Encierros desesperados ante una situación sin salida

Por más que en ciertos momentos se haya podido acusar con razón a colectivos como Papeles para Todos de llevar a los inmigrantes a un callejón sin salida, las movilizaciones iniciadas con los encierros del pasado sábado eran más que previsibles. Dada la realidad de gran parte de los inmigrantes, con más de 200.000 que, teniendo papeles, han quedado en situación irregular por la incapacidad de la Administración para renovarles los papeles, y ante una ley que impide legalizarse al millón que, estando empadronados y trabajando en España, jamás los han tenido, cualquier propuesta, por desesperada o inoportuna que sea desde el punto de vista político, se convertirá en una esperanza para esas personas que viven sin derechos ni perspectivas de obtenerlos.

No hay peor ley que aquella que resulta inaplicable y no hay política más irresponsable que aquella que en nombre de una necesaria responsabilidad y sensatez multiplica el problema en lugar de resolverlo o armonizarlo. La situación de los extranjeros se ha abordado en España con una demagogia sin igual. Se hizo una ley que convierte lo que debería ser un proceso claro con unos requisitos factibles de regularización en un laberinto aleatorio que beneficia a las mafias y condena a muchos a la ilegalidad permanente, la explotación y la inseguridad jurídica. El único intento sensato y realista de afrontar el problema fue la ley orgánica 4/2000 del ex ministro Manuel Pimentel, abortada por su propio partido. La última reforma, las leyes 11 y 14/2003, aprobadas también con los votos del PSOE, consagran el reiteradamente fracasado sistema de cupos o cuotas, que establece que se debe solicitar y tramitar todo desde el país de origen. Este sistema, como han denunciado una y otra vez sindicatos y agrupaciones de empresarios, fracasa por lo dilatado del proceso burocrático, la inoperancia de la Admistración y la poca fiabilidad que genera contratar para nueve meses más tarde a alguien que está viviendo a miles de kilómetros. Esta última reforma de la legislación implanta, además, barbaridades como la obligación de las empresas de transporte de actuar de policías de fronteras y hacerse cargo en situación de detenidos y repatriar posteriormente a los irregulares que se les cuelen. Así, cabe preguntarse: ¿dónde deben retener el conductor de autobús o la empresa naviera a los que se les cuelan irregulares de Rumania o Marruecos hasta que ellos mismos los deportan?, ¿en el maletero? ¿Y tienen derecho estos retenidos a asistencia jurídica y hábeas corpus?

Más del 90% de los extranjeros con papeles que hay en España o llegaron como ilegales y fueron regularizados en uno de los procesos extraordinarios, u obtuvieron papeles después, cuando se aplicaron los motivos humanitarios o de arraigo, o vinieron con papeles al ser reagrupados por un familiar que llegó ilegalmente y después se regularizó. El sistema de cupos siempre ha fracasado. Los inmigrantes llegaban como irregulares, se asentaban, obtenían trabajo sin contrato y después, tras unos años de sufrimientos, si tenían suerte se regularizaban. Es cierto que ahora el Gobierno planteaba en el regalmento abrir ampliamente la puerta al llamado "régimen general" y la regularización por motivos de "arraigo", pero eso no es más que dar rango normativo a una nueva regularización general encubierta, para luego volver a cerrar la puerta. Nunca ha habido como ahora más de 200.000 personas sin papeles en Cataluña y un millón en España, además del desaguisado de los 200.000 que los han perdido por culpa de la Administración. Es cierto que la Administración catalana y la española buscaban soluciones factibles dentro del marco de la ley actual, pero las promesas de los políticos y las instituciones no tienen por qué convencer a la totalidad de los colectivos de inmigrantes.

Si la respuesta de la Administración a los encierros en las iglesias o ciertas plazas de la ciudad es una campaña de expulsiones, ese foro multicultural de personas sin derechos radicalizará sus acciones y se manifestará tal vez en otros emplazamientos más mediáticos. Si las imágenes de la policía dentro de la catedral arrastrando a los inmigrantes han dado ya la vuelta al mundo, pueden surgir otras imágenes nada agradables a los intereses políticos y culturales de la ciudad. Los señores Rodríguez Zapatero, Maragall, Clos y Rangel tienen la palabra.

Xavier Rius-Sant es periodista.