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Columna
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Inmigración

La aprobación de la última reforma de la Ley de Extranjería ha coincidido con la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en la localidad mexicana de Cancún. La reforma de la ley ha contado con el apoyo del PSOE, que ha introducido diversas enmiendas que, si bien mejoran levemente el texto de la ley redactada por el Gobierno del PP, se muestran absolutamente inútiles a la hora de afrontar con humanidad y eficacia la cuestión de la inmigración. Las desafortunadas declaraciones con las que el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, celebró el acuerdo alcanzado -"Hay que trabajar con intensidad para frenar la marea de inmigración ilegal que asola España"- son la peor expresión de la incapacidad para afrontar ese fenómeno de las políticas nacionales. ¿Qué la inmigración ilegal está asolando España? Asolación, desolación, insolación y desconsuelo abundan en el mundo de la inmigración ilegalizada, pero Caldera equivoca radicalmente el ámbito en el que tales cosas acontecen.

"Nadie emigra sin que medie el reclamo de alguna promesa" (Enzensberger). Así es. ¿Y cuál es la promesa-reclamo hoy? La más simple de todas: la promesa de poder vivir una vida digna. En la práctica, y aunque pueda parecer groseramente demagógico, esto es lo que se defiende cuando nos aproximamos al fenómeno de la inmigración desde la perspectiva de las cuotas: lo que se defiende es que no todos los seres humanos tienen derecho a la vida digna. Que en función de nuestros intereses nacionales podemos negarnos a reconocer como prójimos a quienes llegan a nuestras fronteras en busca de un futuro mejor. La solidaridad, como si de un músculo moral se tratara, se fortalece con su ejercicio. Y al igual que ocurre con los músculos, cuando no se ejercita se ablanda y se retrae, hasta llegar al raquitismo.

En un momento histórico en el que el lema Homo sum: humani nihil a me alienum puto ("Hombre soy: nada humano me es ajeno") que el dramaturgo romano Publio Terencio acuñara en el siglo II antes de Cristo se ha vuelto literalmente cierto, el egoísmo de los nacionalismos de Estado amenaza con truncar el proceso histórico en virtud del cual la Humanidad, tras ensayar diversos caminos que aún son preferidos por algunas sociedades -por ejemplo, la afirmación de la preeminencia de la tribu, la nación, la religión o la etnia sobre el individuo- descubrió que el modo más eficaz de conseguir la felicidad y la justicia es afirmando el valor intrínseco de cada ser humano (Marina y Válgoma).

¿Debemos entonces abrir las fronteras sin ninguna restricción? El debate no puede resolverse sencillamente, pero la alternativa al "papeles para todos" no puede ser la conversión de las fronteras en feria o mercado donde adquirir sólo aquellos ejemplares humanos que, reducidos a recursos, pueden sernos de utilidad en un momento determinado. Una política para la prevención migratoria, que elimine las causas económicas que explican la migración forzada, entre las que destaca la abismal desigualdad entre países ricos y países pobres, es una alternativa más razonable y, sobre todo, más humana. Esta inmensa desigualdad y no la mayor o menor flexibilidad en las políticas de inmigración y acogida está actuando como un estructural "efecto llamada". Pero ello sólo será posible si asumimos que el universalismo nos exige no sólo actitudes éticas y compromisos políticos, sino también mecanismos de redistribución de recursos y bienes materiales.

Eso es, precisamente, lo que no se ha logrado en Cancún. Nada se ha avanzado en esta cumbre en el camino hacia la protección de los recursos que garantizan la seguridad alimentaria de los países pobres, ni en la desmercantilización de los sistemas agropecuarios que estos países precisan para responder a las necesidades de sus poblaciones, ni siquiera en la apertura de los mercados de los países ricos a los productos que los países del Sur quieran, sin imposiciones, dedicar a la exportación. En estas condiciones, sólo a un tonto o a un inmoral se le puede ocurrir pensar que una ley nacional orientada a la represión va a tener algún efecto sobre un fenómeno cuyo origen está en una estructura global de injusticia.

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