Morir en Guinea
La trágica muerte de la cooperante española Ana Isabel Sánchez Torralba no es sólo un "accidente" o un "lamentable error" de los sistemas de seguridad en Guinea Ecuatorial, como se ha apresurado a asegurar el Gobierno de Malabo y a repetir el de Madrid. Por el contrario, es el resultado de una forma de ejercer el poder que, en esta ocasión, ha afectado por un trágico azar a una ciudadana española. La realidad que ha puesto en evidencia la muerte de la cooperante española es la que viven día tras día los ecuatoguineanos, sometidos a vejaciones permanentes -que, como se ha visto en este caso, pueden concluir en tragedia- por las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad de un régimen al que el Gobierno de Aznar acaba de condonar la deuda, pese a sus ingentes ingresos petrolíferos.
La inanidad de la política española hacia Guinea Ecuatorial desde la llegada de Aznar al poder queda en evidencia en esta muerte absurda. Privado por una persistente voluntad de apaciguamiento de cualquier medio diplomático, no ya para presionar a Obiang, sino para hacerse simplemente respetar por él, el Gobierno de Madrid no tiene hoy otra salida que confiar en la justicia ecuatoguineana para que el responsable de esta muerte sea juzgado y condenado de acuerdo con la ley. Pero resulta que esa justicia y esa ley son las mismas que mantienen en prisión desde hace un año a más de sesenta opositores políticos al régimen, incluido el secretario general de los socialistas guineanos, Plácido Mikó, condenados a raíz de una farsa judicial celebrada en el cine Marfil. ¿Cómo se compagina esta lamentable situación de España en Guinea con las ínfulas internacionales de José María Aznar?
