Dos tercios de los 230.000 inmigrantes cumplen los requisitos para legalizarse
La Universidad de Alicante estima que sólo 80.000 lograrán obtener documentación
De los 233.749 inmigrantes en situación irregular, unos 160.000 cumplen los requisitos para poder acogerse al proceso de regularización que comienza el lunes, pero sólo la mitad, unos 80.000 podrán beneficiarse, según estimaciones del Seminario Permanente de la Inmigración de la Universidad de Alicante. Las trabas de los empresarios para aflorar los trabajadores sumergidos o la negativa a aceptar otro documento que el padrón motivan esta situación.
Los colectivos que trabajan con inmigrantes, sindicatos y ONG alertan de que muchos empresarios se niegan a legalizar a sus trabajadores inmigrantes a sabiendas de la impunidad que les garantiza la escasez de medios de la Inspección de Trabajo. Carlos Gómez Gil, sociólogo y director del Seminario Permanente de Inmigración de la Universidad de Alicante, lamenta que muchos de los extranjeros irregulares "han sido amenazados" por sus patronos con la advertencia de que si tramitan su regularización serán reemplazados por otros indocumentados. "Hay que tener muy presente que en este proceso la llave la tienen los empresarios", apuntilla el experto. Ante las reiteradas denuncias, la subdelegada del Gobierno en Alicante, Etelvina Andreu, informó el miércoles de la creación de un grupo especial de la Inspección para vigilar el proceso. Andreu animó a todas las entidades a denunciar los casos de extorsión contra extranjeros.
Empar López, abogado del Centro de Comunicación y Servicios Interculturales (CCSI) de la Mancomunitat de L'Horta Sud, coincide con el juicio de Gómez. Entre los centenares de inmigrantes que se están pasando las últimas semanas por el centro de Torrent -el único de estas características de la Comunidad Valenciana que subsiste sin apenas ayudas oficiales- López ha detectado numerosos casos de trabajadores extranjeros a los que los empresarios les han dejado de emplear ante la petición del inmigrante de regularizarles. Otro de los problemas que ha detectado el grupo de trabajadoras CCSI está relacionado con la forma de justificar la estancia en España antes del 7 de agosto, que establece el proceso como condición excluyente. El Gobierno sólo acepta estar empadronado antes de esta fecha. Hay muchos extranjeros que no se empadronaron estando en España antes del verano pero tienen documentos oficiales -certificados de convivencia, documentos hospitalarios- que demuestran que ya estaban aquí. Sin embargo, tales pruebas no se aceptarán.
Entre los objetivos del nuevo reglamento de extranjería está, por un lado, proveer de las garantías legales a los extranjeros indocumentados con un contrato fehaciente que les permita trabajar en las mismas condiciones que los nacionales; y por otro, destapar la formidable economía sumergida que, en el caso de la Comunidad Valenciana, es la segunda más abultada de España.
De los 233.749 sin papeles instalados en la Comunidad Valenciana, 160.000 (85.000 en Alicante; 50.000 en Valencia, y 25.000 en Castellón) son susceptibles de acogerse al proceso de regulación.
El servicio doméstico, el calzado, la confección, la hostelería y la construcción acaparan las mayores bolsas de empleo sumergido en la Comunidad Valenciana. La economía clandestina se nutre en gran medida de trabajadores procedentes del Norte de África, Suramérica y los países de la antigua Europa del Este.
Los casos que siguen muestran algunas de las circunstancias más corrientes que impedirán a cientos de inmigrantes acogerse al proceso a pesar de residir en España antes de la fecha límite. No se empadronaron, sufren la lenta burocracia en sus países de origen o, sencillamente, sus patronos se niegan a contratarles.
"Al no tener 'papeles', no encuentro trabajo"
T. F., argelino de 27 años, y M. H., marroquí de 21, también arrastran un problema de fechas. Ambos llegaron antes del 7 de agosto y no han salido del país, pero no pueden acreditarlo ya que no se dieron de alta en el padrón y los documentos oficiales que lo demuestran no se admiten. T. F. cuenta con un certificado de convivencia expedido por el ayuntamiento de Alginet con fecha de 17 de septiembre de 2003. Tiene certificados médicos del hospital de Alzira de febrero y marzo del año pasado, además de una cartilla bancaria que dan fe de su estancia en la Comunidad Valenciana antes de la fecha puesta por el Gobierno. "Como no tengo papeles, no encuentro trabajo", se lamenta, una situación que no podrá corregir en este proceso de regularización. Tampoco lo tiene fácil M.H., que se empadronó el 8 de septiembre del año pasado, aunque lleva casi un año en España. Bonos transporte o cartillas de banco demuestran que llegó antes del verano, pero de nada servirán esos documentos.
"¿Qué hay más oficial que un ministerio?"
