Una juez encausa a cuatro técnicos municipales por tráfico de influencias

La juez Purificación Elisa Romero ha decidido sentar en el banquillo de los acusados, por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, a cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Madrid vinculados al caso del polémico precinto de la sauna gay Paraíso, una presunta trama de corrupción municipal destapada en 1996. La magistrada, del Juzgado de Instrucción 37, ha decidido desglosar de la causa principal la actividad de otras cuatro personas imputadas en estas mismas diligencias, y ordena que estas últimas sean investigadas por tráfico de influencias.

Los cuatro técnicos municipales serán juzgados en la Audiencia de Madrid y se enfrentan a penas de entre cuatro meses y dos años y cuatro meses de cárcel por delitos de cohecho (soborno a un funcionario), cooperación para el cohecho y tráfico de influencias.

Tras una larga investigación, el fiscal ha elaborado su relato de hechos sobre este polémico caso, que salió a luz al trascender que la Policía Municipal de Madrid había irrumpido, en mayo de 1995, en la sauna gay Paraíso, situada en el número 15 de la calle del Norte (Centro). Los agentes entraron cuando la sala estaba abarrotada de clientes, y la precintaron tras anotar los nombres de todos ellos. La sauna estaba entonces a la espera de obtener la necesaria licencia municipal de apertura.

El cierre enfadó a Francisco Herrero Cogorro, dueño del establecimiento. Herrero denunció entonces que había pagado fuertes sumas de dinero a varios técnicos municipales para que acelerasen la concesión de la licencia o, en su caso, bloqueasen la clausura del local por parte del Ayuntamiento. La juez que lleva el caso ha decidido que Herrero Cogorro se siente también en el banquillo por un supuesto delito de cohecho (soborno).

Primer pago

El escrito de acusación del fiscal es taxativo: Francisco Herrero conoció "a comienzos de 1995 al también acusado Carmelo García Sánchez", a la sazón "delineante de la Gerencia Municipal de Urbanismo". A cambio de un primer pago de 500.000 pesetas de entonces (3.000 euros) y de otras 500.000 cada trimestre, García, según el relato del fiscal, "se ofreció a mediar" para que los técnicos municipales que tramitaban la licencia de apertura de la sauna activasen su concesión.

De ese acuerdo también formó parte, según el ministerio fiscal, otro de los acusados: Jerónimo Pablo Martínez, compañero de García en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Pero el dueño de la sauna llegó a la conclusión de que estos técnicos no le resolverían su problema, y no llegó a hacer la entrega del dinero. De hecho, la sauna Paraíso fue precintada el 3 de marzo de 1995 por decreto de la Junta Municipal del distrito Centro.

Resulta que Francisco Herrero también era propietario de otra sauna, la Príncipe, enclavada en la calle del mismo nombre. Según el fiscal, esta sauna sí poseía licencia de apertura, pero le faltaba la de actividad. Por ello, Herrero contactó con el también funcionario municipal Roberto Martínez Guindal.

Cuando se produjo ese contacto, Martínez Guindal, que era delineante municipal en excedencia, trabajaba por cuenta propia. Pero Martínez era, a su vez, amigo de Juan Bautista Beltra, con quien había trabajado en la Junta Municipal de Vallecas. Beltra, por entonces jefe de negociado de Industria de la Junta de Centro, tenía en su mano la posibilidad de evitar el cierre de la sauna Príncipe.

Herrero les ofreció un millón y medio de pesetas (9.000 euros) para que entre ambos solucionasen sus problemas con la licencia. Según el fiscal, durante la investigación judicial ha quedado "acreditado" que Herrero entregó 110.000 pesetas (660 euros) a Roberto Martínez Guindal y 100.000 pesetas mensuales (600 euros) a Juan Bautista Beltra entre octubre de 1995 y mayo de 1996 (ocho pagos).

En un principio, las gestiones de ambos dieron fruto, ya que una de las órdenes de cierre dictadas por el Ayuntamiento de Madrid contra la sauna Príncipe, que debía ejecutarse el 3 de mayo de 1995, no prosperó. Nada pudieron hacer, sin embargo, contra la segunda orden de cierre de dicha sala, que se ejecutó el 20 de octubre de ese mismo año.

Herrero Cogorro, al ver que su local había sido precintado, destapó entonces una supuesta trama de corrupción que afectaba a otras personas y a distintos establecimientos. En ella se vieron implicados algunos de los técnicos ya citados, además de otros cuatro contra los que se deduce ahora testimonio.

Como a raíz de las primeras investigaciones por el cierre de las saunas han aparecido otros implicados y otros supuestos hechos delictivos, la juez ha desglosado parte de las diligencias y ha ordenado deducir testimonio contra otras cuatro personas, la mayoría también funcionarios del Ayuntamiento de la capital, por tráfico de influencias. La juez Purificación Elisa Romero entiende que no hay conexión entre ambos asuntos (el cierre de las saunas y el resto de irregularidades que afloraron a raíz de lo denunciado por Herrero).