Un informe revela déficits en la red de salud mental

Falta personal, recursos de rehabilitación y de inserción social y camas para enfermos crónicos. Estas son algunas de las principales deficiencias de la atención a los enfermos mentales en la Comunidad Valenciana, según un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad para comparar la situación en las distintas autonomías. El estudio destaca también la "presencia activa" de los servicios de carácter privado lucrativo en la red de asistencia pública.

El Informe de Situación de Salud Mental responde a una iniciativa de la subcomisión de planes de salud del Ministerio de Sanidad, que en 2002 puso en marcha el Observatorio Sanitario, al que le encargó una evaluación de la atención a los enfermos mentales en los distintos sistemas sanitarios estatales. El documento constata que la reforma de la atención mental que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 20 años "ha seguido un ritmo desigual" en las distintas comunidades autónomas. Por lo que respecta a la valenciana, destaca que la integración de los distintos recursos de la salud mental "es desigual por áreas sanitarias", como sucede también en Castilla-La Mancha. Además, el informe destaca la "presencia activa" de los servicios de salud mental impulsados por agentes de carácter privado lucrativo en la red pública valenciana, como sucede también en Aragón, Cataluña y Madrid. Frente a este dato, la Comunidad Valenciana está, sin embargo, entre las que cuenta con menos presencia en participación de entidades religiosas, organizaciones no gubernamentales y fundaciones benéficas privadas, ya sea en cuidados residenciales de larga duración o en servicios de carácter rehabilitador.

Otra de las peculiaridades valencianas es la falta de relación estrecha entre los servicios de salud mental y los sociosanitarios. La Comunidad Valenciana, junto a Murcia, "prestan algunos servicios de salud mental a través de sus servicios sociales sin que se pueda considerar la existencia de una red sociosanitaria propiamente dicha", señala el informe. A ello se suma la "generalización" de las asociaciones de familiares de enfermos "especialmente en la reinserción sociolaboral y en los centros de día o la atención domiciliaria" en Valencia, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura.

El estudio también aborda en uno de sus apartados las cuestiones relacionadas con el acceso de los pacientes a los cuidados que requieren. En el caso de los crónicos, el informe denuncia que su hospitalización de larga estancia o las alternativas residenciales a los hospitales está organizada en torno a los servicios sociales, "por lo que no tiene ya la consideración de componente de la prestación sanitaria de salud mental", mucho más regulada. Precisamente para determinar cuáles son las prestaciones que deben estar cubiertas, la administración sanitaria valenciana está elaborando una cartera de servicios aunque limitándose a la atención primaria. El estudio finaliza con varias recomendaciones, fundamentalmente dirigidas a adecuar los recursos a la demanda social y elaborar estándares de atención para evitar diferencias entre las autonomías y garantizar la equidad de atención. En la mayoría de las comunidades aprecia escasez de recursos en áreas de salud, red ambulatoria, rehabilitación y reinserción social, camas de hospitalización de media y larga estancia, hospitales de día para adultos y camas para crónicos.