El PP limita a seis meses el plazo para que los fiscales investiguen los hechos delictivos

Los fiscales sólo dispondrán de seis meses para investigar sobre los presuntos delitos antes de archivar la causa o presentar denuncia en lugar del plazo indefinido del que disfrutan hoy. El Congreso aprobará el jueves el proyecto de Ley de Reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal enmendado en el Senado, donde se establece que sólo el fiscal general podrá ampliar el plazo de investigación si lo considera oportuno. Las asociaciones de fiscales y la oposición consideran que esta medida pretende dinamitar la Fiscalía Anticorrupción y aumentar la dependencia del ministerio público respecto al Gobierno.

La decisión de modificar el artículo 5 del Estatuto Fiscal limitando el periodo de que disponen los fiscales para realizar sus pesquisas se incorporó al proyecto de ley en su última fase de elaboración en el Congreso de los Diputados. La propuesta partió de Convergència i Unió. Las asociaciones fiscales consideran que esta medida se dirige principalmente contra la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Carlos Jiménez Villarejo, cuyas investigaciones suelen durar más de medio año.

El proyecto de Ley de Reforma del Estatuto Fiscal entró en el Senado el pasado 13 de marzo. Después de superar cuatro propuestas de veto de Eusko Alkartasuna, Entesa Catalana de Progrés, IU y PSOE, el proyecto de ley volvió ayer al Congreso con un par de correcciones de pura forma y una enmienda fundamental: que el fiscal general del Estado tenga la potestad de prolongar el plazo de las diligencias de investigación a más de seis meses si existen motivos para ello. El texto que había llegado al Senado no contemplaba ni tan siquiera una prórroga para aquellas investigaciones que pudieran prolongarse más de medio año. José Antonio Martín-Caro, de la conservadora Asociación de Fiscales, considera que la apostilla del Senado hace la reforma "un poco más lógica".

"Malos tiempos"

Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, va más lejos y opina que restringir las indagaciones a un plazo máximo de seis meses "hace desaparecer las diligencias de investigación, lo que constituye la última forma de controlar al ministerio fiscal". Camacho cree que la entrada en vigor del nuevo estatuto supondrá "malos tiempos para la fiscalía". "Se nos va a centrar en la persecución de la pequeña delincuencia, que preocupa a un sector de la sociedad, y parece que la corrupción, que afecta a muchísima más gente, no preocupa", afirma. Y añade: "Es un modelo que paraliza la institución"

El portavoz del Grupo Socialista en la comisión de Justicia e Interior del Congreso, Javier Barrero, abunda en que la medida "busca vaciar de contenido al fiscal anticorrupción". Según Barrero, los socialistas están de acuerdo en que se debe limitar el tiempo de investigación para evitar que procesos injustificadamente largos manchen la imagen pública de los implicados en ellos. Sin embargo, para algunos delitos de especial relevancia, como de los que entiende la fiscalía anticorrupción, "los plazos no deberían limitarse".

El hecho de que el fiscal general del Estado sea la única instancia con potestad para prolongar el periodo de investigación tampoco es bien acogido por los fiscales progresistas ni por la oposición, y según Barrero "responde a un autoritarismo demencial y a una obsesión del Gobierno de controlarlo todo".

Únicamente los fiscales conservadores consideran positivo que la Fiscalía General del Estado decida sobre la continuidad de las investigaciones más allá del medio año previsto por la reforma del Estatuto: "Ya que alguien tiene que adoptar una norma de prórroga, veo bien que sea un órgano interno, el que sea, del ministerio fiscal", afirma José Antonio Martín-Caro.