El Parlamento da luz verde a la tramitación urgente de cinco leyes del impulso democrático

El Parlamento dio luz verde ayer a la tramitación urgente de las cinco leyes acordadas por los tres grupos que firmaron el pacto del impulso democrático, del que se descolgó a última hora el PP. Los portavoces de PSOE, IU y PA y el Gobierno destacaron la importancia del acuerdo y censuraron la actitud de los populares, cuyo aislamiento en la Cámara quedó patente. El Ejecutivo andaluz acusó al PP de "mentir"; el PSOE dijo sentir "vergüenza" por los argumentos empleados por este partido para justificar sus críticas al acuerdo; IU le exigió "juego limpio" y que no "desprestigie la política", mientras que el PA demandó a los populares que "no echen basura". Ante este aluvión, el PP tiró por la calle de en medio y habló de "farsa antidemocrática".

La Cámara celebró ayer el debate agrupado de las cinco leyes recogidas en el acuerdo suscrito (Estatuto de los ex presidentes de la Junta; ley de Incompatibilidades; ley Electoral; ley de Publicidad Institucional y la del Consejo Consultivo) para que a partir del próximo periodo de sesiones se tramiten por la vía de urgencia. El PP también recibió reproches por sus críticas de los últimos días al formato del debate. Los populares han repetido que con la fórmula elegida (debate agrupado) se "hurtaba" el debate de las leyes y han anunciado que llevarán el tema al Tribunal Constitucional.

Los grupos le recordaron ayer que las leyes se van a debatir en comisión parlamentaria a partir de enero y que el trámite de urgencia lo único que hace es acortar los plazos para su aprobación. "El trámite de urgencia acorta los plazos, pero no elimina ni un solo paso del proceso legislativo", destacó el portavoz del PA, José Calvo Poyato.

De hecho, el PP votó a favor de la tramitación urgente de tres de las cinco leyes y sólo votó en contra de este procedimiento en el caso de la Ley de Publicidad Institucional y la del Estatuto de los ex presidentes de la Junta.

El portavoz del PP, Antonio Sanz, señaló que la fórmula elegida para el estatuto de los ex presidentes de la Junta (un asunto ya regulado por varias autonomías) es "un abuso". El estatuto prevé dotar de medios personales y materiales a los ex presidentes y que cuando cumplan los 65 años perciban una asignación igual al 60% del salario de quien sea presidente en ese momento. Sanz unió este dato, la pensión de jubilación que tiene cualquier trabajador y un punto sobre las cesantías previsto en el acuerdo del impulso democrático (los ex presidentes y ex consejeros percibirán un máximo de dos años el 80% del salario al dejar el cargo) para decir que se trata de "prebendas inaceptables". El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, le replicó que es "mentira" que se pueda compatibilizar la cesantía y la jubilación del 65%.

"¡No estoy por la 'pela'!"

Aunque no estaba dentro de las leyes debatidas, el debate derivó varias veces a un punto del acuerdo que prevé que los directores generales de la Junta percibirán al cesar el salario que cobraban un mínimo de tres meses y un máximo de un año. Para cobrar el máximo de un año se tiene que haber estado 12 años en el cargo. Este acuerdo también se extiende a los diputados autonómicos que cesen.

Tras excluirse del acuerdo, el PP se ha agarrado como a un clavo ardiendo a este punto para justificar su decisión. Y el Gobierno y los grupos firmantes del pacto se lo reprocharon ayer. Zarrías y el portavoz del PP, Manuel Gracia, le recordaron que otras comunidades, como la de Murcia o la de Valencia, gobernadas por el PP, también han regulado las indemnizaciones a los altos cargos. "¿Es un blindaje cobrar tres meses tras estar cuatro años en un cargo? Creo que no. No es abuso, ni blindaje", afirmó Zarrías, quien recordó que esta indemnización se extinguirá automáticamente si los ex altos cargos se incorporan a un puesto de trabajo, ya sea en el sector público o en el privado. En tono enfadado, Zarrías le dijo a Sanz: "Las medidas del impulso democrático no tienen parangón. Es una ruindad y una indignidad decir que esto es por la pela. ¡Yo no estoy aquí por la pela, ni usted!".

La portavoz de IU, Concha Caballero, señaló que la Ley de Incompatibilidades andaluza es muy exigente y demanda dedicación exclusiva a quienes se dedican a la política y remachó que las indemnizaciones previstas suponen la mitad del derecho al paro que tiene cualquier ciudadano. La fórmula elegida supone una indemnización de 22 días por cada año de trabajo, frente a los 45 días por año trabajado de cualquier empleado. Caballero acusó al PP de "mentir" y "desinformar" tras excluirse del pacto.

Zarrías y Gracia reconocieron el trabajo realizado por Sanz -"le tengo aprecio", dijo el consejero- en las conversaciones para el acuerdo, que se negoció cuatro meses, y apuntaron como clave de la ruptura al presidente regional del PP, Javier Arenas. Zarrías habló del "mando a distancia" de Arenas y Gracia señaló que la clave es que el grupo parlamentario del PP "no puede ejercer autónomamente su responsabilidad" y que está "teledirigido" por Arenas, que no es diputado autonómico.