Un juzgado de Orihuela recibe el caso de las cesiones de crédito de Cartagena
El ex consejero de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, será juzgado en la provincia de Alicante y no en la Audiencia Nacional por un presunto delito fiscal de 236.000 euros, en el denominado caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, según indicaron fuentes jurídicas. La pieza separada, que forma parte del sumario que mantiene imputado al presidente de la entidad bancaria, Emilio Botín y al resto de la cúpula del banco, ha sido recibida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela para que continúe el proceso judicial iniciado en la Audiencia Nacional.
La magistrada de la Audiencia Nacional, Teresa Palacio, decidió en junio pasado remitir las piezas separadas de los 100 clientes que presuntamente adquirieron cesiones de crédito de nuda propiedad a los juzgados donde éstos mantienen su residencia fiscal. En el caso de Cartagena es Orihuela.
La decisión de Palacio se debió a un dictamen de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que autorizó a abrir juicio oral contra Botín y varios ex directivos, pero que a la vez ordenó a la magistrada el desglose de la causa en tantas piezas separadas como clientes estuvieran imputados por este presunto delito fiscal. La marcha de Santos del caso y su reparto al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, dio un vuelco a la tramitación judicial, puesto que la Fiscalía solicitó su archivo. No obstante, la magistrada de la Audiencia Nacional rechazó los recursos de la Fiscalía y continuó el caso hasta junio.
Créditos opacos
El origen de la causa se inició en 1987 cuando el Banco Santander puso en el mercado la cesión de créditos, que ofrecían la posibilidad de no tributar por los beneficios obtenidos. El primer informe del fiscal del caso, en abril de 1997, Jesús Santos, concluyó que el banco había aportado nombres falsos para los clientes subscriptores de este tipo de créditos. En este sentido, imputó al ex consejero valenciano, quien presentó su dimisión el 15 de marzo de 1998. Un informe pericial atribuyó a Cartagena el nombre falso de un empresario ilicitano, Francisco Serrano Ibarra, quien invirtió en cinco ocasiones en este tipo de créditos desde 1998 una cantidad de 236.197 euros.
Este presunto delito fiscal será el que deba tramitar el titular del juzgado oriolano. El magistrado deberá pasar a la Fiscalía el expediente para que éste califique los hechos. La causa, si finalmente se abre vista oral, será enjuiciada por un juzgado penal, o por la sección de la Audiencia Provincial con sede Elche si el fiscal solicita una pena superior a los cinco años.
Cartagena está pendiente de la resolución del Supremo del recurso de apelación contra la sentencia que le condenó en 2001 a cuatro años de prisión por un delito de apropiación indebida.
