguen los traspasos, "España no será un Estado viable".

En todo caso, el rechazo del PP a la comisión territorial responde, sobre todo, a que Rajoy considera que "el presidente prefiere pactar estas cosas con otros". Su número dos, Ángel Acebes, fue más explícito: "El PSOE ha elegido como compañero y socio a [el líder de ERC, Josep Lluís] Carod Rovira".

A partir de ahí, Rajoy se mostró muy displicente ante el texto sobre la reforma constitucional que le remitió el presidente del Gobierno y que ahora enviará al Consejo de Estado, del que también formará parte, con la nueva reforma de este órgano, el ex presidente José María Aznar.

Según La Moncloa, el texto enviado a Rajoy se ajusta al compromiso que el presidente Zapatero adquirió en el debate de investidura: preguntar al Consejo de Estado sobre el alcance de las reformas constitucionales para que en el plazo de un año eleve su dictamen.

El propio texto fija los límites al preguntar exclusivamente sobre la denominación de las comunidades autónomas, la reforma del Senado, la equiparación de la mujer al hombre en la sucesión de la Corona y la mención en la Constitución española de la Carta Europea, según insistieron fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo precisó, también, que "Rajoy sabe que las reformas para que se lleven adelante requieren de una amplia mayoría" y "deben tener como orientación la cohesión social y el interés de los ciudadanos".