Universidades con 'copyright'
Los rectorados aprovechan la reforma obligatoria de Estatutos para crear sus propias 'marcas' La comisión es partidaria de ratificar al rector Tomás, el primero elegido por la LOU
Las universidades públicas valencianas han optado por hacer de la dificultad, una virtud. De manera que el proceso de reforma estatutaria -al que se han visto abocadas por imperativo legal con la entrada en vigor de la impopular Ley Orgánica de Universidades (LOU)- se convierta, en la medida de lo posible, en un proceso útil que transforme un instrumento jurídicoadministrativo nacido con la democracia (y, por tanto, que se había anquilosado con los años) en un moderno software que imprima operatividad y flexibilidad a la organización, docencia e investigación en el sistema de enseñanza superior.
Los equipos rectorales valencianos -según han adelantado en entrevista cuatro vicerrectores a EL PAÍS- se proponen, además, que los nuevos Estatutos sirvan para proyectar y catapultar una imagen singularizada y propia de cada universidad que haga posible competir por nuevos clientes universitarios, en un mercado en franco retroceso -con una caída oficial en el último quinquenio del 25% de la matrícula-. Y todo ello, en un momento complejo como el actual donde el Gobierno popular ha apostado por la implantación de un modelo universitario que busca claramente la liberalización y/o privatización de titulaciones y centros.
Para salir a competir por un mercado estudiantil que, además, tiene que prever desde ya su incorporación al espacio único europeo antes de la fecha tope fijada en la Declaración de Bolonia en el 2010, las universidades valencianas -fieles al talante innovador demostrado en proyectos que han sido exportados luego a otras autonomías- se proponen convertir los futuros Estatutos en sus propias "marcas corporativas". Sin abandonar la vocación de consolidar instituciones nítidamente "democráticas y participativas", como las que inauguraron los Estatutos nacidos de la Constitución y que el Gobierno de José María Aznar invalidó en julio de 2001 al obligar a toda la universidad española a disolver sus claustros electos y a redactar un nuevo marco.
En la Comunidad Valenciana, las universidades, sin excepción, reivindican pues ese origen democrático. Así, en el preámbulo redactado por la Universitat se subraya el esfuerzo actual por "conservar lo mejor" de "una ordenación y de un talante democrático de la vida universitaria" que hicieron "posibles los Estatutos de 1985". También, por ello, hay un esfuerzo coherente por "mantener intactas las señas de identidad", por superar y normalizar el tratamiento y el uso de la lengua propia, que ha sido tradicional foco de conflicto político y social. Así, "superada la etapa en la que se buscaban unas reglas, ahora se trata de fomentar el uso y modernizar el servicio de normalización lingüística". La apuesta reside en un modelo de plantilla docente e investigadora que "se adecue al perfil de las necesidades propias de la universidad", resume el vicerrector de Estatutos, Joan Carles Carbonell, que destaca como novedad "la inclusión en el nuevo texto de la apuesta de la casa por los Institutos Universitarios de Investigación".
En esa dirección, pero con un carácter marcadamente tecnológico y de plena incorporación al tejido socioeconómico de la Comunidad Valenciana, Javier Sanz, número dos de la Politécnica, resume la "marca corporativa de la casa" como una apuesta por la "internacionalización del estudiante" y la tranferencia tecnológica a las pymes.
Alicante se destapa con una apuesta pionera que, por primer vez, patenta una "marca propia [el concepto Med]" para transferir la investigación al mercado, según describe el vicerrector Juan Rosa. Por su parte, la Jaume I de Castellón, apuesta por hacer de los nuevos Estatutos un "instrumento que haga viable una apuesta clara por la interdisciplinariedad y por la integración en la vida del campus" y "refuerce la apuesta de esta universidad por las nuevas tecnologías de la información", según apunta Juan Luis Colomer, catedrático de Derecho Procesal.Entre las novedades que más incertidumbre genera en la LOU está el hecho de que las universidades no podrán implantar titulaciones ni centros. Esta rebaja de la autonomía universitaria, denunciada hasta la saciedad, incluso por los constitucionalistas, es uno de los principales escollos con los que trabajan todos los equipos y comisiones encargados de las reformas estatutarias de las universidades valencianas. Definir el concepto de universidad -sin tener primero claro el marco legal definitivo porque aún no están definidas con claridad las competencias en materia de acreditación y control de profesores, científicos, centros y titulaciones que tendrá la nueva macroestructura concebida por el Ministerio como Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (Aneca)- es, pues, una tarea harto compleja.
