La oposición sustenta sus recursos a la cesión de suelo de Luis Díaz Alperi en la ausencia de interés general
La oposición munipal al gobierno mayoritario del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha cimentado en la "ausencia de interés general" sus recursos de reposición al acuerdo plenario que aprobó la cesión de suelo público de gran valor inmobiliario a dos industriales. Este acuerdo validó un convenio firmado entre el alcalde, el popular Luis Díaz Alperi, y dos industriales, según el cual el Ayuntamiento cede 10.200 metros cuadrados a dos empresarios a cambio de que éstos desmantelen sendas industrias harineras en el ámbito del plan parcial Benalúa Sur, donde se ha programado la construcción de viviendas de lujo.
El recurso de los socialistas indica que la carga de indemnizar la retirada de las industrias no puede echarse sobre las espaldas del Ayuntamiento, porque la actuación urbanística que origina tal retirada da lugar a una fortísima revaloración del suelo, cuyos beneficiarios son propietarios y urbanizadores (entre ellos los dueños de las industrias a retirar). No hay motivo para "el Ayuntamiendo asuma las cargas y las personas o empresas particulares asuman los beneficios, cuando la previsión legal apunta a lo contrario".
Aunque eminentemente técnico y centrado en la vulneración de media docena de preceptos legales, el recurso detalla la forma en que Díaz Alperi adoptó el acuerdo: "Sin fundamento, sin estudio o motivación, sorpresivamente tras un proceso teñido de clandestinidad que no nos atrevemos a considerar como un procedimiento administrativo".
Los socialistas inciden en la "falta de transparencia" de un procedimiento que no ha contado con un expediente administrativo ni con informes técnicos y jurídicos, que carece del informe del secretario y del que falta la valoración económica del suelo público cedido. "Estamos ante un convenio que procede a regalar a personas privadas una enorme cantidad de metros en una zona privilegiada sin informes que lo avalen", se insiste en el texto del recurso.
Para el Grupo Socialista, el convenio vulnera, entre otros, el artículo 5 de la Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones, el 67 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y el 122 de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana.
El recurso del Grupo Mixto, que encarna el concejal Daniel Rodríguez Vicaria, también invoca a la ausencia de interés general. "[...] en modo alguno representa la defensa del interés general, adoptando el Ayuntamiento una serie de compromisos patrimoniales que únicamente benefician a intereses particulares [...]". Rodríguez Vicaria introduce en su recurso un elemento novedoso en la polémica que ha suscitado el convenio urbanístico. Rodríguez Vicaria sostiene que el convenio es nulo de pleno derecho porque se ha realizado al margen y con antelación al procedimiento de concurrencia que prevé la ley para la aprobación de Programas de Actuación Integrada. "El convenio es ilícito porque prejuzga y afecta a las futuras iniciativas privadas para la urbanización. Dicho de otra forma: ese convenio es nulo porque se ha formalizado antes de que el sector tenga programa de actuación, agente urbanizador y proyectos de urbanización y reparcelación".
Esquerra Unida presentará su recurso la próxima semana.
