Vitoria expedienta a una veintena de promotores por retrasar 2.000 viviendas

El retraso en la construcción de pisos ya no resulta gratuito en Vitoria. El Ayuntamiento ha expedientado a una veintena de promotores porque no han presentado a tiempo la solicitud de obras para levantar 1.980 viviendas en los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana. Acumulan ya una demora de 15 meses.

La sociedad municipal Ensanche XXI acordó ayer enviar los expedientes a los constructores, que pueden presentar ahora sus alegaciones. Entre la veintena de afectados hay algunos casos especialmente graves. Mientras que la mayoría de constructores ha justificado los retrasos por distintos problemas en sus parcelas y ha informado de ello al Ayuntamiento en todo momento, un número reducido, "no más de tres" según fuentes municipales, no ha presentado ninguna excusa.

El convenio por el cual el Ayuntamiento se apropió en 1999 de los 6,2 millones de metros cuadrados que abarcan Salburua y Zabalgana, donde se edificarán 21.000 pisos, incluye unas cláusulas que prevén esta situación y obligan a quienes la incumplan a ceder a la otra parte el 3% de los pisos que les corresponden por cada mes de retraso. Al haber transcurrido un año y tres meses desde que los constructores debieron presentar sus solicitudes de licencia de obras, el consistorio podría reclamar ahora mismo incluso el 45% de esas 1.980 viviendas.

"Si los promotores argumentan causas justificadas, lo entenderemos", avanzó el alcalde, Alfonso Alonso. A su juicio, quienes no puedan explicar los retrasos plantean "un desafío al Ayuntamiento y al convenio firmado en su día", por lo que anunció que se les aplicarán las cláusulas con rigidez. De esos tres promotores, alguno tiene "importantes propiedades" en Salburua y Zabalgana, según fuentes municipales.

Toda la oposición apoyó ayer esta medida, pero con ciertos matices. Los nacionalistas, el PSE e Izquierda Unida critican al primer edil por esperar 15 meses para aplicar los expedientes.El convenio de Salburua y Zabalgana lo ideó y negoció el anterior alcalde, el nacionalista José Ángel Cuerda. Al llegar el PP a la alcaldía, y en colaboración de los socialistas, incluyó como principal novedad la cláusula referida a los plazos.

El PSE, cuyo apoyo al gobierno municipal de la derecha ha resultado básico en la política de vivienda en Vitoria en los últimos cuatro años, se preguntó ayer "por qué ha esperado 15 meses" el alcalde para aplicar esta medida, cuando las sanciones pueden alcanzar tanta gravedad.

La mayoría de los retrasos se debe a problemas de los constructores en sus parcelas, sometidas a régimen de proindiviso (que pertenecen a más de un propietario), pero en general los promotores "actúan de buena fe", según el portavoz municipal socialista, Patxi Lazcoz. La excepción está en la minoría que, después de 15 meses de retraso, ni ha presentado proyecto para sus promociones ni ha solicitado la licencia de obras. Lazcoz, quien comparte la aplicación de sanciones, entiende que Alonso llega tarde y por eso apuesta por "una huida hacia adelante. Él tiene parte de la responsabilidad", asegura.

De las 1.980 pisos afectados por el retraso, un total de 1.154 corresponden a Salburua y sus solicitudes de licencia debieron presentarse en julio del año pasado. Las otras 826, en Zabalgana, debieron pedirse en septiembre de 2002. Pertenecen a todas las tipologías, tanto de protección oficial (VPO) como libres.

Los nacionalistas enfocan su crítica hacia otro lado. Partiendo de la base de que están "totalmente de acuerdo" en las sanciones, recuerdan que una promoción estrictamente municipal, la de las torres de Salburua, también acumula un retraso de un año. "El Ayuntamiento no ha sido capaz de cumplir los plazos que él mismo ha impuesto", asegura el portavoz local del PNV, Mikel Martínez. En este caso, la demora se debe a que el concurso público para construirlas quedó desierto. Hubo que modificar el proyecto y repetir el concurso.

El Consejo de Administración de la sociedad municipal Ensanche XXI incluía otro asunto importante dentro de su orden del día. El alcalde llevó su propuesta para aumentar la densidad de edificación en Salburua y Zabalgana, una medida que implicaría construir 2.831 pisos más de los inicialmente previstos y que cambiaría el paisaje de esos barrios. La oferta de Alonso dejaría una densidad de casi 80 viviendas por cada hectárea, un 17% más de lo previsto anteriormente, que se conseguirá incrementando la altura de los edificios, aunque "se mantiene la estructura y la ordenación, con los equipamientos y las zonas verdes", avanzó el primer edil.

Esa propuesta, presentada hace un mes y contestada por la oposición, la avanzó a raíz de un informe de un grupo de expertos reunidos en el Plan Estratégico, que proponían cambiar la forma de entender de los nuevos barrios.

Alonso, en cambio, ha modulado su postura en el último mes. El alcalde propuso entonces destinar las nuevas viviendas al mercado del precio tasado, una fórmula intermedia entre los pisos protegidos y los libres. Sin embargo, ha cambiado de criterio. Ayer apostó porque el 100% de las viviendas sean protegidas.

El socialista Patxi Lazcoz, sin embargo, aseguró que el alcalde había propuesto la víspera, en una reunión con los promotores de Salburua y Zabalgana, una proporción distinta: "Nos dijo que quería un 65% de VPO y otro 35% de precio tasado. Ahora dice que el 100% de VPO. Eso es lo que proponíamos nosotros. No nos importa que nos copien las ideas, pero pedimos su paternidad".

La nueva estructura afectaría sólo a los sectores cuya construcción aún no ha empezado. Supondría distribuir los gastos de urbanización entre más pisos y, por tanto, abaratar los costes. Para llegar a un acuerdo, resulta fundamental el respaldo de los antiguos dueños del suelo de Salburua y Zabalgana, en su mayoría promotores inmobiliarios, porque habría que modificar el convenio.

Los promotores, según destacó el Ayuntamiento, han acogido la idea con "buena predisposición", pese a los recelos iniciales que tenían. Los beneficios, en cuanto a la rebaja de los costes, se distribuirán en un 50% entre el Ayuntamiento y los promotores.