El Tribunal de Cuentas destapa irregularidades en las contrataciones en Pozuelo

El Tribunal de Cuentas ha emitido el informe definitivo sobre la gestión del Ayuntamiento de Pozuelo en 1998. De poco han servido las alegaciones interpuestas por el municipio al informe previo elaborado por el tribunal en febrero de 2002. El documento deja claro que existen deficiencias en las adjudicaciones de obras (se analizaron contratos por 14 millones de euros), en la gestión de personal y en el sistema contable. Al alcalde de la localidad, José Martín-Crespo, del PP, el informe definitivo no le quita el sueño. El regidor asegura que el Ayuntamiento hará un estudio pormenorizado de sus conclusiones. "De momento, ni las he leído", dijo.

En la parte criticada por el tribunal relativa a la contratación de obras intervino de forma directa el ingeniero de caminos municipal y jefe del servicio de Obras Públicas del Ayuntamiento de Pozuelo, Leopoldo Gómez Gutiérrez. El ingeniero se enfrenta en la actualidad a una querella, admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. La Fiscalía de Medio Ambiente interpuso en septiembre de 2002 un querella tras recibir una denuncia del PSOE. El fiscal mantiene que Gómez ha favorecido desde 1992 a tres empresas vinculadas con él, logrando para ellas adjudicaciones de obras por más de 48 millones de euros. Además, indica que empresas relacionadas con el ingeniero recibieron trato de favor del Ayuntamiento de Madrid cuando era concejal de Obras su amigo Enrique Villoria.

Los auditores indican, por su parte, que el ingeniero municipal ha designado para la redacción de los proyectos de obra a técnicos ajenos al Ayuntamiento, prescindiendo de los concursos públicos. Esto origina un incremento del coste para el Ayuntamiento.

Facturas

Además, según el Tribunal, se abonaron indebidamente a determinadas empresas las facturas correspondientes a la redacción de los proyectos sólo porque el técnico que los elaboró pertenece a ellas. Los auditores detectaron también falta de objetividad en la elección de los adjudicatarios de las obras. Señalan que los pliegos de cláusulas -documento donde se concreta por escrito el precio final de los trabajos, las penalizaciones o las mejoras- son ambiguos. Incluso la puntuación para cada criterio varía de un expediente a otro, y se dan diferentes valoraciones a licitadores que ofertan la misma reducción en el plazo de ejecución.

Por ello, el Tribunal de Cuentas, en el apartado de recomendaciones, aconseja al Ayuntamiento planificar las inversiones, garantizar los principios de publicidad, concurrencia, no discriminación e igualdad de trato en la contratación, y vigilar la ejecución de las obras.