El PP pide por tercera vez que la Cámara investigue a Intelhorce

La primera comisión de investigación que el PP quiere que se constituya en el Parlamento andaluz en la nueva legislatura es un viejo asunto, la privatización de Intelhorce en 1989, puesta de nuevo de actualidad por la sentencia del Tribunal Supremo notificada el pasado viernes que eleva las penas que en su día impuso la Audiencia Provincial de Málaga por las irregularidades en la gestión de la fábrica textil. "Desde el PP instamos al señor Chaves a que si no tiene nada que ocultar permita la creación de una comisión de investigación, ya que este asunto se ha actualizado con la sentencia del Supremo", dijo ayer Sanz a Efe.

Sanz anunció que en los próximos días el PP presentará la iniciativa en el registro de la Cámara. Es la tercera vez que el PP pide una comisión de investigación sobre Intelhorce. En abril de 1997 se sumó a una iniciativa de IU, y en septiembre de 2001, en plena celebración de la vista oral por el caso, volvió a pedirla en un paquete con otros ocho asuntos más que quería someter a investigación. El caso Intelhorce fue objeto de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados en 1995.

Prensa Sur

Sanz alega que la sentencia del Supremo supone "un vuelco muy importante y significativo" y que el el asunto de Intelhorce constituye "uno de los mayores escándalos de la administración socialista". El PP alega para pedir la comisión de investigación los mismos motivos que las dos ocasiones anteriores, y es la presunta relación entre la privatización de Intelhorce y la compra del PSOE del paquete de acciones mayoritarios de Prensa Sur.

En abril de 1997, el juez instructor del caso Intelhorce, Juan Francisco Ramírez Barroso, abrió una pieza separada del sumario principal para investigar si en la adjudicación de Intelhorce por el Estado al empresario italiano Giovanni Orefici, el PSOE pudo cobrar una comisión que empleó en hacerse con el control accionarial de Prensa Sur. El sumario estuvo abierto 11 meses sin que el juez lograra establecer vinculación alguna.

El asunto no estuvo entre las irregularidades juzgadas en la Audiencia de Málaga por el caso Intelhorce, y tampoco está en la sentencia del Supremo. El Alto Tribunal sí ha considerado que Orefici sobornó a un ex alto cargo de la administración estatal, el presidente de la empresa pública Improasa, José Miguel Moreno García, a quien ha condenado por ello a nueve años de prisión. Moreno, que fue absuelto por la Audiencia de Málaga, gestionó la privatización de Intelhorce, y, según el Supremo, cobró 50 millones de Orefici para favorecerle en la adjudicación de la empresa pese a su insolvencia.