Las víctimas del 'corralito'

La decisión del Gobierno argentino de abrir el llamado corralito financiero y levantar las limitaciones a la disponibilidad de fondos en las cuentas corrientes y en las cajas de ahorro, aunque se mantienen todavía para los depósitos a plazo, termina una experiencia inédita que causó muertos, heridos, enfermos, ruinas económicas y desastres políticos. La medida, en vigor desde el pasado 3 de diciembre de 2001, provocó diecisiete días más tarde la caída del ministro de Economía que la aplicó, Domingo Cavallo, y del Gobierno que encabezaba el presidente Fernando de la Rúa. Pero la "bomba de tiempo activada", a la que se refería su sucesor, Eduardo Duhalde, sólo pudo ser desmontada de forma delicada, lentamente, "paso a paso" y con "medidas graduales", un año más tarde.

Entre marzo y diciembre de 2001 se transfirieron al exterior 18.000 millones de dólares

Aquél sábado primero de diciembre de 2001, cuando el entonces ministro de Economía del Gobierno argentino, Domingo Cavallo, anunciaba al país las restricciones por 90 días, a la retirada de fondos de los bancos como una política de "defensa frente a los ataques especulativos" y "para preservar el ahorro de la gente", los ciudadanos de a pie no reaccionaron de inmediato ni comprendieron que, diecisiete días más tarde, la medida detonaría una de las más graves crisis sociales y políticas de la historia.

A esa altura del año, entre marzo y diciembre, los que disponían de información privilegiada ya habían transferido al exterior unos 18.000 millones de dólares. El 93% de los ahorradores encadenados a los bancos, que ya no podrían recuperar su dinero en pesos equivalentes a dólares, eran los que mantenían cantidades estimadas en un promedio de 50.000 dólares, los pequeños, la mayoría de los que generalmente creen a los ministros y confían en las leyes. Menos de dos meses antes, el Parlamento había aprobado una ley que declaraba la intangibilidad de los depósitos para evitar, precisamente, cualquier intento de confiscación por parte del Ejecutivo, como ya había sucedido en 1991, cuando se aplicó el llamado Plan Bonex y los ahorros se canjearon por títulos de deuda a pagar en años.

El malestar creció cuando los clientes comprobaron que se había montado alrededor del sistema financiero un cerco de acero para tratar de impedir la masiva fuga de depósitos. Sólo se podían retirar 1.000 pesos al mes de las cajas de ahorro, las de salarios y las corrientes, en cuotas de 250 a la semana. Para pagar cuentas o servicios había que utilizar cheque o tarjeta de débito, pero el que cobraba quedaba a su vez atrapado en el sistema porque podía depositar el talón, pero no retirar el dinero.

Todavía ni siquiera se le llamaba corralito. Miles de ahorristas, jubilados, amas de casa, pequeños comerciantes y clientes desprevenidos hicieron interminables colas frente a las sucursales en condiciones humillantes, bajo el implacable sol del verano austral. El esfuerzo fue inútil. En dos semanas la actividad económica estaba prácticamente paralizada. El consumo se redujo a lo esencial. El dinero circulante era escaso y se conservaba para situaciones de emergencia. Los periódicos, la radio y la televisión retransmitían la angustia de ciudadanos desesperados porque se habían comprometido a dejar su casa y no le entregaban la que habían comprado, o no tenían fondos suficientes para afrontar una operación de urgencia, pagar sus vacaciones o comprar medicinas.

El drama personal de un popular periodista deportivo, Horacio García Blanco, se convirtió en el caso emblemático. Necesitaba sus ahorros para viajar y pagarse una operación en Barcelona en la que los médicos intentarían salvar su vida. No podía retirar los fondos, no podía viajar con más de 1.000 dólares, no podía transferirlos al exterior. El trámite de la demanda judicial se demoró y García Blanco murió pocos días antes de que le concedieran el recurso de amparo.

Cavallo aseguraba que sólo se trataba de problemas "operativos" y que, en poco tiempo, todos saldrían beneficiados con restricciones que, supuestamente, se mantendrían por tres meses. Decía Cavallo: "No hay temor al día 91, porque la gente verá que es más cómodo moverse con tarjeta de débito. Y además nadie le está tocando sus depósitos, sobre los que tiene libre disponibilidad".

¿Podrá estimarse alguna vez cuántos muertos y cuántas vidas arruinadas desde entonces deben adjudicarse al corralito? El huracán de la bronca comenzó a soplar dos semanas más tarde, hacia fines de diciembre. Comenzó en la periferia del gran Buenos Aires y se desató al fin el miércoles 19. La ola de saqueos fue seguida por una impresionante cacerolada. Los vecinos de los barrios de la clase media de Buenos Aires se reunieron y manifestaron espontáneamente en las calles, luego marcharon hacia la Plaza de Mayo, donde permanecieron golpeando las cacerolas hasta que las emisoras de radio confirmaron la renuncia de Cavallo. Al día siguiente irían por más y el jueves 20 de diciembre, a la mitad de su mandato, el presidente Fernando de la Rúa se veía obligado a marcharse detrás del ministro que había prometido salvar a su Gobierno.

A De la Rúa le sucedió el presidente del Senado, Ramón Puerta, hasta que la Asamblea Legislativa designó a Adolfo Rodríguez Saa para que en tres meses convocara a elecciones En una semana, Rodríguez Saa decidió la suspensión de los pagos de la deuda pública. Sin respaldo parlamentario, el ex gobernador renunció. El Gobierno quedó a cargo del presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Camaño, y en dos días la Asamblea Legislativa invistió al senador Eduardo Duhalde como nuevo jefe del Estado.

La revuelta, reprimida ferozmente por la policía, se saldó con 30 muertos y más de 80 heridos. Cavallo es ahora profesor visitante de la Escuela de Negocios Leonard Stern, de la Universidad de Nueva York, pero deberá regresar a Buenos Aires para enfrentar las demandas judiciales pendientes.