Con todo, la Universitat de València, decana de las universidades valencianas con más de 55.000 estudiantes y una potente estructura de personal, trabaja en el diseño de un mecanismo propio que, sin exceder por supuesto las competencias de la LOU ni de los respectivos decretos autonómicos que fijan los requisitos para conceder una plaza docente a un profesor habilitado, incorpore "matices propios de cada universidad". Es decir, no ya para medir el grado de conocimiento del área (baremo fijado por la Aneca) del aspirante a ser contratado, sino para valorar el grado de adecuación de las plazas "a las necesidades específicas y concretas" de la universidad. La Universitat apuesta claramente, en ese sentido, por el modelo de Institutos Universitarios de Investigación.
Otra de las grandes novedades del nuevo marco, según detalla el vicerrector de Estatutos, Joan Carles Carbonell, reside en la definición de las estructuras, no sólo desde el punto de vista administrativo y organizativo, sino por "áreas". Este modelo completa la reagrupación de centros por campus, iniciada hace dos legislaturas para resolver problemas de tipo geográfico y de gestión, pero en este momento primará las fusiones por adscripción de áreas de conocimiento multidisciplinares. Así, en el futuro modelo "primarán los centros grandes sobre los pequeños", lo cual tendrá incidencia sobre el número de representantes final de cada área en los órganos de participación de gobierno.
También contempla una definición que revalorice la función de los jóvenes investigadores para que, pese a estar muy acotada la función del becario por la restrictiva normativa estatal, quede regulada a nivel interno en una especie de estatuto de becarios. La ponencia pretende mantener los órganos legítimamente electos con el nuevo procedimiento de elección universal introducido por la LOU, a través de un artículo transitorio. En él se apuesta por que el claustro cumpla sus 4 años de mandato y se mantenga hasta el último trimestre de 2005 y, por tanto, la elección de rector siga su curso hasta el primer trimestre del 2006, considerando que Francisco Tomás fue el primer rector español elegido por la nueva ley.
Un proceso lento y costoso
El ritmo adoptado por cada universidad en la reforma de sus Estatutos muestra en la práctica una notable elasticidad. La Universidad Carlos III ha sido la primera institución española en tener vigentes los nuevos Estatutos en cumplimiento del mandato de la LOU, tras su aprobación por el gobierno autónomo madrileño y la publicación, el 20 de enero pasado, en el boletín oficial de esa comunidad. También ha superado el control de la comunidad autónoma la Universidad de Salamanca. Otras universidades, como las de Jaén, Málaga, Las Palmas, Extremadura o la Pablo Olavide de Sevilla sólo están pendientes del visto bueno del gobierno regional. En la Comunidad Valenciana, la más avanzada en el proceso es la Universitat de València, que colgó el viernes pasado de la web oficial el anteproyecto de estatutos. Con ello, se ha abierto un plazo de un mes para presentar enmiendas al texto provisional, algo que puede hacer cualquier miembro de la comunidad universitaria. El documento resultante será el proyecto estatutario definitivo que se someterá a la aprobación del Claustro. En la Universidad Politécnica, el proceso ha sido más alambicado. En una primera fase, un grupo de trabajo ha elaborado un documento de bases que será remitido al Claustro el próximo 20 de febrero, para debate y aprobación. Con este documento aprobado, se abrirá una segunda fase en la que el Claustro nombrará una comisión que redactará el anteproyecto de Estatutos. A partir de ahí, el proceso seguirá los pasos que ahora inicia la Universitat de València. En la Jaume I, se ultima un borrador de anteproyecto que habrá de ser discutido y consensuado en comisión antes de final de mes, de forma que el proyecto de Estatutos pasaría al Claustro en la segunda quincena de abril. En la Universidad de Alicante, el anteproyecto debería estar listo hacia mediados de marzo. Hacia el próximo mes de junio, todas las universidades valencianas tendrán aprobados sus nuevos Estatutos en los plazos previstos. En todos los casos, el proceso está siendo más lento y costoso de lo pretendido, pero todas las previsiones apuntan hacia el mes de noviembre como fecha en la que podrían estar ya aprobados por los respectivos claustros y, tras la preceptiva aprobación del Consell y su publicación en el DOGV, entrar en vigor con todas sus consecuencias.
