El Gobierno cree "básico" que la Junta retire los recursos del censo para pagar lo que debe

El Gobierno de la nación sabe que debe dinero a Andalucía por la liquidación del anterior modelo de financiación, pero no está dispuesto a pagarlo hasta en tanto la Junta no retire los recursos planteados al Tribunal Constitucional por el no reconocimiento del censo de población. Así lo reconoció ayer en Sevilla el secretario general de Haciendas Territoriales, Rafael Cámara, tras celebrar una reunión "bastante atroz" -"la más inaceptable que recuerdo", dijo- con la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, quien, por su parte, denunció el "tono amenazante" de su interlocutor.

La falta de acuerdo por la financiación autonómica va para largo, según se pudo comprobar una vez más en la reunión celebrada en la sede de la consejería. Gobierno y Junta mantienen un conflicto sobre el dinero que ha recibido Andalucía en el quinquenio 1997-2001, que se regía por un modelo de financiación con el que no estaba de acuerdo la Junta. Esa discrepancia política dio origen a multitud de recursos en los tribunales por dos vías jurísdiccionales distintas.

Por un lado, la Junta recurrió ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la liquidación del 100% de los presupuestos asignados a la comunidad en esos años. Las entregas a cuenta del Gobierno a la Junta suponían el 98%, por lo que falta por liquidar el 2% restante. En este contencioso ya hay dos pronunciamientos de los tribunales con interpretaciones dispares. En un auto de la Audiencia, se insta al Gobierno a pagar la liquidación definitiva del presupuesto de 1997; mientras en otro del TSJM se insta a las partes a acordar la liquidación del ejercicio de 1998 en el seno de la comisión mixta Gobierno-Junta.

Por otro lado, la Junta recurrió al Tribunal Constitucional el anterior modelo de financiación porque, principalmente, no se reconocía la población real de la comunidad.

Pues bien, el Gobierno sabe que debe el 2% de todos los presupuestos -"no hace falta que lo diga la Audiencia, ya sé que me queda por pagar el 2% a Andalucía", dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en diciembre pasado-, pero no está dispuesto a pagarlo hasta en tanto la Junta retire los recursos al Constitucional.

El secretario general de Haciendas Territoriales, Rafael Cámara, ha sido, hasta el momento, el alto cargo del Gobierno que con más nitidez ha dicho lo que piensa y pide a la Junta para poner fin al conflicto, ya que hasta ahora los representantes del Ejecutivo central reclamaban un acuerdo que no estuviera pendiente "de la provisionalidad".

Cámara afirmó que "sin ningún género de duda" el Gobierno debe alrededor de 720 millones de euros por la liquidación, pero a renglón seguido comentó: "Lo que queremos es que se cierre el conflicto institucional". A Cámara se le preguntó en más de media decena de ocasiones sobre si con esa frase lo que quería decir era que la Junta retirase los recursos al alto tribunal y al final contestó: "Es básico".

A su juicio, la Junta mantiene "una actitud de combate" y de "bronca" con la Administración del Estado y "una nula voluntad de llegar a un acuerdo" porque "no está dispuesta a retirar los recursos". Cámara, que subrayó como gesto conciliador por su parte el haber celebrado la reunión que él pidió en Sevilla, se quejó de las valoraciones previas sobre la cita que hizo el portavoz del Gobierno andaluz y calificó la reunión como "una de las más inaceptables" que recuerda.

La consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, mantuvo la misma posición de siempre: "Ellos mezclan los dos asuntos. Si llegamos a un acuerdo sobre la liquidación del 2% retiramos los recursos del 2% y si llegamos a un acuerdo sobre él censo retiramos los recursos al Constitucional. Tema acordado, recurso retirado", enfatizó.

Álvarez aseguró que las demandas al alto tribunal "son la única garantía" que tiene la Junta "para cobrar el dinero" que se le debe. "Cuando el Gobierno documente administrativamente el dinero, retiramos los recursos porque es evidente que no nos fiamos. No tenemos nada que perder y mucho que ganar", aseguró Álvarez.

La consejera acusó al representante de Hacienda de "jugar con la complejidad del tema y la ignorancia de la gente" y de "buscar estrategias de distracción". Calificó la reunión de "fiasco" y criticó las "formas" empleadas por el secretario general de Haciendas Territoriales, quien, a su juicio, empleó un "tono amenazante", intentó "retorcer el brazo", "tomar el pelo" y "dar una nueva vuelta de tuerca". "Quiere que retiremos los recursos antes de llegar a un acuerdo, cuando son la única garantía para el acuerdo" , subrayó. Magdalena Álvarez no cree que tras la cita de ayer las relaciones estén peor que nunca, "sino igual que siempre".

La Junta insistió ayer en solicitar una reunión de la comisión mixta de transferencias Junta y Gobierno, "donde se graban las sesiones y se levantan actas", para acordar las cantidades sobre la deuda presupuestaria.