El asentamiento de un grupo gitano en Lleida enfrenta al Ayuntamiento y la Generalitat
El asentamiento de un grupo gitano en la partida de Les Canals, situada en las afueras de Lleida, ha desatado la protesta de los vecinos y un agrio enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la Generalitat. Las dos instituciones se culpan de no haber resuelto un conflicto social que la ciudad arrastra desde hace 10 años y que ha obligado al colectivo, formado por 60 personas, a levantar campamentos en diversas zonas del extrarradio. La anterior ubicación de la familia Carbonell, cerca del barrio de Els Magraners, en unos terrenos industriales del Incasol, también provocó el rechazo de los vecinos.
La Generalitat intentó desalojarla en varias ocasiones, pero el juez no lo autorizó. Hace una semana, el clan, formado por 40 personas mayores y 20 niños, abandonó el lugar y se instaló en una finca de Les Canals, a unos 500 metros del último asentamiento. Los vecinos exigen más vigilancia policial y algunos no descartan vender todas sus propiedades en la zona por miedo a los recién llegados. El alcalde de Lleida, el socialista Antoni Siurana, ha pedido a la Generalitat que investigue la procedencia de los 48.000 euros que la familia Carbonell ha pagado por la finca de Les Canals, de unos 800 metros cuadrados. Siurana ha enviado una carta al delegado de la Generalitat en Lleida, Estanis Felip, para conocer las circunstancias del traslado y tener la certeza de que el dinero no ha salido de ningún departamento de la Generalitat. 'Llama la atención que una familia que vive en condiciones precarias y que no tiene ingresos por trabajo conocido pueda hacer semejante inversión', dijo Siurana. Felip asegura que la Generalitat no ha entregado ninguna cantidad de dinero a este clan gitano a cambio de que abandonara el anterior asentamiento en el polígono industrial del Camí dels Frares y añadió que el único responsable de la situación es el consistorio. 'Según la ley, en las ciudades de más de 20.000 habitantes, corresponde a los ayuntamientos resolver conflictos sociales como éste', declara Felip, que acusa al Ayuntamiento de politizar el conflicto.
No obstante, Felip ofreció al Ayuntamiento la colaboración de la Generalitat para aplicar programas de reinserción y buscar la mejor solución para los miembros de un colectivo que, en su opinión, 'son ciudadanos de Lleida desde hace 20 años, porque están empadronados y tienen derecho a recibir prestaciones sociales'. Siurana considera que es responsabilidad de Bienestar Social dar respuesta a los casos de marginalidad.
