El Gobierno quiere anular todos los acuerdos en que participe Batasuna

La Abogacía del Estado solicitó ayer a la Sala Especial del Tribunal Supremo que declare nulos los acuerdos de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento vasco con los que se evitó, en una "maniobra descaradamente burda", la disolución del grupo Sozialista Abertzaleak (SA), la antigua Batasuna. El escrito advierte de que si no se disuelve a SA, serán radicalmente nulos todos los actos de la Cámara vasca en los que haya intervenido o intervenga de forma decisiva el antiguo grupo de Batasuna.

El escrito del Servicio Jurídico del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, recuerda las respuestas del Presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, al Tribunal Supremo en las que negaba la posibilidad de disolver al grupo parlamentario de la antigua Batasuna, así como la intervención de la Junta de Portavoces para "abortar" la decisión de la Mesa de la Cámara de pasar al Grupo Mixto al grupo Sozialista Abertzaleak.

Las tres resoluciones remitidas al Supremo "ponen de relieve la existencia de una reiterada y abierta voluntad el Presidente del Parlamento Vasco, de la Mesa y de la Junta de Portavoces contraria a la disolución judicialmente decidida del grupo parlamentario".

En opinión del abogado del Estado, la "contumaz" actuación del Parlamento Vasco es contraria a las normas constitucionales y legales, lo que determina que dichos acuerdos "sean nulos de pleno derecho".

El escrito agrega que del incumplimiento de las órdenes de disolución de SA por parte del Supremo, resulta una "nulidad absoluta y radical de todos los actos de dicho Parlamento en los que (...) haya intervenido o intervenga el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak".

Esa nulidad absoluta es también aplicable, según el Abogado del Estado, a "cualesquiera otros acuerdos que ahora o en el futuro se adopten por el Parlamento Vasco con la decisiva participación del grupo disuelto".

A título de ejemplo, el escrito cita la nulidad del acuerdo de disponer el grupo SA de locales y medios materiales, gozar de subvención económica o los acuerdos de la Junta de Portavoces en los que haya participado el "sedicente" portavoz del grupo, Arnaldo Otegi.

Además, según el Abogado del Estado, quedarían contaminadas de nulidad actividades de ordenación de la Junta de Portavoces; el derecho a intervenir y forma parte de comisiones permanentes o especiales, y actuaciones derivadas de los derechos reconocidos a los grupos en el procedimiento legislativo, tales como la presentación de proposiciones de ley, emisión de votos particulares o enmienda de transacción en el debate de pleno.

El PP y el PSE aplaudieron las peticiones contenidas en este escrito, presentadas ayer por el ministro de Justicia, José María Michavila.

El portavoz de SA, Otegi, dijo que la petición de disolución "no se va a materializar" porque el lehendakari, Juan José Ibarretxe, se comprometió en su momento a que ningún tribunal determine lo que los vascos quieren ser.