Impuestos y competitividad
En los últimos años la economía española ha registrado tasas de crecimiento significativamente superiores a la media del resto de la UE. Entre las causas explicativas de este comportamiento, la más importante, sin duda, es el entorno monetario y financiero del que nos hemos beneficiado, con un crédito abundante y barato, como nunca se ha visto en este país, y un tipo de cambio real de nuestra moneda depreciado, pues cuando se fijaron las paridades de entrada en la UEM la peseta no había recuperado el nivel de equilibrio tras su fuerte depreciación entre 1992 y 1995.
Que esto haya sido así en el pasado no asegura, desgraciadamente, que se repita en el futuro. Ciertamente, este estímulo monetario seguirá actuando, pues, como ocurre en la actualidad, la política monetaria del BCE nos seguirá viniendo bastante ancha mientras no corrijamos nuestro diferencial de inflación con la zona del euro, y esto parece que va para lejos. Sin embargo, los efectos de estos estímulos sobre el crecimiento del PIB serán cada vez menores, mientras que los efectos sobre la inflación irán en aumento si no se llevan a cabo reformas más profundas en los mercados de trabajo y de bienes y servicios y si la política fiscal se relaja, como está ocurriendo en estos momentos de precampaña electoral. Es decir, lo que en años pasados ha sido una gran ventaja se está convirtiendo en un grave problema, pues la mayor inflación está dañando nuestra competitividad, que es la clave para seguir creciendo por encima de nuestros socios europeos. Un informe reciente de la CEOE es suficientemente elocuente a este respecto. Ello puede agravarse, además, con la entrada en la UE de los países del centro y este de Europa, cuyos costes laborales son la tercera parte que los españoles.
Si la Seguridad Social registra superávit, ¿no hubiera sido mejor bajar las cotizaciones sociales que el IRPF?
La actuación de la política fiscal sobre esta variable es importante. A nivel macroeconómico esta política debe contribuir a mantener un contexto de estabilidad y evitar lo que en la jerga llamamos efecto crowding out (expulsar del acceso al crédito al sector privado). En los últimos años, la política fiscal ha contribuido a la estabilidad, aunque insuficientemente, como ya comenté hace algunos domingos. Pero tanto o más importante es su actuación a nivel microeconómico, es decir, en la forma en que el sector público obtiene sus ingresos o asigna sus gastos a los distintos programas, y aquí los efectos no han sido precisamente los más adecuados.
Los gráficos adjuntos muestran la evolución entre 1995 y 2001 de los ingresos públicos y de su estructura como porcentaje del PIB. La presión fiscal ha aumentado en este periodo algo más de dos puntos porcentuales, pero lo peor es que lo ha hecho de forma que ha penalizado todo aquello que tiene que ver con la competitividad de las empresas. Es verdad que se ha reducido el peso de la imposición sobre la renta personal, pero han aumentado los de las cotizaciones sociales, impuestos indirectos sobre la actividad económica y renta de las sociedades, todo lo cual se traduce en un aumento importante de los costes de producción y en una merma de la rentabilidad empresarial. Teniendo en cuenta que la Seguridad Social registra superávit, ¿no hubiera sido mejor reducir las cotizaciones sociales que el IRPF? Lo primero hubiera mejorado la competitividad. Lo segundo va a alimentar el consumo. Juzguen ustedes mismos.
Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social (FUNCAS).
