Por una universidad con la mirada puesta en Europa
En estos últimos años, el conjunto del sistema universitario de la UE se halla inmerso en el ambicioso proyecto de configuración del Espacio Europeo de Educación Superior. Con distintos ritmos cada país ha procedido o está procediendo a adaptar su legislación interna a las exigencias de dicho Espacio. En el nuestro, la LOU se limita a sentar unas mínimas medidas para posibilitar las modificaciones que han de realizarse en la estructura de los estudios, y falta prácticamente toda la normativa de desarrollo para hacer frente a ese proceso en sus distintas dimensiones: titulaciones de grado y de postgrado, incluido el doctorado; nuevo mapa de titulaciones; directrices generales y propias de cada titulación, etc. Es de suponer que a lo largo de 2005 podamos estar en condiciones de aplicarla y que el horizonte del 2007 que siempre se ha manejado para la efectiva implantación de este nuevo sistema, no sufra retrasos, en principio, aunque es más que probable que no todas las titulaciones puedan lograr dicho objetivo en esas fechas. Sería deseable no sólo alcanzar el objetivo sino además hacerlo plena y satisfactoriamente, pero para ello resulta preciso, además de normas, conocimiento y valoración de la trascendencia de esta reforma. Presumiblemente, conllevará la necesidad de incrementar la inversión pública en materia universitaria; también previsión por parte tanto de los poderes públicos como de las universidades para contar con los recursos humanos, las infraestructuras y los equipamientos adecuados; y, asimismo, convencimiento por parte de la comunidad universitaria y, en particular, del profesorado, de mejorar la formación conforme a los nuevos planteamientos y metodología docentes que deben incorporarse. Esto último es algo que al parecer no ha calado aún, como lo demuestran encuestas realizadas recientemente cuyos resultados y análisis aparecían en este mismo medio (EL PAÍS, 1 de noviembre).
Las universidades, en coordinación con los poderes públicos, tienen que comprometerse a emprender una intensa labor de concienciación, estimulando con ayudas todas aquellas acciones que individual o colectivamente favorezcan la progresiva preparación, sobre todo del profesorado. De lo contrario, será difícil que la convergencia europea supere el estadio puramente nominal.
Desaprovechará la Universidad la oportunidad de ofrecer respuestas acordes a las necesidades de este tiempo, si no se adelanta a las demandas sociales, demostrando tener la capacidad de conocer la realidad sociológica e integrarla en sus planes de estudio. En la formulación de éstos, ya sea de grado o de postgrado -si bien especialmente en los últimos en tanto puedan al final elaborarse por las propias universidades y aprobarse por las comunidades autónomas-, es exigible que tengan en cuenta las necesidades de su entorno para ofrecer a los egresados posibilidades reales de inserción laboral. No se trata de plegarse a las condiciones del mercado ni de limitar la formación a la especialización de tipo profesional. Esta restrictiva concepción de la educación universitaria ya ha sido abandonada incluso en aquellas universidades que la tenían a gala (Harvard, por ejemplo) y con mayor razón no es la que debe defenderse en sistemas como el universitario europeo que, en general, han impregnado su enseñanza de una fuerte impronta humanista y cultural. Lo que debemos proponernos es, sin olvidar esta premisa, reforzar la vinculación con el mundo profesional, empresarial, económico y social, para elaborar titulaciones y estudios que respondan a las exigencias -dinámicas y cambiantes-, de la sociedad actual.
En este escenario, cualquier Universidad tendrá que demostrar con claridad predisposición para relacionarse con aquellos interlocutores y, asimismo, tanto una actitud receptiva a sus planteamientos, como la aptitud para articular curricula acordes a los requerimientos de garantía de la calidad que impone el servicio público universitario.
Otro tanto, bien que con variables diferentes, requiere la política científica universitaria, que ha de incrementar su compromiso social y además responder a las exigencias del tejido industrial, productivo o tecnológico. El conjunto del sistema español de I+D+I debe definir una estrategia, identificar sus prioridades, estimular el esfuerzo de la inversión pública y la privada y mejorar los mecanismos de información en torno a sus potencialidades científicas. La futura Estrategia 2010 anunciaba hace unos días por el Gobierno, parece apostar con medidas firmes en esta dirección.
La Universidad tendrá que hacer otro tanto para incrementar cuantitativa y cualitativamente su actividad investigadora, básica y aplicada, en los distintos campos del saber. A ella corresponderá, en buena medida, corregir la debilidad estructural de aquel sistema, lograr la confianza del sector privado y demostrar que es una institución capital para avanzar en el conocimiento, la innovación, la competitividad y la mejora de la calidad de vida. Ambas ideas constituyen ejes centrales del programa que he presentado como candidato a rector de la Universidad de Alicante. El reto de promover y garantizar la calidad de la docencia y contribuir a desarrollar una investigación de excelencia, me parece el mejor compromiso a compartir con la comunidad universitaria en pro de asegurar el futuro de la Universidad de Alicante.
Juan José Díez es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante y candidato a rector.
