La ley fija el derecho a ser atendido en euskera pero no obliga al comercio

Los consumidores vascos tienen derecho ser atendidos en euskera y castellano en todas sus relaciones con los establecimientos comerciales y empresas de servicios que operan en Euskadi, según la ley del Estatuto de las Personas Consumidoras aprobada ayer por el Parlamento, que no establece sin ambargo plazos ni medidas efectivas para garantizar el ejercicio de este derecho en la práctica. La norma fue aprobada con los votos a favor de PNV, EA y EB-IU y la abstención del PSE, que se opuso al capítulo de la ley que establece los derechos lingüísticos. El PP y Sozialista Abertzaleak no participaron en el debate.

La nueva norma, presentada por el consejero de Industria y Comercio, Josu Jon Imaz, sustituye al Estatuto del Consumidor, que fue la primera ley autonómica en este ámbito, con el fin de adaptarla a las disposiciones dictadas por la Unión Europea para hacer frente a la globalización de los mercados y la llegada del euro. De paso se ha introducido un apartado dedicado a los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios, donde se establece el derecho de éstos a ser atendidos en los dos idiomas oficiales en todos los establecimientos comerciales y de servicios de Euskadi. Estos deberán "estar en condiciones de poder atenderles en cualquiera que sea la lengua oficial que se expresen". También se indica la obligación de que los rótulos, presupuestos, facturas y publicidad de los comercios sean bilingües. No obstante, no se no contempla, por ahora, ni plazos para exigir tales obligaciones no un régimen sancionador para las empresas o comercios que no las cumplan. El viceconsejero de Consumo, Rodrigo García Azurmendi, explicó que el marco de actuación se irá regulando vía decretos, y tras consensuarlo con los grupos parlamentarios y el propio sector comercial. En un intento de tranquilizar a los comerciantes, dijo que no se va a exigir una "atención bilingüe" inmediata al usuario de los pequeños comercios, sino que se hará de forma "progresiva". Añadió que no están previstas sanciones y que no se ha decido si se elegirá la vía de los plazos o de los ámbitos geográficos para aplicar esa previsión legal.

En nombre de su grupo, la parlamentaria del PSE Idoia Mendía se opuso a esta parte de la ley argumentando que el deber de la Administración pública de atender en euskera no puede trasladarse imperativamente al ámbito privado de los comercios.