53 propietarios de dos promociones de viviendas demandan a la empresa pública Ripollet Invest, SA
Numerosos desperfectos en suelos, paredes y accesorios, en unos pisos concedidos por sorteo
En las fotografías de entrega de llaves, los propietarios de pisos subvencionados ponen la misma cara que si les hubiese tocado el gordo de la lotería. No es para menos, los precios de la vivienda están por las nubes y un piso de protección oficial es como un tesoro. Pero en el caso de los propietarios de dos promociones de la empresa pública Ripollet Invest, participada por el Ayuntamiento de la localidad y la Diputación de Barcelona, la euforia inicial pronto se convirtió en indignación. La mayoría tuvo que arreglar, con dinero de su propio bolsillo, el suelo y las paredes. También descubrieron que se les habían escatimado accesorios, y decidieron no quedarse con los brazos cruzados.
Los propietarios son 53 y sus viviendas están situadas en las calles de Verema y Rambla de les Vinyes. Decidieron recurrir a la vía judicial para que Ripollet Invest, una sociedad constituida para la promoción de viviendas sociales y equipamientos terciarios, les indemnizara. De los 53, 46 están a la espera de sentencia en los juzgados de Cerdanyola. Cuatro están en otro momento del proceso, a la expectativa de que sea la Audiencia Provincial de Barcelona la que se pronuncie, ya que Ripollet Invest recurrió contra las sentencias de los juzgados de Cerdanyola, favorables a los demandantes. Otros dos ya han llegado al final del camino: tienen sentencia firme de la Audiencia, que condena a Ripollet Invest a pagar una suma de 5.647,57 euros a los propietarios, Jesús Martínez y Lidia Godayol.
Pero el dinero que podría desembolsar esta empresa de capital público podría ser muy superior si se tiene en cuenta que cada propietario está pidiendo indemnizaciones de entre 6.000 y 12.000 euros.
Críticas a la promotora
La Audiencia es muy crítica contra Ripollet Invest. Los jueces afirman: "Tenemos que destacar la descuidada gestión que la demandada, Ripollet Invest, mantiene sobre una actividad tan relevante como la construcción de viviendas". Aquí no se acaban las críticas de los jueces, quienes señalan: "Ha sumergido en la confusión más absoluta su actividad, convirtiendo en complejo el trabajo de identificación de una memoria de calidades, aplicada a promociones completas de viviendas".
Martínez también lanza sus dardos contra el Ayuntamiento de Ripollet porque "se ha negado a llegar a acuerdos extrajudiciales con los propietarios, ya que de esta manera se podrían evitar los costes de los procedimientos judiciales". Martínez recibió las llaves para entrar a vivir a su piso en noviembre de 1998, pero necesitó casi dos años y se gastó 18.000 euros antes de poder trasladarse a la nueva vivienda. Su caso no es una excepción.
La mayoría de los vecinos han tenido que cambiar el suelo, hacer reformas en las paredes, cambiar las puertas y las baldosas de los baños, etcétera. Este propietario sostiene que "había vecinos muy preocupados porque tenían hijos pequeños y el suelo estaba lleno de agujeros, tenían miedo de que el niño se hiciera daño". Martínez también descubrió, al acudir al Ayuntamiento y pedir los papeles de su piso, que tenía derecho "a radiadores, a más muebles en la cocina y a revocados en la pared".
Este propietario firmó un contrato privado sobre los planos. Es algo muy usual en los pisos de protección oficial: se firma un contrato en el que sólo se detallan los metros cuadrados y el número de piso, pero no se estipula ni el material que se utilizará ni qué mobiliario habrá. La abogada de Martínez, Pilar Cerdà, explica: "Hay mucha desinformación, la gente no sabe que tiene derecho a ver los documentos técnicos". En otras palabras, el informe que tiene el Ayuntamiento con todo lo que tendría que tener el piso en el momento que el propietario firma el contrato. Además, continúa la abogada, "hay gente que piensa que como es un piso de protección oficial, aunque tenga deficiencias, no tienen derecho a pedir nada". Sin embargo, Martínez y 52 propietarios más decidieron que sí tenían derecho a indemnizaciones. ¿Por qué no reclamar que se arreglen los desperfectos en vez de pedir indemnizaciones? Cerdà explica: "Porque hay una total desconfianza, se había intentado negociar y pedir que se arreglaran las cosas de forma reiterada antes de ir a juicio, pero sin resultados".
Los responsables de Ripollet Invest aseguran que están dispuestos a asumir todas las responsabilidades judiciales, pero que no puede responder porque los pisos se hicieron como se hicieron y porque no se llegó a un acuerdo previamente. El argumento es que había otro equipo gestor.
