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La fiscalía investiga una denuncia de corrupción en Torres de la Alameda

El PP abre un expediente para conocer la implicación del regidor de Torres de la Alameda

Oriol Güell

La Fiscalía de Madrid investiga, desde el pasado mes de abril, la denuncia presentada por una empresa constructora contra el alcalde de Torres de la Alameda, Franciso Acedo Jiménez (PP); el edil de Urbanismo, Benito Sotoca, y el abogado municipal, Fernando Martín Corroto, por un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales, según informó ayer la cadena SER.

Según la denuncia, el abogado municipal exigió a los constructores 3,5 millones de euros, a pagar en efectivo, a un intermediario y en bolsas de plástico. Este dinero, siempre según la denuncia, iba a servir para que el Ayuntamiento lograra que la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid aprobara una recalificación, llevada a cabo ya por el municipio, que permitiría la construcción de 600 chalés y un campo de golf. Los constructores, según fuentes de la invetigación, grabaron la petición del abogado con un micrófono oculto y pusieron el caso en manos de la fiscalía.

El abogado municipal negó ayer las acusaciones: 'Empiezo a trabajar para el Ayuntamiento en marzo de 2002 y el municipio había recalificado los terrenos en verano de 2001. Para que esta recalificación fuera firme, faltaba el visto bueno de la Comunidad. ¿Cómo voy a pedir dinero para que la Comunidad apruebe algo si yo trabajo para el Ayuntamiento? No tiene sentido', argumentó.

El alcalde del municipio, de 4.500 habitantes, dijo que no sabía nada del asunto: 'Confío en Martín Corroto, pero si se demuestra que actuó así, no dudaremos en querellarnos', añadió.

El Ayuntamiento de Torres de la Alameda aprobó en agosto de 2001 un conjunto de normas subsidiarias para ordenar su crecimiento urbanístico. Uno de los proyectos aprobados era la construcción de 600 viviendas unifamiliares y un campo de golf. Estas recalificaciones son aprobadas por los municipios, pero deben ser confirmadas por la Comisión de Urbanismo del Gobierno regional para que sean efectivas.

La denuncia presentada por la empresa constructora contra el abogado se produjo el pasado mes de abril, cuando el Ayuntamiento ya había recalificado los terrenos, pero cuando la Comisión de Urbanismo aún no la había confirmado. Fue en este momento, según fuentes de la investigación, cuando el abogado municipal pidió dinero a la empresa, alegando que el municipio podía hacer gestiones para lograr el visto bueno del Gobierno regional.

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La Comisión de Urbanismo, en su última reunión, acabó por rechazar el plan. 'Fue por asuntos subsanables y de poca importancia. Nos han pedido algunas modificaciones, entre ellas un nuevo plazo de un mes para la exposición pública', explicó el alcalde de Torres de la Alameda.

El regidor asegura que el campo de golf es un proyecto interesante para el municipio. 'Queremos que una empresa, a cambio de la construcción de los chalés, haga un campo de golf, lo ceda al Ayuntamiento y que Torres tenga un campo público', explicó.

El grupo socialista de Torres de la Alameda denunció que éste es el segundo caso que afecta al equipo de gobierno municipal y al abogado. 'En mayo, otro promotor denunció que Martín Corroto le había pedido 480.000 euros para desarrollar un proyecto', declaró la portavoz del PSOE, Mercedes Polo.

Pleno municipal

Los socialistas llevaron esta denuncia al pleno del Ayuntamiento el pasado 29 de mayo. 'El alcalde nos dijo que creía que la denuncia no era cierta, pero que, por si acaso, había decidido destituir al abogado', explicó ayer Polo. Ésta añadió que la empresa que les denunció el asunto 'no quiso llevar el caso a los tribunales, desisitió del proyecto y abandonó el municipio'.

El alcalde de Torres de la Alameda confirmó esta versión: 'Nombramos a Martín Corroto en marzo y, cuando el PSOE hizo su denuncia, consideramos prudente destituirle. Pero yo creo en su honestidad'.

El regidor explicó que el año pasado, con el desarrollo urbanístico del municipio, 'muchas empresas llamaban al Ayuntamiento para interesarse por los nuevos desarrollos. Por eso nombamos un abogado como técnico honorífico, para que actuara como interlocutor'.

El municipio de Torres de la Alameda está gobernado por un pacto entre el PP -con cinco ediles- y un concejal independiente, el denunciado Benito Sotoca, que es el responsable de Urbanismo. Sotoca fue edil por el PSOE en la anterior legislatura, pero en las últimas elecciones encabezó una candidatura independiente que logró un acta de concejal. El PSOE obtuvo cinco ediles.

Ruth Porta, secretaria regional de Política Institucional del PSOE, manifestó ayer que denuncias como ésta 'demuestran el hartazgo de muchas empresas con las prácticas del PP, unas prácticas que benefician a unas pocas personas y perjudican el bien general'. Porta pidió 'una investigación a fondo del caso' en la que anunció que los socialistas piensan personarse.

El PP regional, por su parte, anunció ayer la apertura de un expediente informativo para aclarar la presunta implicación del alcalde, según anunció Ricardo Romero de Tejada, secretario general del PP de Madrid. Éste mostró su convencimiento de que Acedo Jiménez 'no tiene absolutamente nada que ver'.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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