Cataluña dispondrá de un cuerpo propio de profesorado universitario
CiU y ERC votan una ley que aumenta en un 30% la financiación de las universidades
Amparándose en la posibilidad abierta por la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU), el Parlamento catalán aprobó ayer con los votos de Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana (ERC) y la abstención de socialistas, ICV y PP, la Ley de Universidades Catalana (LUC) que, básicamente, crea un cuerpo profesoral paralelo dependiente de la Generalitat y tiene el efecto de otorgar al Ejecutivo autonómico funciones que pertenecen a las universidades para evitar, según los nacionalistas catalanes, que las regule la Administración central. Los rectores de todas las universidades catalanas, presentes en la cámara, aplaudieron el texto legal, que incluye un sustancial aumento de la financiación a implementar a lo largo de los próximos ocho años.
La posibilidad que contemplaba la LOU -aprobada en su momento con los votos de CiU- de romper el modelo docente funcionarial y permitir la contratación laboral de profesorado en las universidades públicas, ha sido aprovechada por la LUC para crear un cuerpo estable y reglamentado de profesorado que denomina "agregado". En su agenda final, votada también por los ecosocialistas de ICV, la ley compromete al Ejecutivo catalán a contratar durante los próximos 12 años hasta 1.200 docentes (400 catedráticos y 800 profesores), junto a la garantía de incrementar en un 30% la financiación de las universidades catalanas hasta 2010.
Los socialistas, que en un primer momento parecían inclinados a sumarse al consenso que pedía la comunidad universitaria en torno a esta esperada ley, se desmarcaron finalmente y adquirieron ayer el compromiso de reformarla, según anunció el diputado del PSC, Miquel Barceló. En el fondo, el acuerdo entre las dos formaciones de obediencia nacionalista catalana para vestir con tintes de reclamación histórica este texto legal -el programa para la contratación de profesorado ha sido bautizado con el nombre de Jaume Serra Húnter, rector de la Universidad Autónoma de Barcelona de la época republicana muerto en el exilio- dejó "un margen muy estrecho para la negociación", según Barceló, para influir en una normativa "cerrada e identitaria" y "poco respetuosa con la autonomía universitaria". Para el diputado socialista, el modelo de contratación del profesorado que establece obedece a la voluntad de crear "un nuevo cuerpo de funcionarios de la Generalitat".
El consejero de Universidades de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, criticó a quienes ayer se abstuvieron ya que, en su opinión, lo hicieron basándose "sólo en motivos coyunturales". La ley, dijo, "parte del reconocimiento de una realidad universitaria específicamente catalana, heredera de una historia larga y una tradición propia". Según Mas-Colell, "refuerza" la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, que habilitará a los miembros de este nuevo cuerpo profesoral, pero deberá competir -en clara inferioridad de condiciones- con la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad (Aneca), la única que puede acreditar para todo el sistema universitario español.
Por otra parte, la LUC implanta un sistema similar al de la selectividad actual, ya que habla de un examen coordinado entre todas las universidades públicas.
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