Fiscales de Madrid apoyan a su jefe y se rebelan contra Cardenal
Critican al fiscal del Estado por "atacar la libertad de expresión"
La Junta de Fiscales de Madrid cerró filas ayer en torno a su jefe, Mariano Fernández Bermejo, y valoró las diligencias informativas abiertas contra éste como "un ataque a la libertad de expresión" por parte del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. La Junta ratificó por unanimidad las críticas al Ministerio de Justicia por la falta de medios materiales y personales para poner en marcha los juicios rápidos.
La Junta de Fiscales de Madrid, a la que asistieron alrededor de un centenar de los 184 integrantes de la plantilla, ratificó por unanimidad un comunicado en el que, "en ejercicio de su responsabilidad colectiva", ratifica y asume en su integridad su acuerdo del 14 de marzo pasado en el que vaticinaba el "fracaso" de la ley de juicios rápidos por falta de medios materiales y personales para su entrada en vigor.
Los fiscales indicaron en otro punto de su acuerdo que las diligencias abiertas al fiscal jefe de Madrid por la Fiscalía del Estado, a propósito del anterior comunicado, "suponen un ataque a la libertad de expresión de la Junta".
El teniente fiscal o número 2 de la Fiscalía de Madrid, Pedro Martínez, aseguró que la Junta, por unanimidad, asumió la responsabilidad colectiva de las declaraciones realizadas por su jefe, Mariano Fernández Bermejo, por lo que "se les debería haber abierto diligencia a todos" los fiscales.
Según el teniente fiscal, las diligencias abiertas a Fernández Bermejo suponen "un ataque a la libertad de expresión colectiva de la Junta".
Antonio Camacho, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales -asociación a la que pertenece Fernández Ber-mejo-, consideró que la apertura de diligencias fue un "acto de censura" a las Juntas de Fiscales y añadió que se ha utilizado la vía disciplinaria "para fines distintos a los previstos en el Estatuto del Ministerio Fiscal".
El acuerdo por el que le fueron abiertas diligencias al fiscal jefe de Madrid decía que la ley plantea problemas desde el punto de vista de garantías para los intervinientes (perjudicados, procesados, etcétera) y desde el punto de vista de la constitucionalidad, "aunque este es un juicio técnico de la Junta", precisó Camacho. "Si sigue la situación actual de falta de medios en la Fiscalía de Madrid, con unas plantilla extremadamente cortas, la ley de juicios rápidos es inasumible y habrá que suspender o inasistir a otra serie de actos", agregó el portavoz de la UPF.
Camacho se quejó de que la Fiscalía General del Estado, con su decisión, "ha ninguneado" a la Junta de Fiscales de Madrid e insistió en que sólo faltan 24 días para la entrada en vigor de la ley de juicios rápidos y "lo que no se ha hecho hasta hoy, difícilmente podrá ser utilizado el 28 de abril".
En el comunicado emitido el pasado día 14, la Junta de Fiscales denunciaba "la intolerable rebaja de las garantías procesales que supondrá para los ciudadanos la aplicación de la ley de juicios rápidos", que faculta al juez "para que se constituya en dueño de las medidas cautelares y en órgano enjuiciador en casos de conformidad [del reo con la pena]". La Junta consideraba que parte del contenido de la ley es "inconstitucional".
Además, en declaraciones públicas, el fiscal jefe, Mariano Fernández Bermejo, manifestó que Madrid necesita otros 69 fiscales para aplicar esta ley. Es decir, que, al menos, "haya un fiscal por cada juzgado", porque si no se crean esas nuevas plazas, el resultado será que los fiscales, como ya ocurrió con la Ley de Enjuiciamiento Civil, no puedan acudir a todos los actos procesales a los que la ley les obliga.
La apertura de diligencias informativas al fiscal de Madrid ha causado extrañeza en medios judiciales y fiscales, por cuanto a Fernández Bermejo se le considera virtualmente destituido en cuanto entre en vigor en las próximas semanas el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta norma obliga a los fiscales jefes con más de cinco años de antigüedad a cesar en el cargo y aunque pueden ser confirmados, Fernández Bermejo encabeza la lista de los considerados "no renovables".
Preocupación por Garzón
La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) expresó ayer su preocupación por la propuesta de apertura de expediente disciplinario al juez Baltasar Garzón, por una supuesta falta grave consistente en "dirigir a los poderes o autoridades felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez o sirviéndose de esta condición".
JpD afirma que los jueces tienen límites cuando actúan en el ejercicio de su función jurisdiccional, pero cuando "no utilizan sus sentencias "y lo hacen como ciudadanos", no tienen más limitaciones que cualquier otro en el uso de su libertad de expresión.
La asociación judicial progresista considera "llamativo" que "cuando los comentarios han sido laudatorios al Gobierno o sus integrantes, no se ha reaccionado de la misma forma".
