Despilfarro farmacéutico

El gasto farmacéutico público ha vuelto a dispararse en 2002 por encima de las previsiones. El aumento del 9,5%, cuando en los años anteriores había sido de un 7,9% y un 7,5%, supone un grave retroceso e indica que estamos lejos de haber encontrado un mecanismo eficaz de control. El pacto con la industria farmacéutica presentado en su día por la ex ministra Celia Villalobos como un logro importante se ha revelado más que limitado y la nueva titular de Sanidad, Ana Pastor, ha anunciado su intención de revisarlo.

Farmaindustria, poniéndose la venda antes de que sangre la herida, se ha apresurado a aumentar a 112 los 102 millones de euros que, como máximo, debía aportar para contribuir a los gastos de investigación. La industria farmacéutica se avino a retornar a las arcas públicas una parte del incremento del gasto sanitario, pero es evidente que esta medida es sólo un parche. Incluso con el incremento ofrecido, la cantidad que aportará este año a los fondos destinados a la investigación supone apenas el 1,4%, una cifra en cualquier caso muy inferior a la que gasta en campañas de promoción y mercadotecnia destinadas precisamente a incrementar las ventas de sus productos.

El Ministerio de Sanidad tiene un problema crónico en su factura farmacéutica y deberá abordarlo con medidas drásticas. De entrada, con una política de genéricos mucho más decidida. Dos años después de aplicarse el decreto de precios de referencia, el porcentaje de medicamentos genéricos que se receta no llega al 10%. También deberían revisarse los criterios de aprobación y fijación de precios de los nuevos fármacos, de modo que sólo se financien con cargo al erario público aquellos que aporten mejoras terapéuticas sustanciales. La industria ha logrado compensar en los últimos años las medidas de contención del gasto con el registro de nuevos medicamentos mucho más caros. La inmensa mayoría de ellos no aporta una novedad terapéutica relevante.

Otra medida urgente es ajustar el número de unidades de cada presentación farmacéutica al tratamiento estándar, de modo que el precio equivalga a la cantidad de pastillas necesarias en cada caso. Finalmente, debería revisarse en profundidad el sistema de dispensación de los medicamentos, desde la prescripción hasta su venta en las farmacias, y erradicar la actual permisividad hacia las actividades de los visitadores médicos.

El aumento desbocado de la factura farmacéutica es un problema político que no admite dilaciones. No tiene ninguna justificación que España figure a la cabeza de los países en los que representa una mayor proporción del gasto sanitario total. Cuando los recursos son limitados, y en sanidad lo son, es inmoral malgastar en una de las partidas, porque ese dinero podría cubrir otras necesidades urgentes.