Gallardón tardará un año en eximir del tráfico a la policía
Una ley impide al alcalde, por ahora, realizar parte de sus reformas
Una de las principales promesas electorales de Alberto Ruiz-Gallardón -eximir a la Policía Municipal de la labor de regulación del tráfico, para poder dedicar a todos los agentes a combatir el crimen- carece ahora mismo de cobertura legal. La Ley de Fuerzas de Seguridad del Estado obliga a que sea la Policía Municipal la que regule la circulación, y el anteproyecto de Ley de Grandes Ciudades tampoco prevé, por el momento, modificar esa normativa como quería el alcalde. Ruiz-Gallardón negocia con el Gobierno central para garantizarse que podrá cumplir lo que prometió.
La plantilla de la Policía Municipal está formada con 6.300 agentes; de ellos, aproximadamente 3.800 se dedican a tareas de seguridad, 1.500 regulan el tráfico de la capital y otro millar realiza investigación de accidentes o forma parte de escoltas y comitivas oficiales, según la Concejalía de Seguridad. Con el plan que prometió el PP durante la campaña, los 1.500 agentes de tráfico pasarían a engrosar las filas de la policía de barrio o serían destinados a otras tareas directamente asociadas a la lucha contra el crimen. Serían sustituidos -de manera progresiva en los próximos cuatro años- por un cuerpo de entre 800 y 900 funcionarios públicos, uniformados pero no armados, con rango de agentes de la autoridad.
Eso es lo que dijo Ruiz-Gallardón que haría. Lo que no dijo es que todo el plan depende de que el Congreso de los Diputados cambie una ley orgánica, la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que obliga a las ciudades que disponen de Policía Municipal a que sea ésta la que se ocupe de regular el tráfico.
El ahora alcalde confiaba en que la futura Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local -conocida como Ley de Grandes Ciudades, aún en tramitación y que se aplicará a todas las urbes de más de 250.000 habitantes- incluyera un artículo que modificase aquella otra normativa y facultase a los gobiernos de las grandes urbes a decidir a quién encomiendan el control de la circulación viaria.
Prioridad
Pero el anteproyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó hace tres semanas no incluye ese artículo. La disposición adicional novena sobre Policías Locales se limita a señalar: "Se potenciará la participación de los cuerpos de Policía Local en el mantenimiento de la seguridad ciudana, como policía de proximidad, así como en las funciones de Policía Judicial". Es decir, se establece que la lucha contra el crimen será la prioridad de la Policía Municipal, pero no que los agentes de tráfico puedan dejar esta labor para dedicarse exclusivamente a combatir la delincuencia.
En el equipo de Ruiz-Gallardón admiten su decepción, aunque aseguran que aún pueden encauzar la situación durante la fase de tramitación parlamentaria de la futura ley. Para ello, miembros del gobierno municipal se reunirán la próxima semana con representantes del Ministerio de Administraciones Públicas y les plantearán la necesidad de introducir, a través de una enmienda al anteproyecto, esa modificación concreta a la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Pero el gobierno municipal del PP no las tiene todas consigo. Primero, porque el Gobierno podría haber introducido ya esa modificación al elaborar el anteproyecto, como pidió expresamente Ruiz-Gallardón, y no lo ha hecho. Segundo, porque existe un obstáculo formal a la propuesta: en teoría, una ley ordinaria como la de Grandes Ciudades -cuya aprobación requiere sólo de mayoría simple- no puede modificar una normativa de carácter orgánico como es la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que exige ser aprobada por mayoría absoluta.
La solución que manejan en el equipo del alcalde pasaría por votar primero la Ley de Grandes Ciudades, y después, separadamente y por mayoría absoluta, el artículo de ésta que modifique la normativa superior. En cualquier caso, el Congreso no aprobará la Ley de Grandes Ciudades antes de fin de año, de modo que el plan de Ruiz-Gallardón de eximir de la regulación del tráfico a los agentes municipales podría retrasarse al menos un año.
En previsión de que las negociaciones con el Ministerio de Administraciones Públicas no den el fruto esperado, la Concejalía de Seguridad baraja un plan B: crear, dentro de la Policía Municipal un escalón especial, nuevo, de agentes uniformados pero no armados -y a los que no habría que formar como policías-, que serían los encargados de las labores de circulación viaria. El problema es que eso saldría "mucho más caro", según admiten en el Ayuntamiento, y la negociación con los sindicatos policiales sería ardua.
Un "contrato" con letra pequeña
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se reunió el pasado día 17 con el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, para trasladarle su satisfacción con el anteproyecto de Ley de Grandes Ciudades, que amplía el margen de autonomía de las urbes con más de 250.000 habitantes y, sobre todo, deja más libertad de acción al gobierno municipal.
Sin embargo, ese borrador de ley, en el que el equipo del nuevo regidor tenía puestas muchas esperanzas, traiciona las expectativas de Ruiz-Gallardón en varios puntos de ese "contrato con los ciudadanos" que es su programa electoral. No sólo no incluye la pretensión de eximir a la Policía Municipal de las labores de regulación del tráfico. Tampoco prevé las modificaciones en la estructura tributaria que le permitirían instaurar en el Ayuntamiento, como prometió, un sistema de impuestos "más equitativo".
El ahora alcalde proponía, por ejemplo, que el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) fuera progresivo: actualmente, todos los edificios de Madrid, salvo los de máximo valor catastral, aplican el mismo tipo impositivo (con diferencias según el tipo de inmueble: vivienda, uso deportivo); el regidor quiere establecer varios tramos, de forma que el tipo impositivo vaya aumentando a medida que crece el valor del piso.
Pero el proyecto de Ley de Grandes Ciudades no recoge esa posibilidad. "Intentaremos que se incorpore en el proceso de enmiendas parlamentarias", alegan desde el equipo de Ruiz-Gallardón, idéntico argumento al que plantean ante la falta de cobertura legal de la pretendida reforma de la policía.
Lo mismo sucede con otra pretensión del nuevo alcalde excluida del anteproyecto: un incremento en el porcentaje que el Gobierno entrega a Madrid del dinero recaudado en su territorio por IRPF, IVA e impuestos especiales (tabaco, alcohol, hidrocarburos). Ese incremento permitiría a la capital "aumentar el peso que tiene en el total de sus ingresos la parte que depende de la pujanza de Madrid", explican en el Consistorio.
Ruiz-Gallardón confía en que estas reformas puedan echar a andar el año que viene, tras la aprobación de la Ley de Grandes Ciudades. Pero todo depende de que en la tramitación parlamentaria de esa ley sus propuestas sean mejor recibidas que en la fase de elaboración del anteproyecto.
