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Reportaje:

Extraña muerte en Manila

El juez del 'caso Turismo' espera que la Interpol le envíe las pruebas inequívocas sobre la defunción del principal acusadoEl suicidio de Joan Cogul genera nuevos interrogantes

¿Está muerto Joan Cogul, el principal acusado del caso Turismo? Oficialmente, sí. Muerto e incinerado. Pero el juez que ha investigado la presunta malversación de 984.292 euros entre 1993 y 1995 de las arcas de la Generalitat no lo tiene tan claro. ¿Por qué? Principalmente, por las circunstancias que han rodeado la defunción, ocurrida en Manila el pasado 17 de diciembre. Ese día, el que fue director del Consorcio de Turismo de Cataluña debía volar hacia Barcelona para entregar el pasaporte al juez y fijar aquí su residencia a la espera de que se celebrase el juicio en la Audiencia de Barcelona. El panorama judicial que esperaba a Cogul era poco alentador porque el fiscal le reclamaba 12 años de prisión y otros 9 para su esposa, Carme Fargas. La muerte de Cogul el día que debía regresar a España es una más de un sinfín de casualidades que aumentan la sombra de la duda. Las pruebas reclamadas por el juez a la Interpol sobre la autopsia que se pudo practicar al cadáver y las diligencias que pudo hacer la policía de aquel país disiparían el panorama.

El juez ha conocido de forma parcial y con días de retraso cómo ocurrió la defunción

- Infarto. El pasado 17 de diciembre, el magistrado Francisco González Maíllo recibe una llamada telefónica en su despacho. Al aparato el abogado Joan Font, quien explica que su cliente ha muerto esa misma mañana, a las 8.30 horas de Manila (Filipinas), como consecuencia de un paro cardiaco mientras se encontraba en su domicilio. El abogado anuncia que el cadáver será repatriado en los próximos días. Por la noche, el abogado Xavier Rotllan, que ejerce la acusación popular, entrega un escrito en el juzgado de guardia explicando que no se cree que Cogul haya muerto y pide al juez que se compruebe oficialmente a través de la embajada. El letrado de la Generalitat, que también ejerce la acusación, se suma a esa petición. Al día siguiente, el abogado Font acude al juzgado y entrega un documento de Viajes Barceló, la empresa para la que trabajaba Cogul, explicando su fallecimiento.

- Tiro e incineración. El 24 de diciembre, El Periódico publica que Cogul ha sido incinerado y cita como fuente al abogado Font. Primera sorpresa porque el juez había ordenado a la Guardia Civil que cuando el cadáver llegase a España se le identificase con discreción. Nadie informó al juez de la incineración, aunque el letrado acude esa mañana al juzgado y presenta la inscripción del registro civil de Manila, en el que consta que el entierro fue por incineración. Las dudas aumentan. El juez ya no sólo pide a la Interpol que le informe de las circunstancias de la muerte, sino que, a la vista de que el cuerpo quedó reducido a cenizas, reclama de la embajada toda la documentación oficial que exista sobre ese fallecimiento. También exige que si se extrajeron muestras en la autopsia, se conserven, por si hubieran de ser analizadas. La embajada responde a los dos días y envía el certificado de defunción y el de la incineración. Esos documentos detallan que la causa de la muerte de Cogul no fue un infarto, sino las hemorragias craneales producidas por un disparo.

Segunda sorpresa.

- La viuda. Carme Fargas, la viuda, acude al juzgado el 29 de diciembre con su nuevo abogado, Jordi Pina, quien aporta un certificado del tanatorio en el que se detalla que el cuerpo fue incinerado a las 19.00 del 18 de diciembre. Es decir, apenas 34 horas después de la muerte. Tercera sorpresa. La viuda entrega también la urna con las cenizas, que acaban en el Instituto Anatómico Forense.

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- La huida. La última vez que se vio a Cogul fue el 5 de noviembre. El Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona le requirió para que acudiera a una breve comparecencia en la que el fiscal solicitó que se retirase el pasaporte a él y a su esposa y que se presentase ante la justicia cada semana. Es lo que suelen hacer los jueces cuando el juicio está a punto de celebrarse para evitar que los acusados huyan. Cogul, como siempre, acudió ese día ante el juez, pero nadie le advirtió que no se fuera de España. Cinco días después, el juez accedió a lo que le pidió el fiscal y dio tres días de plazo a Cogul para que entregara el pasaporte y un mes de tiempo a su esposa. Pero la pareja ya había volado de nuevo a Manila, donde vivía con sus dos hijas desde hacía años.

- El precedente. Cogul es el segundo imputado que fallece en la tramitación de esta causa, que ha durado tres años. A principios de 2002 también murió el imputado Josep Górriz Aparicio. Ocho días después del fallecimiento la defensa presentó un certificado de defunción y un certificado médico que el juez dio por bueno y nadie cuestionó.

- La trama política. El caso Turismo se ha cerrado sin conocer el destino final de ese dinero público. El juez siguió el rastro de algunos talones, pero se demostró que, al ser de un importe menor, se cobraron por ventanilla. Sí se probó, y así aparece en las diligencias, que las empresas beneficiarias carecían de medios para los trabajos que se les encargaron y que los informes del sector turístico que realizaron eran inútiles o copias de otros folletos. Entre los acusados figuran los militantes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Víctor Manuel Lorenzo Acuña, Santiago Vallvé y Eugenio Guijarro, ex socio del diputado de UDC en el Congreso Josep Sánchez Llibre. La alianza que había en la pasada legislatura entre Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular en el Parlament vetó los intentos de la oposición de crear una comisión de investigación.

"Toda precaución no es ociosa, sino necesaria"

¿Por qué no se le dijo la verdad al juez desde el primer momento? El abogado defensor Jordi Pina sostiene que no tenía ninguna obligación legal de advertir al magistrado de que Cogul iba a ser incinerado. También explica que si inicialmente se le explicó que la muerte fue por un infarto era para que la hija menor de la pareja, de ocho años, no resultase afectada por el conocimiento a través de los medios de comunicación de que su padre se pegó un tiro.

Ese deseo de preservar la intimidad familiar contrasta con la actitud de la viuda al salir del juzgado, cuando difundió una carta manuscrita de su marido en la que censuraba a jueces, fiscales, políticos y periodistas. También concedió entrevistas y relató que Cogul se despidió de ella y de sus hijas en una carta escrita en inglés. Explica la defensa que ese es el idioma en el que hablaban, pese a no ser la lengua materna de ninguno de los dos, catalanes de pura cepa.

La defensa pide también que no se dude de la muerte de Cogul, y por eso ha reclamado del juez que anule la orden que cursó a la Interpol para aclarar las circunstancias, pero el magistrado mantendrá su decisión. "En las circunstancias concurrentes, toda precaución no es ociosa, sino necesaria", explica el también abogado de la acusación Manuel González Peeters. "Resulta cuando menos asombroso que una persona que adopta la, suponemos, difícil decisión del suicidio, destine parte importante del tiempo que ha decidido que le queda de vida a redactar de su puño y letra esos documentos", afirma este abogado.

Para la acusación, la noticia del suicidio "resulta asombrosa", porque Cogul había salido del hospital el 12 de diciembre y eso debería haberlo aliviado.

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