Ayudar a los mayores
El Tribunal Constitucional en su reciente sentencia de 11 de diciembre de 2002, ha fallado que la Junta de Andalucía no invadió las competencias del Gobierno Central en materia de Seguridad Social. Pero, al parecer, este pronunciamiento del Alto Tribunal no ha contribuido a hacer entrar en razón a quienes, desde algunos ámbitos políticos, siguen cerrando los ojos a la realidad.
No es cierto que en Andalucía las pensiones no contributivas sean especialmente bajas. La cuantía es igual que en el resto de España, ciertamente baja en todo el Estado, y necesita ser mejorada desde la competencia autonómica de ayuda social. Pero en Andalucía, especialmente, partimos de una situación desigual y de una mayor desventaja en cuanto a los indicadores socioeconómicos, niveles de empleo, renta, riqueza y grado de desarrollo. Ante esta realidad, la administración autonómica ha actuado para garantizar el mejor disfrute de los derechos de los andaluces en todos los órdenes, de acuerdo con el legítimo ejercicio de sus competencias. Por eso, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó una ayuda para las personas que perdían poder adquisitivo con el aumento establecido por el Gobierno Central.
No podemos olvidar que las pensiones no contributivas se incorporaron a nuestro Ordenamiento de Seguridad Social mediante Ley en diciembre de 1990, precisamente con tal nombre: pensiones, pese a que su razón de ser, su devengo y su financiación poco tiene que ver con el sistema contributivo clásico vigente hasta entonces. Su inspiración y esencia es netamente asistencial.
Por tanto, si bien el Gobierno autónomo no tiene competencias para subir pensiones, sí las tiene para decidir cuándo y cuánto y de qué manera (con carácter periódico o no) aprueba ayudas excepcionales de las mismas, claramente insuficientes, ante su falta de revalorización adecuada por parte del Gobierno de la Nación.
Es más, el hecho de que el Gobierno del PP haya recurrido ante el Tribunal Constitucional los primeros Decretos andaluces que fijaban estas ayudas, ha impedido, a la postre, consolidar en sucesivos ejercicios dicha medida hasta tanto se hubiera despejado la "duda jurídica constitucional" sobre el recto proceder en el ejercicio de sus competencias de las Administración autonómica, como así ha ocurrido. El PP de Andalucía critica que desde el año 1999 no se hubiera realizado una nueva ayuda de las pensiones no contributivas y acusa a la Junta de Andalucía de realizar este año 2003 una medida electoralista. Pero deben recordar que en los años 2000, 2001 y 2002 no se ha podido realizar esta ayuda por el recurso que el Gobierno central había presentado ante el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, un tratamiento igualitario a la baja de las pensiones no contributivas en todo el territorio nacional, como pretende el Gobierno del PP, no contribuye a garantizar ese mínimo de dignidad y de cohesión para todos los perceptores de estas pensiones, con independencia de su lugar de residencia. Pareciera que el Gobierno de la nación está más preocupado de poner suelo a la pobreza y no poner techo a la riqueza. Las pensiones no contributivas en Andalucía han subido en el año 2003, al igual que en el resto de España, un 2%, tal y como ha informado el Gobierno Central. Aunque el autor del artículo publicado en este mismo diario el día 13 de febrero diga que la subida en Andalucía es de un 4%.
Si no se crean condiciones de justicia social razonables impulsadas desde el poder central, concretadas en la política de pensiones no contributivas, el esfuerzo que comporta una exigencia ética y social, deberá hacerse desde cada ámbito autonómico, en la medida de sus posibilidades.
El PP una vez más está en contra de Andalucía, porque mientras interpone recursos ante el Tribunal Constitucional para paralizar la política social de la Junta de Andalucía con los más desfavorecidos, el ministro Zaplana se dedica a enviar a los perceptores de pensiones no contributivas una carta anunciando una subida del 2%. Y además acusa al Consejero de Asuntos Sociales de informar a los pensionistas. Es muy demagógica la actitud del PP en este asunto, teniendo en cuenta que la Ley de Pensiones No Contributivas confiere a las comunidades autónomas la gestión de estas pensiones, por lo tanto es competencia de la Junta de Andalucía la información, aprobación y denegación de las mismas.
El día en que las pensiones no contributivas sean el 75% del salario mínimo interprofesional estaremos de acuerdo con la política de pensiones que propone el Gobierno. Pero ese día no ha llegado y nos tememos que no va a llegar, ante los recortes que el Estado de Bienestar está sufriendo sacrificado a la prioridad de la única política económica que al parecer obsesiona al Gobierno del PP, la reducción de déficit público. No es de recibo que España sea el país de la Unión Europea que menos invierte en políticas sociales, apenas el 19% del Producto Interior Bruto, y sólo un 0,7% en políticas de familia.
Carmen Peñalver Pérez es portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento Andaluz
