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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Guatemala, tarea titánica

La Guatemala que se encuentra el presidente electo Óscar Berger, tras su prevista victoria en la segunda vuelta de las elecciones, es un país destrozado por los cuatro años en que su antecesor, Alfonso Portillo, ha gobernado como marioneta del general golpista Efraín Ríos Montt. Éste ha sido derrotado en los comicios, pero permanece absolutamente vivo en la política guatemalteca a través de su partido, segunda fuerza parlamentaria, y en lo expeditivo de sus procedimientos políticos. Y ahora más que nunca necesita la impunidad que le evite responder por los miles de crímenes de lesa humanidad durante su mandato, entre 1981 y 1983, que se le imputan.

El hecho de que el derechista Berger haya anunciado que el eje de su Gobierno será el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados hace siete años da una idea cabal de la situación. Aquel compromiso con la guerrilla puso fin a una guerra civil de 36 años y 200.000 muertos. Pero, excluido el adiós a las armas, sucesivos Gobiernos han hecho papel mojado de sus aspectos fundamentales. Se trataba de una ambiciosa agenda para acabar con la miseria, las injusticias y la desigualdad que estuvieron en la génesis del más largo y sangriento conflicto latinoamericano y que básicamente todavía persisten.

Pese a todo, la presidencia del empresario Óscar Berger, que asumirá el cargo a mediados de mes, debe abrir una teórica puerta a la esperanza. No sólo por sus promesas de combatir la pobreza, el crimen organizado o la impunidad. También porque, bienvenido por Washington, debería recibir el apoyo de la superpotencia que hace 20 años hizo de la derrota de las guerrillas marxistas su prioridad absoluta en Centroamérica y ahora es parte insustituible de la dignificación de la región. Guatemala espera que el Congreso de EE UU ratifique el acuerdo de libre comercio firmado por la Administración de Bush con cuatro países centroamericanos. El tratado alumbraría miles de puestos de trabajo y, de rebote, reforzaría las desfallecientes instituciones democráticas guatemaltecas.

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