El Gobierno recurrirá el 'plan Ibarretxe' porque es ilegal y quiebra la Constitución

El Consejo de Ministros decidió ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional la aprobación por el Gobierno vasco del denominado plan Ibarretxe por "fraude de ley procedimental" y por "mutilar la Constitución, que sufre una quiebra en más de 100 puntos". Anunció un segundo recurso a la próxima decisión de la Mesa del Parlamento vasco que calificará dicha propuesta. El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, inscribió esta decisión en una ofensiva política en la que incluyó un requerimiento del Ministerio de Educación a la Consejería vasca para que retire el término "inmigrantes" de su circular en la que, a juicio del Ejecutivo, se equipara a "extranjeros" a los alumnos nacidos fuera del País Vasco.

El portavoz del Gobierno anunció otro recurso del Ministerio de Administraciones Públicas a un acuerdo sobre pesca del Ejecutivo vasco con Mauritania y recordó que Hacienda ha retenido 32,2 millones de euros que correspondían al Ejecutivo vasco por la negativa de éste a pagar esta cifra en la liquidación del Cupo de mayo. "El Gobierno impedirá con firmeza las decisiones del Ejecutivo vasco dirigidas por una estrategia de secesión", aseguró el portavoz.

El ministro de Justicia, José María Michavila, anunció que el recurso, cuya pretensión es paralizar el plan Ibarretxe, está basado en la capacidad jurídica del Gobierno para impugnar "actos de los Gobiernos autonómicos". Con ello califica el plan Ibarretxe como acto del Gobierno y no como proyecto de ley, pues en este último caso sería imposible el recurso a la "propuesta" (único término que incluye el texto del lehendakari).

El artículo 161.2 de la Constitución dice que sólo es posible "impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas", esto es, actos administrativos del Gobierno autónomo, pero no proyectos de ley.

El recurso del Gobierno central, según anunció el ministro de Justicia, se basa en que el acuerdo del Ejecutivo vasco, del 25 de octubre, contiene un "fraude procedimental" ya que "sigue el procedimiento de reforma del Estatuto vasco, regulado por su artículo 46, cuando se trata en realidad de una reforma constitucional". Según Michavila, el contenido de la propuesta y la declaración política con que Ibarretxe la acompañó confirman que "se trata de una reforma constitucional camuflada como estatutaria".

El ministro también argumentó que la propuesta de Ibarretxe intenta de hecho "una mutilación y una ruptura unilateral" en "más de cien puntos".

Michavila adelantó que planteará un segundo recurso, que se acumulará al anterior, contra el acuerdo de la Mesa del Parlamento vasco, una vez que califique la propuesta de Ibarretxe. Hasta ese momento, el Gobierno no planteará ningún recurso para el que dispone de dos meses desde que lo califica la Mesa, que se reúne el martes.

El informe del Servicio Jurídico del Estado en que se basará el recurso dice que "supone una consciente y deliberada iniciativa de ruptura constitucional" y la agrupa en cinco materias:

- Quiebra de procedimientos y formas que la Constitución prevé para su reforma. La iniciativa de Ibarretxe propone como fórmula de reforma, la prevista en el artículo 46 del Estatuto, para aprobar una propuesta de reforma constitucional. El Parlamento vasco podía haber iniciado legítimamente una reforma de la Constitución, al amparo del artículo 168 de la Norma Fundamental, pero no lo ha hecho.

- Quiebra de todas las instituciones constitucionales. Destaca, sobre todas, la propuesta de Ibarretxe de crear un Consejo General del Poder Judicial en el País Vasco y constituir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como órganos judicial de última instancia. También denuncia vulneraciones en el resto de poderes.

- Quiebra del reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. El texto enumera más de 30 vulneraciones, entre ellas, la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, la legislación penal o la inmigración.

- Quiebra de los principios democráticos de la Constitución. La propuesta de Ibarretxe fija la soberanía originaria en el pueblo vasco, cuando la Constitución la atribuye al pueblo español.

- Quiebra del respeto a la convivencia. El plan Ibarretxe plantea una recreación de las instituciones a la medida del Gobierno de turno, para excluir a los demás.