Los expertos catalanes proponen que geriátricos y ambulatorios dispensen los medicamentos

La dispensación directa de fármacos en los geriátricos y los ambulatorios para que la Administración se ahorre el porcentaje sobre el precio de los medicamentos que se quedan las farmacias (el 27,9). Ésta es una de las propuestas que contiene el documento final de los 14 sabios convocados por el Gobierno catalán para racionalizar el gasto sanitario y mejorar su financiación. Los expertos, que ayer entregaron sus propuestas a la Generalitat, rechazan nuevas fórmulas de copago y piden para Cataluña una mayor participación de los impuestos del IRPF, IVA o los que gravan el tabaco.

Después de seis meses de trabajo, el presidente de la comisión de expertos, Miquel Vilardell, entregó ayer el documento final, consensuado por sus 14 miembros, a los consejeros de Economía, Antoni Castells, y de Salud, Marina Geli, quienes se mostraron dispuestos a analizar el trabajo y a asumir sus propuestas.

Ante los medios de comunicación, y en clara alusión al ramo de la farmacia, Vilardell advirtió que algunas de las medidas contenidas en el texto "afectan intereses de determinados sectores". Los sabios han calificado de "excesivo" el coste de la distribución de los fármacos (8,6%) y muy especialmente el de la dispensación en farmacias (27,9%).

Como medida para reducir la abultada factura farmacéutica que han de pagar cada año las administraciones (en el caso de la Generalitat, el 32% del gasto público en salud corresponde al capítulo de farmacia), los expertos han propuesto la dispensación directa de los medicamentos en ambulatorios y geriátricos. Joan Ramon Laporte, catedrático de Farmacología que ha formado parte del comité, explicó que la medida, que en el caso de los ambulatorios podría iniciarse en algunos centros como plan experimental, ahorraría a la Administración autonómica el porcentaje sobre el precio del medicamento que se quedan las farmacias, aunque no los costes de distribución.

Los expertos reconocen que las autonomías disponen de cierta capacidad, aunque no la consideran suficiente, para implantar medidas de racionalización del gasto farmacéutico. En este sentido, reclaman un cambio legislativo para que la Generalitat pueda decidir sobre qué medicamentos han de ser financiados por la Seguridad Social y sobre los precios de compra, distribución y dispensación. Y consideran también necesario que la Administración forme a los médicos para que mejoren la prescripción al margen de la fuerte "presión comercial" a la que, según los sabios, están sometidos. También solicitan estos especialistas en el documento más participación autonómica en la recaudación de impuestos como el IRPF, el IVA o los que gravan el tabaco. En concreto, sobre el impuesto del tabaco, piden que la participación de la Generalitat pase del 40% actual al 50%, un incremento que supondría una recaudación adicional de 106 millones de euros anuales.

A esta cantidad deberían sumarse otros 298 millones de euros, el dinero que los sabios consideran que el Estado debería aportar a Cataluña para compensar el gasto que le supone la atención a las personas de otras comunidades (lo que se conoce como el Fondo de Cohesión Social) y a los ciudadanos con tarjeta sanitaria y que no figuran en el censo, como en el caso de inmigrantes sin papeles. Con la suma de ambas aportaciones casi se podría atajar la deuda anual de la sanidad catalana, cifrada en unos 500 millones de euros.

Los expertos recuerdan, además, que el sistema catalán arrastra un déficit acumulado de más de 2.100 millones de euros y confían en que este agujero pueda taparse gracias, en gran medida, a las aportaciones del Estado derivadas de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Pero estos especialistas reclaman también un esfuerzo a la Generalitat para corregir las actuales "ineficiencias" de su sistema sanitario. Así, proponen incidir en la prevención de enfermedades, implantar la historia clínica compartida entre los centros de salud y mejorar las condiciones laborales de los médicos.