El fiscal pide inhabilitar 17 años al ex gobierno del PP de Torrelaguna

El ministerio fiscal solicitó ayer hasta 17 años de inhabilitación para el anterior equipo de gobierno de Torrelaguna, del PP, por un presunto caso de prevaricación cometido contra la antigua secretaria interventora del Ayuntamiento de la localidad, Isabel C. M., al reducirle ostensiblemente sus honorarios e incoarle un expediente disciplinario de manera supuestamente injusta, según fuentes jurídicas.

Entre los acusados figuran el ex alcalde, Jacinto Llamas Monteverde, y los cinco ediles que cuando sucedieron los hechos integraban el equipo de Gobierno, aunque uno de ellos falleció en 2001, por lo que no concurre sostener la acusación en su contra, que sí se mantiene contra los restantes. Uno de ellos todavía desempeña sus funciones como edil en la oposición, según fuentes jurídicas.

Los cargos públicos imputados junto al ex regidor son Juan Carlos González Cuesta, por entonces teniente de alcalde y responsable de urbanismo; María Jesús Martín Guerra, teniente de alcalde y encargada del Área de Hacienda -actualmente integra la corporación municipal en la oposición-; Mari Ángeles Rubio Prieto, Fernando Martín Barbi y Emilio Montero Martín, que falleció en 2001. A todos ellos se les imputa -al ex alcalde como responsable municipal y a los ediles por apoyar las acciones de éste- haber reducido el complemento específico de la nómina de la secretaria interventora sin motivo aparente, así como incoar a la denunciante un expediente disciplinario supuestamente injusto, que posteriormente fue sobreseído por el instructor por falta de pruebas.

Los hechos

Los hechos objeto de juicio ocurrieron en octubre de 1995, cuatro meses después de que los integrantes del equipo de gobierno procesados tomaran posesión de sus cargos tras alzarse con la mayoría absoluta en las elecciones municipales. Poco después, el regidor sugirió a Isabel G. M. que debía cambiar de Ayuntamiento porque le habían dado muy malas referencias suyas.

Tras mantener algunas discrepancias, el alcalde insinuó a algunos concejales que había recibido presiones internas de su partido para "cargarse" a la secretaria municipal. Así, Llamas Monteverde, con la excusa de modificar el complemento específico de las nóminas de todos los funcionarios, llevó al pleno extraordinario celebrado el 27 de octubre de 1995 la propuesta de reducir dichas atribuciones del salario de la perjudicada.

La iniciativa salió adelante con los votos favorables de los cinco ediles del PP, que gobernaban en mayoría absoluta. El único complemento que se vio reducido fue el de Isabel G. M. (de 1.400 a 138 euros), sin que en los cuatro años de la legislatura se modificase ninguno de los honorarios del resto de los trabajadores municipales. El 1 de diciembre, el alcalde abrió un expediente disciplinario a la afectada, que provocó la suspensión de empleo y sueldo de la funcionaria, que tres meses después solicitó la baja voluntaria de su puesto de trabajo. El instructor del caso sugirió al regidor el sobreseimiento de la causa por falta de pruebas; sin embargo, el primer edil no llevó a Pleno el archivo del procedimiento, por lo que actualmente se encuentra sin resolución.