Aguirre permitirá que cada taxista posea hasta seis licencias

Cada taxista podrá tener hasta un máximo de seis licencias para explotar otros tantos vehículos. Ésos son los planes de la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Hasta ahora, la legislación sobre el taxi sólo permite poseer una licencia por persona física. En 2001, el ex presidente Alberto Ruiz-Gallardón intentó llevar a cabo una medida similar por la que se permitiría, tanto a personas físicas como a empresas (sociedades mercantiles, laborales o cooperativas de trabajo asociado), hacerse con un máximo de 15 licencias. El proyecto de Gallardón quedó aparcado ante las protestas del sector.

El sector del taxi se rige por un real decreto de 1979 y por la Ley de Ordenación de Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid de 1998. Según estas normas, está prohibido que un taxista pueda tener más de un permiso de explotación. Ahora, a petición de la Asociación Gremial del Taxi, que agrupa, según su presidente, Eladio Núñez, al 70% de los profesionales del sector, el Ejecutivo autonómico planea elaborar un reglamento que permita cambiar estas normas.

Aguirre quiere terminar con esta situación y llevar a cabo un cambio reglamentario, vía decreto, para permitir a los trabajadores del taxi acceder a un número de licencias "no superior a la media docena". La máxima responsable de la Comunidad pretende tener elaborado este reglamento en los 100 primeros días de su mandato (hoy se cumple el 37º).

Pese a la prohibición de la legislación actual, existen serias sospechas de que ahora hay taxistas que, por medio de personas interpuestas, poseen más de una licencia. Estos permisos, que otorga el Ayuntamiento, permiten que cada profesional pueda contratar a otros conductores (los llamados asalariados) para que exploten su taxi a tiempo parcial. Es algo que también está en la mente de Aguirre.

El gremio del taxi es "un mundo de autónomos donde generalmente son la mujer o los hijos los que tienen que ponerse al volante de otro taxi, sin tener esa vocación", afirma la presidenta. "Lo que sí quieren los taxistas es que los ahorros de toda una vida de trabajo puedan invertirlos en aquello que creen que es el sector del que pueden sacar mayor rentabilidad. Y eso, para ellos, es la adquisición de una licencia de taxi", concluye.

Empleo y ahorros

Los planes de la presidenta del Ejecutivo autonómico suponen que cada profesional del taxi pueda adquirir hasta un máximo de seis licencias. De tal forma que puedan emplear a otras tantas personas que conducirían otros tantos coches. "Esto contribuiría a la mejora del empleo y al tiempo facilitaría que ese pequeño empresario que es el taxista pudiera emplear los ahorros de su vida a eso que mejor conoce y le ofrece mayores garantías financieras". El sector del taxi da trabajo directo a unos 16.000 autónomos y a unos 4.000 asalariados en la región.

El Ayuntamiento de Madrid, del que dependen los taxis del área unificada (integrada por la propia capital y otros 23 municipios de la corona metropolitana) también ve con buenos ojos la elaboración de un nuevo reglamento que regule este sector. "Entendemos que hay que impulsar y modificar el actual reglamento, que data nada menos que del año 1979", declara José Ignacio Iturbe, director gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y responsable del transporte público. "Parece razonable adaptar el reglamento a las nuevas circunstancias y a los nuevos hechos mercantiles", agrega Iturbe. Éste cree, además, que habría que negociar con los taxistas, por ejemplo, la conveniencia de que todos ellos operasen a través de una única emisora -y no varias como hay ahora- y otros aspectos como si estos profesionales deben dedicarse en exclusiva al taxi o pueden compatibilizarlo con otros empleos.

En 2001, el entonces presidente del Gobierno regional y actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, redactó un proyecto por el que podrían optar a las licencias de taxi no sólo "personas físicas", sino también las "personas jurídicas, debiendo revestir éstas la forma de sociedad mercantil, sociedad laboral o cooperativa de trabajo asociado". Según estos planes, estas firmas podrían optar hasta a 15 licencias o al 10% de las existentes en cada municipio.

Sin embargo, el proyecto de Gallardón nunca llegó a ver la luz por la oposición de parte de los profesionales del sector. La Unión de Pequeños Transportistas (UPT-UGT) consideró que esa medida podía significar la puerta de entrada al sector para los grandes grupos económicos y el "hundimiento de miles de familias trabajadoras que viven del taxi", según declaró entonces el presidente de UPT-UGT, Eduardo Arriaga.