Los dos primos argelinos L.K., de 29 años y M. K., de 32, pasaron la frontera por Marruecos y acabaron en el centro temporal de internamiento de extranjeros (Ceti) de Melilla en enero de 2004. A principios de octubre fueron obligados a abandonar el centro y se les conminó a que se pagaran los billetes del ferry a Málaga en octubre. Ahora, no podrán regularizarse por no estar empadronados desde la fecha marcada aunque pueden justificar su estancia en España con los archivos del Ministerio de Interior, de quien dependen los centros de internamiento. "¿Cómo puede ser que se pida el padrón para justificar la estancia en el país y documentos oficiales como los del Ceti no sirvan? ¿Qué hay más oficial que un escrito de un ministerio?", se pregunta Empar López, abogada del Centro de Comunicación y Servicios Interculturales (CCSI) de la Mancomunitat de l'Horta Sud. Poco después de recalar en Málaga llegaron en Valencia en autobús donde buscan empleo sin demasiado éxtito. "Sin papeles es difícil", apuntan.
"He perdido el pasaporte"
O. H. ha perdido su pasaporte. Llegó a España con su documento de identidad pero lo ha extraviado. Si fuera colombiano o marroquí, este hecho no supondría mayor problema. Sus consulados se lo tramitarían en un par de semanas y podría solicitar regularizar su situación, ya que se empadronó antes de la fecha límite y tiene ofertas de trabajo. Pero es argelino y su país tarda mucho tiempo en expedir estos documentos. Podría agilizar la situación y regresar a su país para conseguir el pasaporte. Pero se arriesga a trámite lento y a la posibilidad de no poder volver. "Perdí el pasaporte y en el consulado sólo me hicieron un documento que indica que están cursando el documento". Un escrito oficial que no sirve para adjuntar en el proceso, pero al que tampoco le dan demasiada validez el resto de organismos públicos españoles. Pese a presentarlo en el Ayuntamiento de Torrent, no le bastó para poder empadronarse en el municipio y tuvo que intentarlo en otros ayuntamientos de la comarca hasta encontrar uno que sí lo aceptó y tramitó su empadronamiento.
"Tenía que ver la graduación de mi hija"
S. A., búlgara de 44 años, puede justificar su estancia en el país y tiene un empleador dispuesto a darle trabajo. Se empadronó en Torrent el 29 de noviembre de 2000, donde ha vivido desde entonces, y tiene una oferta de trabajo en una casa. Sin embargo, no podrá regularizar su situación. Salió del país en verano para acudir a la graduación de su hija Irina, de 26. "Consiguió una beca para estudiar dirección de orquesta en la Universidad Northwest de Chicago y su graduación era en verano; tenía que ir". Estuvo fuera con su hija, "la única que tengo, no tengo más familia", los meses de verano, con la mala suerte de que al volver en septiembre no encaja en los requisitos del proceso que exige una estancia ininterrumpida en el país desde el 7 de agosto del año pasado. Pese a llevar más de cuatro años en España y "una maleta llena de papeles" con toda la documentación que ha aportado a lo largo de estos años para conseguir normalizar su situación en el país, la ley ha dejado fuera a esta mujer.
"Mi jefa no me quiere contratar"
P., un camionero rumano, puede justificar su estancia en España desde el 7 de agosto pasado y tiene un trabajo. En enero acudió a su jefa para pedirle que le contratara y así poder regularizar su situación. "Me respondió que por las 40.000 pesetas que le cuesta mi Seguridad Social prefiere hacerle un contrato a un español". Lleva trabajando con esta empresa año y medio sin papeles de por medio. Pero se guardó la referencia de todos los contenedores que ha llevado en el camión, los destinos a los que ha viajado, las fechas, los trayectos y hasta los discos del camión. "De momento no quiero ir a malas y esperaré este mes para ver si la empresa me da de alta". Si no, piensa en la posibilidad de demandar a la empresa con el aval de todas las pruebas de su relación laboral que ha ido acumulando a lo largo de este tiempo. Vive con su mujer, de 26 años, su hijo, de año y medio, y su cuñado, también casado y con un hijo de meses, a quien los carpinteros con los que trabaja tampoco quieren regularizar.
"He trabajado 12 horas por 360 euros al mes"
El problema de E., uruguayo de 29 años, es de fechas. Llegó a España el 25 de junio, como atestigua su pasaporte, pero no se dió de alta en el padrón hasta septiembre, fecha posterior al listón fijado por el Gobierno. Muchos inmigrantes, ante la posibilidad que brinda la ley de extranjería a la Policía de cotejar el padrón, tienen recelos a la hora de inscribirse y lo hacen tarde o no lo hacen. Este fue el caso de este joven nacido en Montevideo. Podría conseguir trabajo y, de hecho, a pesar de no tener papeles, lleva ganándose la vida en distintos empleos desde que llegó, aunque con los abusos que sufren quienes no tienen su documentación en regla. "He hecho de albañil, de camarero cobrando 360 euros al mes trabajando 12 horas al día o de montador de carpas". Su ocupación actual es la de vendedor de cosméticos, aunque sometido a precios por debajo del mercado por su precariedad administrativa. "Ahora tengo otra oferta de trabajo, pero, claro, necesitaría tener la documentación en regla".
