Lula, reformista
En su quinto mes al frente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva ha propuesto a las Cámaras un ambicioso programa de reformas, básicamente concretado en el recorte de prestaciones de la Seguridad Social y en el sistema público de pensiones, con el fin de garantizar su viabilidad. Además de la contestación del sector más radical de su propio partido, la anteposición de esas actuaciones reformistas a otras con mayor proyección social y aparente rentabilidad política, pero menos compatibles con la estabilidad de la economía, ha sorprendido a quienes supusieron que la llegada del presidente Lula al poder sería el principio del caos.
Los resultados que exhibe Brasil hasta la fecha dejan pocas dudas acerca de la senda de estabilidad y crecimiento iniciada en estos meses. La economía crece, la inflación, el déficit y la deuda pública se reducen y, consecuentemente con ese cuadro virtuoso, la prima de riesgo se encamina hacia niveles más razonables, al tiempo que la moneda local se aprecia frente al dólar.
Lejos de echar las campanas al vuelo, Lula ha dado muestras de sensatez y responsabilidad y se propone eliminar algunas restricciones sobre las finanzas públicas y el crecimiento que han sobrevivido a los últimos gobiernos. El aumento de la edad mínima de jubilación, la limitación de la cuantía máxima de las pensiones y el aumento del periodo de trabajo para su disfrute, la eliminación de la exención de cotización a la Seguridad Social de los funcionarios y de los jubilados o la reducción de las pensiones de viudedad son algunas de las medidas a las que el propio Lula se opuso en sus quince años de candidato a la presidencia. Que ahora las aborde, con el respaldo de los gobernadores de los 27 Estados de Brasil, es una señal de responsabilidad que refuerza la confianza en el futuro de una economía llamada a jugar un papel determinante en la región.
El empeño no es fácil. Pero de su éxito no sólo dependerá la liberación de esos 1.700 millones de reales para financiar su plan contra la pobreza -Hambre Cero-, sino para que en el conjunto de Latinoamérica broten opciones políticas nuevas que traten de compatibilizar la estabilidad del crecimiento con su más justa distribución. La condición es hacer creíble la lucha contra la corrupción, algo que deberían anotar los países vecinos y apoyar incondicionalmente las instancias internacionales.
