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La lucha contra la marea negra | CATÁSTROFE ECOLÓGICA
Columna
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Un delito de lesa patria

Tras la reunión organizada el pasado domingo en Galicia por la cúpula del PP para arropar a su presidente fundador (a la vez presidente de la Xunta) y manifestarle -a la antigua- su adhesión incondicional, el ministro secretario general del partido, Javier Arenas, anunció la puesta en marcha de una campaña para informar a la sociedad española sobre las graves irresponsabilidades cometidas por el PSOE durante la crisis del Prestige. El cónclave -reunido tal vez en torno a la humeante caldera de una queimada- estuvo animado por los tres aspirantes pregonados para suceder a Aznar como candidato a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones; aunque los componentes de la terna no tengan -a diferencia de las brujas de Macbeth reunidas también alrededor de un puchero- capacidad para adivinar cuál de ellos será proclamado rey, al menos intuyen que Fraga puede favorecer su designación.

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El pistoletazo de salida de esa carrera electoralista para que el Gobierno eluda sus responsabilidades y las descargue sobre los socialistas fue la retirada al Aventino del grupo popular en el Congreso, a fin de teatralizar su protesta contra la sesgada lectura del portavoz socialista de un documento oficial sobre el cambio de rumbo del petrolero naufragado y exigir su fulminante cese o humillante dimisión. La taimada idea del Gobierno de utilizar la majadería perpetrada por el cimbreante diputado Caldera o sus ayudantes como pretexto para rasgarse las vestiduras y embestir contra el PSOE no es estrictamente una novedad en su forma de tratar a la oposición: Aznar tiene a pan y agua en el cuarto oscuro a Zapatero desde hace un año por desobediente. Esta vez, sin embargo, la desproporción entre la ofensa y el castigo es demasiado abultada: abstracción hecha del pecado venial del arrepentido Caldera, las autoridades españolas, aunque no ordenaran el cambio de rumbo hacia el sur en la madrugada del 15 de noviembre, aprobaron a renglón seguido la medida tomada por el capitán del barco.

Pero el siguiente paso en la escalada para invertir los papeles entre el Gobierno y la oposición en la crisis del Prestige deja pequeño el linchamiento de Caldera. En el cónclave gallego del domingo Fraga descalificó como delito de lesa patria la petición hecha por los eurodiputados socialistas de una comisión de investigación en el Parlamento de Estrasburgo sobre el naufragio del petrolero. El ministro Arenas se ha sumado con entusiasmo a la tesis criminalizadora según la cual los dirigentes del PSOE desean -como felones antipatriotas- que la asamblea europea condene a España "por quebranto de derecho comunitario" y le retire las ayudas para paliar las consecuencias de la marea negra.

La obsesión del PP por expulsar a las tinieblas exteriores de la anti-España a sus competidores electorales y el escaso rodaje democrático de algunos de sus líderes (Fraga nunca ha perdido la mentalidad autoritaria de ex ministro de Franco) se hallan en el trasfondo de la ridícula imputación penal lanzada contra el PSOE: una acusación que impugna el papel central de los parlamentos en los sistemas democráticos y enfrenta a la Unión Europea con los Estados socios. Las trampas del inconsciente le han gastado al partido del Gobierno una pesada broma: su paranoico temor a que una comisión de investigación del Parlamento de Estrasburgo retire a España las ayudas comunitarias deja traslucir sus oscuros sentimientos de culpabilidad. La única forma de despejar las dudas y los recelos eventualmente existentes mas allá de nuestras fronteras sobre el naufragio del Prestige es lavar -nunca mejor dicho- la ropa sucia dentro de casa. Resulta inexcusable que el grupo parlamentario del PP renuncie a su actitud obstruccionista y autorice la creación en el Congreso de una comisión de investigación que acometa la tarea de aclarar las zonas oscuras de una historia repleta de incertidumbres y ofrezca respuesta a las numerosas preguntas todavía pendientes de contestación. No se trata de suplicar al Gobierno una merced sino de exigirle que haga honor a sus compromisos electorales.

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