El Gobierno pide a Blasco que retire el decreto que permitirá urbanizar en el parque de L'Albufera

El decreto del Consell que modificará el régimen jurídico del parque natural de L'Albufera y permitirá la urbanización de zonas enclavadas dentro de sus límites ha causado "una honda preocupación" en el Ministerio de Medio Ambiente, según una carta enviada por la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad al consejero de Territorio, Rafael Blasco. En la misiva, el secretario general Antonio Serrano, expresa su confianza en "el buen hacer" de la Generalitat y espera que reconsidere el decreto y el PRUG (Plan Rector de Usos y Gestión) en el que se aplicará, porque "no mejorará la situación de L'Albufera", sino "todo lo contrario", ya que "dejará abiertos procesos que podrán poner en peligro lo establecido en el Convenio Ramsar o en las directivas europeas". El ministerio se hace así eco de la preocupación expresada en relación con el decreto por el secretariado de Ramsar, un acuerdo internacional de protección de los humedales suscrito por España y en cuya lista figura destacada L'Albufera, y las alegaciones presentadas por ecologistas y los socialistas.

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, dio ayer cuenta de la postura del Gobierno y subrayó que el cambio legal, que prevé la urbanización de parcelas concretas en varios municipios y pedanías del parque, "no sólo pone en peligro el medio ambiente", sino que puede tener "consecuencias jurídicas y de financiación" al chocar con la Convención Ramsar, la declaración de zona de especial protección para las aves (ZEPA) o la inclusión del parque en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Rubio reiteró su rechazo a los argumentos de la consejería, que justifica la modificación jurídica en la petición de varios ayuntamientos de construir infraestructuras de servicios. En el caso de Valencia, el Ayuntamiento pidió la recalificación de suelo protegido para levantar 60 viviendas de realojo de los afectados por la ZAL del puerto, cuando éstas se están construyendo junto al barrio de Natzaret, fuera del parque, recordó Rubio.El portavoz socialista calificó de "cínica" la postura de la alcaldesa, Rita Barberá, a la que acusó de impulsar la construcción de 350 viviendas unifamiliares en Pinedo.

Frente al anuncio de la consejería de que el decreto de L'Albufera no permitirá el crecimiento urbanístico, el ministerio alega que el texto legal "no asegura, en absoluto, que en un futuro próximo no se pueda modificar el PRUG nuevamente ampliando el suelo urbanizable y generando impactos ambientales inaceptables", una tendencia que la "simple expectativa" del cambio normativo "va a tender a incrementar".

La consejería defendió ayer el decreto. Fuentes de Territorio y Vivienda recordaron que se ha enviado información al secretariado de Ramsar y al ministerio, al que también se responderá ahora. La consejería resaltó que sólo se aceptan recalificaciones en "casos muy concretos", para equipamientos sociales pedidos por los municipios y en suelo no declarado de especial valor medioambiental. Según sus cálculos, el decreto afecta al 0,07% del parque, unas 13,58 hectáreas. La consejería, además, pedirá al ministerio inversiones y "que aporte soluciones e iniciativas" para L'Albufera. El decreto y el PRUG serán remitidos al Consejo Jurídico Consultivo antes de su aprobación por el Consell.

Desarrollo sostenible

El gobierno municipal del PP, a través de la concejalía de relaciones con los medios, aseguró que el parque "seguirá siendo el principal tesoro medioambiental de Valencia" y que en su ámbito "no se producirá ninguna reclasificación", sin especificar si eso excluye las casas de realojo de Pinedo. La nota acusa a Rubio de lanzar "extrañas hipótesis sobre la posible exclusión del parque del Convenio Ramsar" al amparo de una carta del departamento de la ministra Cristina Narbona, a la que descalifica como "conocida por todos por su pasión por la moda y afán en beneficiar los intereses de Valencia".

Por otra parte, la comisión de Medio Ambiente del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat, integrada por catedráticos de varias universidades, dio ayer su respaldo al Manifiesto de la Sociedad Valenciana por un Desarrollo Sostenible del Territorio, presentado en julio por el presidente Francisco Camps, como "documento de partida" de un debate social más amplio. Blasco destacó el "compromiso" del Consell por un desarrollo compatible con la defensa del medio ambiente.